Desde Lima

Las siempre complicadas relaciones entre Perú y Chile –países que se enfrentaron en la Guerra del Pacífico de 1879, en la que Chile se anexó territorio peruano– se recalentaron en los últimos días, luego de que Lima presentara el pasado miércoles una demanda ante la Corte Internacional de La Haya reclamando como propia una extensión marítima de 37,900 kilómetros cuadrados sobre la cual Chile también demanda soberanía, la cual ejerce de hecho desde hace décadas.

En su demanda, Perú pide una solución “equitativa” a la controversia fronteriza y reclama que la frontera marítima entre ambos países sea fijada por una línea equidistante entre las líneas fronterizas trazadas según la interpretación de cada país.

Chile, por su parte, asegura que la frontera entre ambos países quedó trazada con dos tratados, en 1952 y 1954, para defender la tesis de una línea paralela a la línea ecuatorial como frontera.

Pero Lima alega que se trata de acuerdos pesqueros y no de tratados de límites fronterizos. Dos horas después de la presentación de la denuncia en La Haya, el presidente peruano Alan García habló ante el Congreso para defender la postura de su gobierno y pedir apoyo. Todas las fuerzas políticas lo respaldaron.

“El Perú da este paso con firmeza y serenidad”, señaló García. Al gobierno chileno le pidió que no tomara esta demanda como “un gesto inamistoso”, sino como “la voluntad de solucionar una diferencia jurídica por la vía pacífica”.

Sin embargo, en Santiago la demanda peruana no cayó nada bien. El gobierno llamó a consulta a su embajador en Lima, Cristian Barros. “Chile defenderá con mucha fuerza su postura porque estamos convencidos de que tenemos la razón”, señaló la presidenta chilena, Michelle Bachelet, luego de visitar instalaciones militares. Por su parte, el canciller chileno Alejandro Foxley afirmó que su gobierno “lamentaba profundamente” la decisión peruana de llevar el diferendo limítrofe a La Haya y acusó a Lima de desconocer tratados internacionales.

El canciller peruano José García Belaunde respondió acusando a Chile de haber tenido una postura intransigente al negarse a resolver el tema a través de negociaciones diplomáticas. En 2004, el gobierno de Alejandro Toledo le planteó a Chile una negociación bilateral para resolver la controversia limítrofe, pero Santiago respondió diciendo que las fronteras ya estaban delimitadas por los acuerdos de 1952 y 1954 y que, por lo tanto, no había nada que negociar.

Luego de esa negativa, el gobierno de Toledo dio los pasos para preparar la demanda ante La Haya y dejó todo listo para presentarla cuando abandonó el poder en julio de 2006.

Su sucesor, Alan García, que repetidamente ha expresado sus simpatías por Bachelet, se puso como una de sus prioridades en política internacional mejorar las relaciones con Chile y congeló la controversia marítima, lo que le valió fuertes críticas.

Pero todo comenzó a cambiar cuando Chile aprobó una ley sobre la región Arica-Parinacota, fronteriza con Perú, que movía el límite de la frontera terrestre hacia el norte, con lo que, según Lima anexaba 64 kilómetros cuadrados de territorio peruano. La ley fue derogada por el Tribunal Constitucional Chileno, pero los efectos de la misma ya habían estallado en Lima y las presiones sobre el gobierno de García para descongelar las demanda ante La Haya por los límites marítimos crecieron.

El gobierno peruano entonces llegó a la conclusión de que no podía mantener por más tiempo en la congeladora un tema tan sensible y decidió presentar la demanda ante La Haya. La Cancillería peruana pretende tratar el diferendo marítimo por “cuerdas separadas” del resto de las relaciones entre Perú y Chile, con la esperanza de que las relaciones, especialmente las comerciales, entre ambos países, no se vean muy afectadas. Pero no va a ser fácil.

Por la controversia fronteriza, ahora algunas voces que cuestionan las inversiones chilenas en Perú, que llegan a los seis mil millones de dólares. Pero en Lima preocupa más el nivel del gasto militar chileno, que llega a unos tres mil millones de dólares anuales, frente a los poco más de mil millones de dólares gastados por las fuerzas armadas peruanas.

La disputa fronteriza entre Perú y Chile puede terminar involucrando a otros países, como Bolivia (ver nota aparte) y Ecuador. Quito también es firmante de los acuerdos de 1952 y 1954 y el gobierno de Correa ha expresado su preocupación de que Lima, que no reconoce estos acuerdos como tratados de límites, pretenda revisar la frontera marítima con su país como ahora lo hace con Chile.

“Con Ecuador no hay ninguna controversia pendiente. No hay razón para preocuparse”, respondió rápidamente el presidente García a la inquietud ecuatoriana. En ese caso, Perú sí reconoce la frontera marítima acordada en los tratados pesqueros. La Cancillería peruana solicitaría próximamente a Ecuador firmar un tratado de límites marítimos, en base a lo estipulado en los acuerdos de 1952 y 1954, para cerrar ese frente antes de que se pronuncie la Corte de La Haya sobre el diferendo con Chile.