Desde Lima

Cuatro muertos, decenas de heridos y más de 150 detenidos es el saldo de los primeros dos días de un paro agrario que se cumple a nivel nacional. El gobierno de Alan García respondió declarando el estado de emergencia en las zonas más convulsionadas y ordenando que el ejército reprima a los manifestantes y abra las carreteras tomadas el lunes por los campesinos. El primer ministro, Jorge del Castillo, exigió públicamente al Poder Judicial que encarcele y procese penalmente a los manifestantes y aplique una draconiana ley que da penas de hasta ocho años por impedir el tránsito. En el primer día del paro indefinido murió un agricultor en un choque con la policía durante un corte en la Panamericana Norte, a unos 180 kilómetros de Lima. Y ayer, en Ayacucho, en la sierra central del país, murieron baleados dos comuneros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras otro manifestante murió en Arequipa, a unos mil kilómetros al sur de Lima, al caer a un barranco luego que le impactara una bomba lacrimógena.

El gobierno intentó restarle importancia a la magnitud de la protesta, calificando el paro como “un fracaso” y atribuyendo el bloqueo de pistas a “grupos radicales”, pero lo cierto es que miles de campesinos han salido a protestar en todo el país. Los gremios agrarios aseguraron que el paro fue acatado por el 80 por ciento de sus bases. Los campesinos protestan contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que permite el ingreso sin el pago de aranceles de productos agrícolas norteamericanos subsidiados y exigen que el gobierno les otorgue compensaciones económicas frente a las pérdidas que les traerá el TLC. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) establece que el TLC producirá pérdidas en el sector agropecuario por unos 200 millones de dólares anuales y que la mayor parte de esa factura la pagarán los campesinos andinos, los más pobres del Perú. Los gremios agrarios también exigen, entre otras demandas, una reducción en el precio de los fertilizantes y que se evite el remate de sus terrenos a causa de las deudas que no han podido pagar debido a la crisis en el sector.

El lunes, al tiempo que anunciaba la salida del ejército y amenazaba con encarcelar a los que continúen con las protestas, el primer ministro Del Castillo ofreció dialogar con los gremios agrarios, poniendo como condición que se levante el paro. Entre los gremios agrarios comenzaron a abrirse las primeras fisuras. Luis Zúñiga, presidente de la Convención Nacional Agraria, anunció que su organización levantaba la huelga para dialogar con el gobierno. Pero Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, con presencia fundamentalmente en las zonas andinas, anunció la continuación de las protestas.

El paro agrario se produce en momentos en que el gobierno es acosado por serios problemas en varios frentes. En el Cuzco se anuncia para los próximos días un paro regional contra una ley que permite la instalación de hoteles y restaurantes de lujo en los monumentos arqueológicos. En la selva también se vienen protestas en rechazo a una propuesta para privatizar la Amazonia, entregando grandes extensiones de terrenos a empresas privadas. Y 17 de los 24 gobiernos regionales se han rebelado contra el gobierno central, negándose a acatar una ley para que se contrate en los colegios públicos únicamente a los maestros que ocuparon el tercio superior en sus centros de estudios. El gobierno avisó que denunciará penalmente a los presidentes regionales que no cumplan con esa ley, pero éstos mantienen su negativa a aplicarla. El gremio de maestros, que en julio puso contra las cuerdas al gobierno con masivas movilizaciones, también anuncia marchas de protesta. Mientras la tensión social se recalienta en todo el país, el gobierno vuelve a mostrar su rostro más autoritario, llamando a los militares para reprimir las manifestaciones y amenazando encarcelar a los que participen en las protestas contra una administración que cada vez aparece más arrinconada por un movimiento social de descontento contra su política neoliberal.