El incendio en un edificio de Once puso al descubierto, una vez más, la precariedad del sistema de control en la ciudad de Buenos Aires. Si bien el local comercial que funcionaba en planta baja y primer piso, en Lavalle 2257, estaba habilitado, en los pisos superiores del edificio funcionaba una suerte de depósito de mercaderías inflamables, sin autorización de las autoridades porteñas. Fue allí donde se inició el fuego, que demandó un día y medio de trabajo de los bomberos. Ante la sensación de que en cada rincón de la ciudad puede haber un foco de incendio como el de Once, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, anunció que se reempadronará a todos los comercios de la ciudad. “Vamos a tener que volver a controlar todo”, dijo Macri, tras admitir la “falta de control previo” en los locales de la ciudad. No se dieron detalles de cómo se llevaría a cabo el reempadronamiento de los 250 mil comercios habilitados en la ciudad. Anoche, después de 33 horas, los bomberos seguían combatiendo las llamas. Como saldo, el SAME tuvo que atender a 56 personas, en su mayoría, por síntomas de asfixia, y a un bombero que se sufrió fracturas al romperse una escalera.

El local de Lavalle 2257 fue habilitado por medio del expediente 049280 como “comercio minorista, para la venta de una amplia gama de rubros: cotillón, juguetes, librería, papel, cartón, mercería, botones, máquinas para oficina, ortopedia y equipos de precisión para uso científico”, según confirmó a Página/12 la directora de Fiscalización y Control del gobierno porteño, Vanesa Berkowski.

En los registros de esa dirección –dependiente de la flamante Agencia Gubernamental de Control– se puede constatar que desde que fue habilitado, el 25 de abril de 2005, el local no tuvo ninguna inspección. “Tampoco hay denuncias de vecinos o del CGP”, precisó Berkowski.

La habilitación sólo había sido concedida para “la planta baja y la planta alta, un total de 262,68 metros cuadrados”. El expediente estaba a nombre de la empresa Show Party SRL, propiedad de los hermanos Washington y Luis Cheme. El único que dio explicaciones públicas en nombre de la empresa fue su abogado, Ernesto Casares: respecto a la falta de habilitación del sector superior del edificio, dijo: “Iniciamos el trámite, pero no están dando habilitaciones” en el Gobierno de la Ciudad, en relación a las supuestas demoras para realizar ese trámite en la Agencia de Control Gubernamental.

El fuego se inició el lunes, alrededor de las 15. El material almacenado era altamente inflamable: “Elementos de polietileno, caretas y disfraces, artículos de tela y de papel, juguetes de plástico”, enumeró a Página/12 el director de Defensa Civil, Daniel Russo. Al arder, el plástico liberaba columnas de humo negro altamente tóxicas, que obligaron a los vecinos a autoevacuarse (ver nota aparte), especialmente a los habitantes de un edificio lindero. La gran combustibilidad de los materiales fue lo que hizo tan difícil extinguir el incendio: “El plástico forma una masa que levanta temperatura y tarda en apagar”, explicó Russo, que es bombero retirado.

Todavía había pequeños focos sin apagar, aunque bajo control de los bomberos, cuando se presentó en la esquina de Lavalle y Uriburu, a media cuadra del incendio, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. “Estaban habilitados la planta baja y el primer piso, pero sólo como comercio, no como depósito”, explicó el mandatario ante los periodistas. Fue entonces cuando anunció un nuevo empadronamiento de comercios para “volver a controlar todo”. “Esto llevará tranquilidad a todos los habitantes de la Capital de que nada nos va a suceder, más allá de una fatalidad”, afirmó.

Macri exhortó a los comerciantes a que “declaren lo antes posible y hagan las inversiones que correspondan para asegurarnos a todos los vecinos de Buenos Aires que no corremos ningún riesgo”. En este sentido, mencionó a la Agencia Gubernamental de Control, creada por ley en diciembre y conformada a mediados de enero por el gobierno porteño. Se trata del organismo descentralizado que concentra todas las inspecciones de la ciudad, y que está al frente del abogado Federico Young, cuestionado por acompañar en su cruzada a Cecilia Pando, militante a favor de la violación de los derechos humanos durante la dictadura.

Young justificó ayer a falta de inspección a ese lugar. “Nosotros, sobre lo que no está registrado, no tenemos control.” “Tenemos en programación un relevamiento de toda la ciudad para detectar los establecimientos ilegales. No tenemos relevado exactamente lo que existía ahí adentro, pero vamos a hacer un reempadronamiento de todos los datos de los comercios de la ciudad”, agregó el funcionario.

Ocurre que la Dirección de Fiscalización y Control tiene apenas 170 inspectores para controlar un padrón de 250 mil comercios, un número que a todas luces resulta insuficiente, si se quiere hacer un control eficaz. Pese a eso, en un mes, se hicieron 6101 inspecciones. A principios de enero, el gobierno puso en disponibilidad a 63 inspectores, en medio del conflicto por los despidos con Sutecba.

Mientras tanto, habrá que esperar los resultados de las pericias de Bomberos para saber cuál fue la causa del incendio. También habrá que determinar cuál será el futuro del edificio que soportó la furia de las llamas durante más de 24 horas. “En principio, no hay riesgo de derrumbe”, dijo a este diario el director de Defensa Civil. De todas maneras, se lo va a apuntalar hasta determinar si es necesario demolerlo (lo más probable) o si puede ser recuperado.

El director de la Guardia de Auxilio y Emergencia del gobierno porteño, Claudio Pascalli, informó que cuando finalicen su trabajo los bomberos. “los vecinos tendrán un informe para poder accionar judicialmente contra los propietarios del edificio”, si fuera necesario.