Más de la mitad de 150.000 divorcios que cada año se pronuncian en Francia lo son por consentimiento mutuo. La ministra de Justicia, Rachida Dati, piensa que “si no hay conflicto respecto de intereses patrimoniales, si no hay problema ligado a la existencia de hijos, ese tipo de contencioso bien pudiera resolverse ante un escribano”.

La idea central es liberar a los juzgados de algunos de los miles de sumarios que asfixian su actividad, máxime ahora que una reforma del “mapa judicial” tiende a suprimir los juzgados en localidades pequeñas y cuyo ritmo de actividad no se estima suficiente como para justificar su existencia misma. Para los 47.000 abogados franceses, el proyecto es “una agresión a la profesión”. En efecto, para muchos de ellos, los que viven de aportar su consejo a casos de divorcio sencillo, que se resuelven tras unos pocos meses de diligencias, cada caso les supone entre 1000 y 4000 euros de honorarios. El divorcio por mutuo consentimiento fue adoptado durante los primeros años de la Revolución Francesa, pero el emperador Napoleón lo hizo borrar de la legislación gala, de manera que no fue hasta 1975, durante la presidencia de Giscard d’Estaing (1974-1981), que reapareció la fórmula. Una red de 8600 oficinas notariales asegura la viabilidad de la iniciativa, para hacer frente al auge de los divorcios: hace treinta años oscilaban entre 30.000 y 40.000 anuales frente a los 150.000 de ahora.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.