La ley de protección a los bosques nativos continúa empantanada en el Senado. La semana pasada el tema había salido de la agenda parlamentaria por la presión de los legisladores del oficialismo que representan a las provincias del noroeste y noreste argentino. A pesar de la intención del jefe de la bancada oficialista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, que se había comprometido públicamente a debatir el proyecto, lo cierto es que ayer, y luego de intensas negociaciones y una maratónica sesión que tuvo una veintena de oradores, la iniciativa apenas alcanzaba la aprobación en general, por unanimidad. “Hemos acordado seguir conversando durante la semana y el próximo miércoles darle un tratamiento completo”, confió Pichetto, antes del comienzo de la sesión.

Las principales oposiciones al proyecto están dentro del bloque oficialista. Los senadores salteños, jujeños, misioneros de la bancada mayoritaria son los que llevan la voz cantante en contra de la norma que establece presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos. Las críticas giran alrededor de dos puntos: la moratoria o imposibilidad de continuar talando bosques hasta que cada provincia cumpla con la obligación de hacer un relevamiento y la creación de un fondo que compense a aquellas que no podrán seguir explotando esos bosques.

Del relevamiento surgirán tres áreas: zona 1, roja; zona 2, amarilla y zona 3, verde. Las zonas 1 y 2 no podrán ser taladas. Después del relevamiento, las autoridades provinciales podrán otorgar permiso de tala en la zona 3. La Secretaría de Medio Ambiente es partidaria de que mientras se realice el relevamiento no se produzca ningún tipo de desmonte. Así lo dejó en claro Pichetto cuando anteayer la iniciativa se discutió en comisión. “El gobierno nacional tiene una fuerte decisión para tratar este tema y quiere una moratoria sin restricciones porque no es conveniente abrir un margen para que se siga talando”, dijo Pichetto. El rionegrino no desconoció que dentro de su bloque hay voces enfrentadas con las de la Rosada. Las provincias reclaman que mientras se realiza el relevamiento se pueda explotar el 0,5 por ciento del territorio.

En el debate en general, el kirchnerista jujeño Guillermo Jenefes calificó al proyecto de “una invasión a la autonomía de las provincias”. Para no enfrentar al Gobierno, repitió una y otra vez que la iniciativa era conocida como “Ley Bonasso”.

El fondo de reparación que reclaman las provincias es otro de los puntos. Los senadores se quejaban ayer que allí no se cuantifica el monto de los recursos, ni cómo serían coparticipados. El radical jujeño Gerardo Morales, que acuerda con el Gobierno en la propuesta de una moratoria total, reclamó que el Fondo reciba el 2 por ciento de las retenciones agroexportadoras. Destacó que esa cifra podría sumar 400 millones al fondo. Más allá del respaldo general que tuvo la norma, las negociaciones son frenéticas y a puertas cerradas.