Tras una primera investigación del ataque del pasado 16 de septiembre en el que empleados de la empresa de seguridad Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en Bagdad, el FBI ha determinado que al menos 14 de esas muertes no estaban “justificadas” y “violaban las reglas impuestas a los guardias respecto del uso de la fuerza”, según informaba ayer el diario The New York Times. La investigación del FBI no está acabada, pero el descubrimiento de que personal de Blackwater se extralimitó en sus funciones está ya en manos del Departamento de Defensa, que investiga los hechos. Según expertos judiciales, es muy poco probable que finalmente haya acusaciones, por varias razones. Primero, porque los empleados de Blackwater son civiles que no están sujetos a las leyes militares. Y segundo, y consecuencia de lo anterior, no hay leyes en EE.UU. que puedan perseguir comportamientos criminales en el extranjero, y menos en zonas de guerra.

Desde Blackwater se emitía ayer un comunicado en el que se aseguraba que si ha habido negligencia por parte de su personal, éste responderá de sus actos. La compañía, con sede en Carolina del Norte, trabaja para el Departamento de Estado y por ello quedan fuera de la jurisdicción militar estadounidense. En 2004, el entonces administrador norteamericano para Irak, Paul Bremer, aprobó una ley que da inmunidad a las firmas privadas de seguridad que operan en el país. El Departamento de Estado emplea a más de 2500 agentes de seguridad en Irak para proteger a diplomáticos y sus instalaciones. Blackwater tiene a 1000 hombres desplegados en aquel país.

Desde el Departamento de Justicia no se hacían ayer comentarios a la noticia publicada por el Times, pero puede que éste sea el primer tema espinoso al que tenga que enfrentarse el nuevo fiscal general del Estado, Michael Mukasey, que ayer juraba su cargo. A su lado se encontraba Bush, quien prometió reconstruir el departamento y manifestó que Mukasey contaba con toda “su confianza”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.