Los autos policiales ya no llevan la foto de Jorge Julio López y tampoco aparece su imagen en las páginas web de los distintos organismos de la provincia de Buenos Aires. “Hace ya un año y cinco meses que nuestro compañero López fue secuestrado y desaparecido, se ha realizado desde entonces una investigación que a la fecha no registra imputados ni líneas firmes”, afirmaron los organismos de Justicia Ya! en el petitorio que entregaron ayer al gobernador Daniel Scioli. Acusaron a la gestión anterior de no hacer nada para evitar que la Policía Bonaerense “direccionara, entorpeciera y manipulara el curso de la investigación”. Por eso, le pidieron “la inmediata exoneración” de aquellos policías “responsables de graves irregularidades cometidas en la causa”. Scioli hizo que sus funcionarios tomaran nota y prometió analizar los planteos.

“La lucha de ustedes es nuestra lucha, estamos por la memoria, la verdad y la justicia”, fue la frase que devolvió el gobernador y se comprometió a dar una respuesta en breve. Durante la entrevista estuvo acompañado por su ministro de Justicia, Ricardo Casal, y la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho. Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, ilustró la historia del colectivo Justicia Ya!, y luego Guadalupe Godoy, la abogada que representó a López en el juicio contra Etchecolatz, graficó el petitorio con ejemplos. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de La Plata expuso su preocupación por la ausencia de la foto de López en páginas web y vehículos policiales.

“Su predecesor Felipe Solá y el entonces ministro de Seguridad León Arslanian reconocieron públicamente que estábamos frente a un secuestro de claras connotaciones políticas, donde la intervención de miembros de la Policía Bonaerense era más que probable”, dijeron en el petitorio. Y acusaron a esa fuerza de haber “obstaculizado intencionalmente la investigación”. Por eso exigieron que sean separados los superintendentes Roberto Silva, Hugo Matzkin y Oscar Farinelli. Las demás exigencias fueron la exoneración de los policías que revistaron en centros clandestinos de detención durante los años 1976-1983, la entrega de esos nombres a la Justicia, la inhabilitación para funcionar a todas aquellas agencias de seguridad que tengan represores en sus filas y la prohibición de integrar agencias de seguridad privadas a los miembros de la policía exonerados de la fuerza. “Nuestra posición va en otra dirección, las estamos fiscalizando”, dijo Scioli al desmentir que tenga previsto legitimar la coordinación policial de las agencias. Antes de finalizar el encuentro, la abogada Myriam Bregman (Ceprodh) entregó documentación sobre los antecedentes que vinculan a los dueños de la empresa Mafissa con la dictadura, que fue recibida, aunque el tema estaba fuera de la agenda.