Mientras el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer en Ezeiza, al llegar desde los Estados Unidos, el juez federal Hugo Sastre libró el pedido de captura internacional a Interpol contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, principal acusado por la masacre de Trelew. La Justicia adjuntó a la orden de detención la investigación exclusiva publicada ayer por Página/12, que estableció que Bravo es dueño y presidente de RGB Group Inc., firma con sede en Miami que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas.

Marandino llegó a Ezeiza a las 9.55 y fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladó al aeroparque Jorge Newbery. Allí lo recibió la policía de Chubut, que lo transportó en el avión del gobernador Mario Das Neves hasta Rawson. Arribó a las 14.45. Según el diálogo que mantuvo con los agentes que lo detuvieron, días después de la masacre fue trasladado a la base naval de Puerto Belgrano y poco después –igual que el capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo– se radicó en los Estados Unidos. En 1975 se habría retirado de la Armada. Recién treinta años después, en 2005, Marandino regresó de los Estados Unidos, donde nacieron sus tres hijas y está radicada parte de su familia. “Parece ido, da la sensación de que está en otro mundo”, confió una fuente de la Justicia que tuvo contacto con el marino. Un abogado porteño se comunicó incluso con el juzgado para pedir la eximición de prisión, pese a que ya estaba detenido. Marandino será indagado hoy.

El juzgado de Sastre también ordenó ayer la captura del teniente Bravo, prófugo de la Justicia desde hace once días. Tal como informó Página/12 ayer, Bravo es dueño de RGB Group Inc., con sede en Miami. Bravo fue señalado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando aún no habían librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, ésa es la dirección que figura en el registro de retirados de la Armada Argentina. La inmobiliaria que ofrece el inmueble, construido en 1977, informa que la valuación original era de 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– redujeron el precio a 167.900 dólares. Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en su empresa, aunque el empresario aún estaba allí: un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”. Bravo es ciudadano norteamericano y está casado con una norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local.

De los cinco marinos que el juez ordenó detener el viernes 8, sólo Bravo permanece prófugo. El primer indagado fue el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, quien aseguró no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada hace 35 años. Un día después el capitán Sosa declaró que intentó dar “una perorata” para poner orden entre los presos, cuando recibió “una toma de karate” que lo dejó “conmocionado”. Intentó incorporarse pero “ya habían empezado a tirar las pistolas ametralladoras”. Divisó “cuatro bocas de fuego” e identificó a tres fusiladores: el teniente Bravo, al cabo Marandino y el teniente Emilio Del Real. Ante las preguntas del juez Sastre aseguró que “no di ni orden de abrir fuego ni de parar el fuego”. Un día después se negó a declarar el capitán de fragata retirado Del Real. Si bien su abogado Fabián Gabalachis había adelantado que “el espíritu es de colaboración”, el testimonio de Sosa el jueves modificó su estrategia de defensa.

Mientras Marandino quedó alojado en la comisaría 4ª de Rawson, el capitán Sosa permanece detenido en la comisaría de Playa Unión, y los capitanes Paccagnini y Del Real en la alcaidía de Trelew. Sosa y Paccagnini fueron revisados en los últimos días por un médico oncólogo. El juzgado ya recibió un informe sobre Sosa, según el cual el cáncer de próstata que sufre está controlado. Hoy, cuando concluya la indagatoria a Marandino, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles que el juez Hugo Sastre tiene para resolver la situación procesal de los cuatro imputados.