Un día después de que el presidente George Bush lograra boicotear la aprobación en el Senado de una ley que prohibía el uso de la tortura a la CIA, los legisladores demócratas decidieron contraatacar. Apoyados por algunos republicanos, acusaron al gobierno de bloquear su investigación sobre la destrucción de los videos de interrogatorios de la agencia de Inteligencia, en los que se vería cómo agentes sacaron declaraciones a supuestos terroristas de Al Qaida torturándolos. “Nuestro personal fue notificado de que el Departamento de Justicia le había aconsejado a la CIA que no cooperara con nuestra investigación”, denunció el presidente (demócrata) de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes. Los legisladores adelantaron que podrían forzar a declarar ante la Cámara a los agentes de la CIA implicados.