“Esa hipótesis es muy firme y la familia no es ajena a esos mismos intereses”, respondió una alta fuente del caso cuando Página/12 quiso saber si creía posible que al represor Héctor Febres lo mataron para silenciarlo antes de sus últimas palabras en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en su paso por la ESMA. La duda consistía en si la detención de la viuda y los hijos de Febres constituía una línea de investigación sin relación alguna con la posible revelación de información sensible sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino por parte del represor. Si bien la jueza federal Sandra Arroyo Salgado no descarta ninguna de las posibilidades abiertas, en su entorno aseguran que “a esta altura ya casi ni se habla de suicidio”. Según pudo saber Página/12, en el juzgado consideran clave el contenido de la computadora de Febres y se quejan porque la escena del presunto homicidio fue “totalmente modificada”.

Para esclarecer el caso, la magistrada afronta una dificultad casi insalvable: considera que le alteraron el escenario de la muerte. Los hombres de la Prefectura le dijeron que encontraron el cuerpo a la mañana, porque Febres “no bajó a desayunar”, como si se tratara de un hotel. Los forenses calculan que la muerte se produjo entre las diez y las doce de la noche del domingo y a la jueza recién la notificaron cerca de las diez de la mañana del lunes. De inmediato, Arroyo se trasladó al destacamento Delta de la Prefectura, pero en el lugar ya estaban los familiares. “Desde el primer día las cosas no cerraron”, comentó la fuente. Según explicó, la familia estaba al tanto de que faltaba la computadora que usaba Febres y lo ocultó. Los investigadores tuvieron que allanar la casa de un experto en informática que trabaja para la Prefectura, en San Martín, para encontrarla. Mientras analizan cartas y notas secuestradas en los procedimientos, esperan realizar un peritaje sobre el contenido de las computadoras con especialistas y la presencia de los peritos de las partes.

También llamó la atención de la jueza la insistencia con que los familiares querían mostrar que había muerto por causas naturales. “Era diabético y no se cuidaba”, habrían dicho en el lugar de los hechos cuando la jueza fue a levantar el cadáver. Además, insistían en cremarlo enseguida. “¿Ustedes qué hacen acá?”, habría preguntado Sonia Febres, la hija del represor, ante la comitiva judicial. Los investigadores comprobarían más adelante que la familia recibía variados beneficios por parte de la Prefectura. Y recordaron que, en esos minutos iniciales del caso, los familiares evidenciaron su preocupación por los aspectos económicos que podían perjudicarlos. Sin embargo, el móvil vinculado al dinero no excluiría la motivación política.

Los peritos refuerzan las dudas. El cianuro, sobre todo en las cantidades encontradas en el cuerpo de Febres, tarda entre cinco y diez segundos en producir la muerte. Si el represor tomó las cápsulas con el veneno, se habría encontrado un vaso con agua al lado de su cama, ya que Febres fue hallado muerto acostado en el lecho ubicado en el camarote, que es como los prefectos llaman a la habitación. Sin embargo, no había vaso de agua al lado de él, sino en la mesa del living del departamento que ocupaba en la unidad. Además, Febres estaba en su cama, abrazado a la almohada, y con el rostro plácido. Eso hace pensar a los peritos forenses que tal vez no consumió el cianuro en cápsulas sino que lo fueron envenenando de a poco, tal vez mezclándole la sustancia en algunas de sus comidas. En ese caso deberían haber aparecido rastros de cianuro en algunos de los elementos usados durante la cena. El problema es que todo eso ya no estaba allí cuando la jueza llegó. “La convicción es que lo mataron y que no fue una sola persona. La familia le quiere echar toda la culpa al prefecto Volpi, pero se percibe una amplia participación tanto en la muerte como en la modificación de la escena de esa muerte”, le dijo a Página/12 una fuente del caso.