El acta confeccionada ayer.

El Concejo Deliberante de Pinamar le notificó finalmente al intendente que empezó el proceso de “suspensión preventiva”. Aunque Roberto Porretti rechazó el escrito, como un día antes, esta vez un escribano labró el acta de la comunicación y se la dejó en la intendencia. El jefe comunal tiene nueve días para presentar un descargo ante los que piden su cabeza. Pero ahora, con el doble cerco político y judicial sobre las espaldas, Porretti habría reabierto el lunes a la noche un primer canal de diálogo con el PJ local en busca de alternativas. En tanto, la fiscal de Dolores hizo una pericia en la comuna para comparar las imágenes de la cámara oculta.

En su párrafo principal, el escrito de suspensión dice: “Que la suspensión preventiva del intendente es un mecanismo que por un lado le permite un eficaz ejercicio del derecho de defensa que el HCD debe sostener firmemente, y a la municipalidad encarar la salida de su parálisis. No debe ser leída como un reemplazo anómalo o interesado”.

En un segundo párrafo central, el Concejo señaló: “Esta comisión considera que en el ejercicio de sus deberes de administrador y por la elemental buena fue (el intendente) debió haber salido de la escena con un simple pedido de licencia, evitando así los daños que recibe Pinamar por una situación que sigue irresuelta”.

Luego de tres días de deliberaciones, de consultas a por lo menos seis abogados, el Concejo no pudo convencer a Porretti de la licencia que era (y sigue siendo) el único mecanismo que les asegura una salida segura. En su lugar, encontraron como plan B el juicio político que puede terminar o no, con la suspensión del mandatario.

Para hacerlo, el Concejo se ciñó al artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que permite evaluar la conducta de un intendente en determinadas circunstancias: cuando existe condena o procesamiento firme, en caso de “transgresiones graves”, “negligencias”, o “incapacidad”. Y para el HCD, en este caso existen “transgresiones graves” cuyo efecto es un “estado de conmoción social” creado a partir de la denuncia contra el intendente y “sus desgraciados efectos” en el “plano social, político y administrativo”. El plano legal lo dejaron en manos de la Justicia.

En la práctica, desde ayer Porretti tiene diez días de plazo para presentar su descargo. Luego, los ediles deben analizar ese material y tomar una decisión en los quince días siguientes. Y convocar al Concejo completo para una sesión extraordinaria. El acta, de dos páginas, salió con la firma de los diez concejales de Pinamar.

La cuestión ahora muestra con claridad los dos frentes abiertos para Porretti. En la Justicia, su libertad está en manos de la Cámara de Garantías de Dolores, que tiene un pedido de excarcelación. El martes próximo, su abogado defensor José Ochoa llevará hasta ahí los fundamentos del pedido. En tanto, Gendarmería comenzó a peritar los videos y la fiscal Fernanda Hachman pasó a la mañana por Pinamar. Aunque al comienzo se dijo que estaba allanando las oficinas del intendente, lo suyo “no fue un allanamiento, sino pericias en el despacho y en las oficinas para comparar el lugar con las imágenes de la denuncia”, aclaró ante una consulta Martín Camargo, vocero del jefe comunal.

El lunes a la noche el concejal del PJ Horacio Errasquin y presidente del PJ local mantuvo un primer encuentro con el intendente luego de hablar por teléfono tras semanas de silencio. El PJ le habría abierto así una vía de negociación en busca de acuerdos no beligerantes. En coincidencia, en la comuna bajaron el tono de la confrontación: “Con (Rafael) De Vito (presidente del HCD y candidato natural a la sucesión) la relación sigue ríspida”, dijo un vocero. “Pero no hay diferencias insalvables, es un señor muy importante, con peso político, muy potable para el intendente, por eso es necesario un diálogo permanente. Pero no pensamos lo mismo de los concejales del ex intendente Blas Altieri (muppismo), donde está la peor parte del conflicto”.