Al final, David Sánchez renunció y pidió asilo político en Perú. El gobernador oficialista de Chuquisaca decidió abandonar el cargo y pedir refugio a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), porque, según él, era perseguido desde hace semanas tanto por el Ejecutivo como por los opositores del movimiento cívico local. El 22 de noviembre pasado, desde su oficina en la plaza 25 de Mayo de Sucre veía cómo su provincia estaba a punto de ser el escenario del enfrentamiento entre universitarios y ciudadanos de El Alto que habían llegado para asegurar las sesiones de la Asamblea Constituyente. Según dejó dicho en un texto, escribía cartas pidiendo ayuda al gobierno sin recibir respuesta alguna. El gobierno lo desmiente.

Al caer la tarde del 24 de noviembre y antes de que muriera la primera persona en Sucre, Sánchez ingresó al liceo militar en el que se encontraba sesionando la Constituyente y pidió que se detuviera la sesión. Nadie le hizo caso. Esa fue la última vez que se lo vio en Bolivia. Con tres muertos en el camino, Sánchez y su familia fueron evacuados a La Paz. En Sucre dejaba la silla de gobernador vacía y una casa en llamas y pasaba a la clandestinidad. Veintitrés meses antes había sido elegido con el 42 por ciento de los votos.

El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico, se confesó extrañado y preocupado por la solicitud de asilo realizada por Sánchez. “Cómo es posible que pueda declararse perseguido político por el gobierno, cuando el gobierno lo ha estado protegiendo. Lamentablemente, la oposición está usando este hecho políticamente para mostrar intolerancia por parte del gobierno, cuando eso se da por grupos o sectores radicales y de discriminación de Santa Cruz”, reclamó. Aseguró, además, que en realidad los que lo persiguen son los miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que para Torrico son lo que produjeron las muertes en Sucre y decretaron muerte civil para Sánchez en su ciudad de origen. “El gobierno en ningún momento ha perseguido a nadie, no le hemos quemado la casa a nadie como lo hicieron los señores del Comité Interinstitucional a través de delincuentes. No le dijimos al señor Sánchez a que juegue con un pie adentro y otro afuera en el tema tan delicado como el del movimiento chuquisaqueño”, afirmó el diputado del Movimiento al Socialismo.

Al parecer, la idea original de Sánchez era retornar a su puerto luego de un tiempo prudencial, pero ayer se conoció que el 4 de diciembre salió hacia Perú en forma clandestina y sin documentos donde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) le dio la condición de refugiado político y le busca un país definitivo. Así lo informó ayer el senador opositor Roger Pinto, que aseguró que en esta ocasión no hablaba como autoridad, sino como un cristiano e intermediario del grupo de personas que ayudó a Sánchez a salir del país. “Los motivos que llevaron a Sánchez a tomar esta decisión es que no se sentía seguro en Bolivia”, dijo Pinto.

En Chuquisaca la noticia impactó, pero no extrañó a nadie. Desde hace semanas ya se rumoreaba sobre la posibilidad de que Sánchez hubiera pedido asilo al Acnur. Jhon Cava, presidente del opositor Comité Cívico de Sucre, explicó que ahora lo que quieren es que se convoque a nuevas elecciones para elegir otro gobernador. “No aceptaremos que el gobierno nombre a dedo a ninguna autoridad. Exigimos que el próximo gobernador esté al lado de su pueblo y que no intente estar con uno y con el otro como hizo Sánchez”, dijo. Y en eso coinciden el oficialismo y la oposición: el peor pecado de Sánchez fue tratar de situarse en el centro de los citadinos y la policía para evitar los enfrentamientos. Es por eso que cuando todo estalló, la explosión se lo llevó por encima y debió irse del país.

Según la ley boliviana, ahora el secretario general de la gobernación deberá asumir el cargo hasta que se elija al sucesor, pero también existe la posibilidad de que el presidente Morales pueda nombrar un gobernador interino en Chuquisaca.