La Constitución volvió a regir ayer en Pakistán. Después de 42 días de estado de sitio y a un día del inicio de la campaña electoral legislativa, el presidente Pervez Musharraf ordenó levantar la medida. Sin embargo, unas horas antes de hacerlo se tomó unos minutos para firmar algunas enmiendas constitucionales que legalizaron todo lo sucedido el último mes y medio, especialmente la nueva composición de la Corte Suprema, que ahora, según la oposición, responde fielmente al mandatario. Mientras afuera del país gobiernos y mandatarios de todo el mundo festejaron la vuelta al régimen constitucional, en Pakistán no hubo clima de celebración. La oposición sigue denunciando posibles fraudes para las elecciones del mes próximo, en las que el país elegirá al primer ministro que acompañará en el poder al ahora civil Musharraf.

Durante el anuncio de ayer, Musharraf aprovechó para volver a justificar un estado de emergencia que fue criticado al unísono por toda la comunidad internacional. “Contra mi voluntad y como último recurso, impuse el estado de excepción y salvé a Pakistán de la desestabilización”, explicó el ex general, de 64 años. Según el mandatario, que hasta hace unas semanas seguía ocupando la jefatura de las Fuerzas Armadas, la medida fue necesaria para detener y arrinconar a las milicias islámicas pro talibán que controlan la región cercana a la frontera con Afganistán y habían comenzado a operar en las grandes ciudades paquistaníes, incluso Islamabad, la capital. Ayer, mientras Musharraf daba su discurso, un suicida atacaba una base militar en el norte, dejando al menos seis muertos.

Bajo los 42 días del estado de excepción, las fuerzas policiales y militares detuvieron, sin control alguno de la Justicia, a más de cinco mil opositores –que, excepto unos treinta, ya fueron liberados–, el Ejecutivo destituyó a los jueces que cuestionaban la legalidad de la reelección de Musharraf y se impuso una censura generalizada –cuando no se cerró– a los principales medios de comunicación.

Ayer Musharraf dijo, sonriente, que todo ello había terminado y que los derechos fundamentales de los paquistaníes habían sido restablecidos. Sin embargo, algunos de los permisos del estado de emergencia han dejado una marca que sobrevivirá a los 42 días de excepción. Los medios de comunicación han tenido que firmar un estatuto moral en el que se comprometen a no difamar a las autoridades gubernamentales ni a difundir imágenes de atentados o muertos, que pudieran –según la visión del gobierno de Musharraf– promocionar las acciones y los ideales de los islamistas.

Además, el presidente logró poner fin a su mayor amenaza institucional, la Corte Suprema. Apenas unas horas después de decretar el estado de emergencia, el 3 de noviembre pasado, Musharraf suspendía a los jueces del máximo tribunal del país, que, contradiciendo sus advertencias, emitieron un fallo declarando inconstitucional la decisión del presidente. Haciendo uso de sus nuevos poderes, el entonces general los removió de sus cargos y nombró sin mucha demora a sus reemplazos. Ayer por la tarde, estos magistrados asumieron de forma definitiva, jurando esta vez por la Constitución Nacional.

En las calles, muy pocos salieron a festejar. Para la oposición, el fin del estado de emergencia no es un victoria de ellos, sino del presidente, que finalmente fue el que decidió cuándo, cómo y por qué. A pesar de esa frustración, decenas de simpatizantes de los dos ex primer ministros Benazir Bhutto y Nawaz Sharif volvieron a salir a las calles para preparar la campaña electoral, que seguramente mantendrá la tensión política del país hasta mediados de enero.