Será un ministerio para un ministro, más que un ministro para un ministerio. Y no es un trabalenguas. Para recibir a Aníbal Fernández, su nuevo titular, la cartera de Justicia y Derechos Humanos volverá a tener también una pata de Seguridad. Fernández se mudará de Interior llevándose consigo a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria, áreas con las que tiene una relación consolidada. También trasladará al Registro de Armas (Renar), la Comisión Asesora que revisa la legislación penal sobre drogas y el programa de Víctimas contra las Violencias. Desde su nuevo lugar tendrá el manejo de sectores y temas de los más sensibles –además de la siempre candente (in)seguridad– como la situación carcelaria, la relación con la Corte Suprema y el nombramiento de jueces.

Fernández, un contador recibido de abogado en 2001, va a liderar una suerte de superministerio, con una importante cuota de poder. Aunque las posibilidades de usarlo también quedarán sujetas –en parte– a quiénes lo secunden, algo que seguramente se decidirá en la mesa chica en la Casa Rosada. La fusión de Justicia y Seguridad, por lo pronto, recupera un esquema que inauguró Eduardo Duhalde en 2002 en su fugaz presidencia. En ese entonces fue una apuesta a darle protagonismo a Juan José Alvarez. La estructura sobrevivió en el primer tramo del gobierno de Néstor Kirchner, con Gustavo Beliz como ministro.

Hasta hace unos días, una opción que estudiaba la familia presidencial era rebajar la cartera judicial al rango de secretaría, con el consiguiente riesgo de cosechar críticas. El nombramiento de Aníbal Fernández les permite mantener la categoría de ministerio y dejar bajo su control a las fuerzas de seguridad, con las que contadísimos dirigentes aceptarían lidiar. Queda posicionado, además, para ser quien maneje la pulseada con Mauricio Macri por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires.

Ayer fue un típico día de histeria y rumores en el ministerio que dejará Alberto Iribarne. A tal punto que, cuando se descompuso un ascensor, todo el mundo decía que era porque “Aníbal” había ido a visitar las instalaciones. En la Secretaría de Derechos Humanos daban por hecho que continuará Eduardo Luis Duhalde. Para una secretaría de Justicia, las mayores apuestas señalaban a Marcela Losardo, actual viceministra y ex jefa de asesores del equipo de Jefatura de Gabinete con Alberto Fernández. Algunas voces señalaban también al secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar. En la danza de nombres, tan relativa y especulativa como la que precedió al anuncio del Gabinete, para una secretaría de Seguridad sonaba Marcelo Saín, jefe de la Policía Aeroportuaria.

La dupla Justicia y Seguridad viene a reforzar un mensaje: que los jueces y las normas penales tienen un papel importante en la solución de la inseguridad, sobre todo cuanto más rápido funcionen los tribunales. A la vez, que las investigaciones serán mejores si la Justicia y las fuerzas de seguridad actúan en forma articulada. Algo de esto intentó decir el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al exponer las razones de la unión. Que un mismo ministerio concentre todas las funciones también anuncia la posibilidad de que la discusión sobre el delito se imponga sobre todas las demás y la Justicia o las cárceles pasen a un plano secundario.

“Puede ser un riesgo plantear que las políticas de seguridad están siempre indefectiblemente asociadas al sistema penal. Deben ser políticas amplias, contemplar un amplio espectro de cosas, desde la inclusión social hasta la educación”, advierte Andrea Pochak, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En algunos organismos, las dudas apuntan hacia otro terreno: ¿Pueden coexistir Seguridad y Derechos Humanos? ¿Son compatibles? “Me temo que el papel de contralor que debería tener la secretaría de Derechos Humanos quedará neutralizado. ¿Cómo hace para denunciar, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos de la policía? ¿Con el mismo jefe se discute todo?”, advierte Guadalupe Godoy, abogada de la organización Justicia Ya!. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), analiza: “Juntar Seguridad y Derechos humanos es bien simbólico, porque quien puede reprimir mejor es aquel que es percibido como no represor. Reconocen al aparato judicial como parte del aparato represivo”. “Es un rasgo de sinceramiento”, ironiza.

En el fuero federal –que investiga corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos– hay opiniones repartidas. Allí, un sector de jueces ensalza a Fernández como “un tipo práctico”. Otros lo ven como un personaje “totalmente ajeno” al rubro. La Asociación de Magistrados ha criticado más de una vez al ministro por afectar “la independencia judicial”. En una ocasión, fue cuando, en el contexto de las acusaciones por las demoras en las causas contra represores, Fernández se trenzó con el camarista de Casación Alfredo Bisordi y le dijo “¿por qué no renuncia?” Otro repudio fue cuando pidió el juicio político del juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, a raíz de un tironeo que tuvieron por el lugar de detención de un preso de la causa.

Además de llevarse a las cuatro fuerzas de seguridad, Aníbal Fernández trasladará con él al Renar y al programa de desarme voluntario; llevará a la Comisión a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro que estudia modificaciones a las leyes de drogas, entre ellas la despenalización de la tenencia para consumo; también mudará al programa de las Víctimas contra las Violencias, que lidera Eva Giberti.

Fernández manejará las cárceles federales y comisarías de todo el país, que arrastran una situación crítica. Actualmente no existen políticas que garanticen un tratamiento igualitario a todos los presos. En otro orden, al día de hoy el Poder Ejecutivo tiene pendiente dar su conformidad para la designación de jueces. Cerca de 100 pliegos llevan meses retenidos, sin aprobar. Si no hay novedades antes del 10 de diciembre, destrabar los nombramientos será un desafío para Fernández. Esto implicará, a su vez, la renovación del fuero federal, donde hay dos sillones de juez y tres de camarista vacíos, y los respectivos concursos avanzados. Como ministro de Justicia, Fernández tendrá también la oportunidad de empujar la prometida reforma procesal y penal (para agilizar la justicia y equilibrar penas, entre otras cosas) pero que nadie concretó.