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En 1956, una brigada israelí mató a 273 prisioneros de guerra egipcios en el desierto del Sinaí. Treinta años después, el general retirado israelí Arye Biro admitía al diario británico The Daily Telegraph haber ejecutado a 49 de esos prisioneros, la mayoría obreros civiles de vialidad. “Uno logró escapar con balas en el pecho y la pierna, pero luego volvió arrastrándose muerto de sed. Lo rematamos enseguida”, dijo Biro, que en 1953 lideraba el batallón 890. Uno de sus jefes era el comandante Ariel Sharon.
El actual primer ministro de Israel nació en Palestina en 1928, cuando este territorio estaba bajo control británico. Fue un combatiente precoz: a los 14 años peleaba en el grupo guerrillero israelí Haganah. Y a los 20 comandaba la 101ª División de Infantería, una unidad especial de operaciones contra palestinos. Fue comandante en la Guerra de los Seis Días, donde capturó el este de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza. Se retiró del ejército en 1973 y ocho años más tarde asumía el Ministerio de Defensa. Desde allí orquestó la invasión al Líbano para expulsar a Yasser Arafat, que usaba a este país para lanzar ataques contra Israel. Sin la autorización del primer ministro Menajem Begin e incumpliendo un acuerdo firmado con el enviado estadounidense Philip Habib para proteger a la población civil, Sharon invadió Beirut. El 16 de septiembre de 1982, la milicia del grupo cristiano libanés Kata’eb entró a los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, cerca de la capital libanesa. Durante las 36 horas siguientes, los combatientes ejecutaron a 3.500 personas. Un día antes, el ejército israelí había sellado e iluminado los campos y, durante los tres días siguientes, acampó observando con binoculares lo que ocurría dentro. La ONU condenó la matanza, pero Israel negó que sus tropas hubieran sabido lo que pasaba en los campos. La Corte Suprema israelí ordenó una investigación y Sharon fue removido de su cargo. Hace dos años, veintitrés sobrevivientes de la masacre presentaron en Bruselas una demanda contra Sharon por genocidio. Una ley de 1993 permite a los tribunales belgas enjuiciar a funcionarios extranjeros por violaciones a los derechos humanos cometidas fuera de Bélgica. El 6 de mayo pasado, la Cámara de Apelaciones de ese país rechazó un recurso del abogado de Sharon para posponer el proceso. El caso ahora está en manos de la Corte Suprema belga.
Para la mayoría de los políticos, al menos en el Primer Mundo, una acusación de este tipo hubiera significado el fin de su carrera. Pero Sharon continúa siendo una figura popular dentro de la derecha israelí. “Lo pasado, pisado”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu cuando en 1998 lo designó ministro de Relaciones Exteriores. La misión de Sharon -sus enemigos dicen que es una peligrosa obsesión– es que los judíos vivan tranquilos en su propia tierra. Pero a cualquier precio, lo que no ha hecho más que cebar el odio de los palestinos. En el 2000 visitó la mezquita Al Haram Al Sharif, en Jerusalén Oriental, custodiado por 1.000 soldados. El objetivo era mostrar la soberanía de Israel sobre esa ciudad y particularmente esa mezquita, un lugar sagrado para el Islam. Pero la provocación disparó la segunda revolución popular palestina o Intifada, que ya se ha cobrado más de 3.200 víctimas, entre palestinos e israelíes. Con la polémica visita, Sharon también buscaba impresionar a la derecha israelí, ofuscada con la política moderada del primer ministro Ehud Barak con los palestinos. A fines de ese año, éste le ofreció a Arafat los territorios de Gaza, la mayor parte de Cisjordania y la capital en Jerusalén Oriental. Pero Arafat exigió el retorno a territorio israelí de cinco millones de refugiados palestinos, lo que alteraría la mayoría judía de Israel. Así que la derecha castigó a Barak votando a Sharon como primer ministro. Pero éste ha empezado a aceptar la creación de un Estado palestino, lo que lo ubica en la vereda moderada frente al extremismo delos partidos de la ultraderecha, que se niegan cualquier tipo de negociación con los palestinos.