Mientras el presidente colombiano Alvaro Uribe no para de hablar del canje humanitario, el escándalo de la llamada parapolítica sigue carcomiendo su base aliada. En las últimas 48 horas, la Corte Suprema llamó a indagatoria a otros cuatro legisladores por supuestos vínculos con paramilitares, hoy desmovilizados. La noticia golpeó de forma especial al presidente Uribe esta vez, ya que uno de los parlamentarios señalados es su primo, el senador Mario Uribe. Lo acusan de haberse reunido con paramilitares para conseguir su apoyo para comprar tierras en zonas controladas por ellos.

Uribe no pudo evitar el tema durante su visita a Nueva York, en donde dio ayer su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La noticia no podía caer en un peor momento. El mandatario colombiano aprovechaba sus 15 minutos ante el mundo para defender su política de seguridad y el proceso que había logrado desmovilizar y desarmar a más de 30 mil paramilitares. Ante la lluvia de preguntas de los periodistas, Uribe sólo contestó que está preocupado por su primo y que no interferirá. Por dentro sabía que la noticia lo alejaba un paso más de la aprobación en el Capitolio del Tratado de Libre Comercio. Los demócratas lo tienen congelado hasta que Bogotá esclarezca las supuestas alianzas entre políticos y paramilitares, y ponga fin al asesinato de líderes sindicalistas y de otros movimientos sociales.

No es la primera vez que a los Uribe se los acusa de haber trabajado codo a codo con los grupos de extrema derecha en su departamento natal, Antioquia. El senador opositor Gustavo Petro mostró hace unos meses una foto, en la que se veía al presidente junto a reconocidos jefes paras en una de sus fincas. Sin embargo, por falta de pruebas las cosas quedaron allí. Su primo no tuvo la misma suerte. Un paramilitar refugiado en Canadá con un programa de protección a testigos lo señaló como uno de los políticos de Antioquia que mantenían buenas relaciones con los paras. Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, declaró ante la Justicia colombiana que hace ocho años Mario Uribe se reunió varias veces con ellos para tramitar la compra de algunos terrenos.

El senador Uribe desestimó todas las acusaciones de Pitirri, quien es el principal testigo en la causa contra por lo menos otros dos legisladores. Sostuvo que nunca se reunió con paramilitares, no posee ninguna de las propiedades mencionadas por Pitirri y tampoco lo conoce a él. Sin embargo, el jefe paramilitar arrepentido no es el único testigo que complica al primo del presidente. Salvador Mancuso, uno de los líderes paras desmovilizados más importantes, también lo vinculó con la parapolítica. Según relató ante la fiscalía, él mismo se reunió con el senador el año pasado para acordar apoyos y alianzas para las últimas elecciones.

El líder paramilitar no habló de las presidenciales de ese año, en las que Uribe arrasó y se aseguró la reelección, sino que se refirió nada más a los candidatos que consensuaron para el departamento de Córdoba, en el norte. A principios de año, investigaciones periodísticas demostraron que en el interior del país, los candidatos supuestamente cercanos a los grupos de extrema derecha habían arrasado, muchas veces gracias a que no tenían ninguna oposición. Esa alianza tácita se confirmó más tarde al revelarse el llamado Acuerdo de Ralito, en el que un grupo de dirigentes cercanos al uribismo acordó “buscar la paz” junto a los paramilitares. Actualmente, 38 legisladores nacionales en actividad están siendo investigados y, según los propios paras desmovilizados, hasta un tercio del Legislativo les sería afín.