Los ex congresistas Consuelo González y Orlando Beltrán, que estuvieron en poder de las FARC más de seis años, ayer confirmaron que presentaron demandas de indemnización contra el Estado por las deficiencias en los esquemas de seguridad cuando fueron secuestrados. González, liberada en enero de 2008 después de seis años y cuatro meses de secuestro, pretende unos 427 mil dólares, porque considera que las autoridades no la alertaron sobre el inminente peligro que corría en su natal departamento de Huila, donde fue tomada como rehén. González, que fue elegida representante a la Cámara, relató a la W Radio un hecho realmente insólito: fue secuestrada el 10 de septiembre de 2001, en Neiva, la capital de Huila, y en diciembre llegó un “estudio de seguridad” que señalaba que no corría peligro. Por su parte, Beltrán, que fue secuestrado en agosto del 2001 y liberado en febrero del 2008, exige al Estado unos 641 mil dólares. El reclamo de estas reparaciones se conoce apenas días después de que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y sus familiares retiraran el martes una solicitud de indemnización por 8,2 millones de dólares, que había generado una lluvia de críticas en Colombia.