Viejo refrán, que por viejo no es menos representativo a partir de lo que sucede hoy, merced a decisiones de la administración Macri.

El “árbol” de la no renovación de contratos de parte del personal (supuestos ñoquis o supuestos cargos políticos que revisten en la administración pública local dentro de las modalidades de los decretos 948 y 959) esconde el “bosque” del desmantelamiento de servicios básicos y obligatorios para cualquier gobierno.

Una muestra de ello, y más que preocupante, es la afectación que tiene tal medida en el ámbito de la Dirección General de Niñez, área que precisamente está encargada de asistir a los más vulnerables de nuestro distrito, las niñas, niños y adolescentes de las familias más desprotegidas y pauperizadas de la ciudad.

Pero ese “ocultamiento” se hace más intolerable cuando se analiza el detalle de las funciones y roles de los más de 300 trabajadores afectados en dicha repartición. El 56,67 por ciento son los que se dedican a la intervención directa con la población asistida, en tanto son operadores especializados (educadores, docentes, cuidadoras, operadores de calle, recreólogos, etc.). Otro 30,67 por ciento desempeñan tareas auxiliares y complementarias de los distintos dispositivos de la Dirección (son cocineras, choferes, administrativos, mucamas, operarios de mantenimiento, etc.). Y un 12,66 por ciento es personal de coordinación y/o supervisión de dispositivos o que conforman los equipos profesionales multidisciplinarios (abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos).

Si a este detalle de funciones se le suma el dato de que casi la totalidad tiene remuneraciones que no superan los 1200 pesos, es difícil creer que justo sean estos los “ñoquis o puestos políticos” que tanto pretende erradicar la nueva administración. Porque por las funciones que desempeñan, la sociedad fácilmente se enteraría de la ausencia del Estado local; al advertirse, catastróficamente, el abandono de asistencia a esta población.

A pesar de la modalidad de “contrato basura” implementada por las administraciones anteriores, privilegiando ficticios superávit, en vez de fortalecer políticas públicas de carácter social; son estos trabajadores los que día a día ponen sus saberes y experiencias para tratar de sostener y contener los efectos de la exclusión y abandono que esta misma sociedad ha infligido sobre parte de la población.

Ante esta nueva realidad, responsabilidades diversas tiene cada una de las administraciones recientemente pasadas. Administraciones progresistas que privilegiaron criterios de caja, en vez de consolidar políticas sociales vigorosas y capaces de garantizar su continuidad en el tiempo, más allá de los cambios de gestión. A estas últimas se las puede llamar políticas públicas, en vez de quedar como meros programas.

Sobre la nueva administración, que claramente privilegia criterios de caja para su gestión, de más está decir el salvajismo que significa dejar en la calle y sin contención alguna a miles de trabajadores. En la mayoría de los casos pasaron años facturando sus servicios al Estado de la ciudad como monotributistas, y dado que el Estado no les reconoció su relación laboral como hubiera correspondido, hoy se encuentran abandonados a su suerte.

Finalmente lo que se está “ocultando” es la decisión política de terminar con muchos programas y dispositivos que el Gobierno de la Ciudad tiene dedicados a los más desfavorecidos; por la vía menos costosa de vaciarlos de personal, antes que anunciar la decisión de priorizar otras áreas o a otros vecinos.

Queda claro: la no renovación de la mayoría de los contratos de las modalidades según los decretos 948 y 959 significa, en el ámbito de la Dirección General de Niñez, no solo desocupación para los trabajadores afectados, sino el retiro y ausencia del Estado local frente a la población más vulnerable entre los vulnerables: la niñez y la infancia pobre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* Consejero (Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).