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La fiscalía venezolana imputó ayer por “homicidio intencional calificado” a un policía por la muerte de un adolescente de 14 años ocurrida el martes en una manifestación en la ciudad de San Cristóbal. Además, medio centenar de estudiantes se manifestó en el centro de Caracas para exigir al Ministerio de Justicia que anule la resolución que permite a los órganos de seguridad el uso de fuerza letal en manifestaciones.

La fiscal Luisa Ortega Díaz indicó que ya fue imputado el policía Javier Mora, de 23 años, que disparó al joven en las manifestación de Táchira. “Ya este efectivo policial de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) fue presentado ante el tribunal de control y el Ministerio Público le imputó los delitos de homicidio intencional calificado con un agravante previsto en la Lopna (Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes)”, dijo Ortega en una entrevista televisiva.

Ortega Díaz indicó que al policía que disparó munición de goma contra el joven Kluiverth Roa se le imputó el delito de “uso indebido de arma orgánica”, así como también fue acusado por el quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. La fiscal informó que para este caso fueron designados dos fiscales nacionales que manejan la parte de adolescentes y derechos fundamentales y que en las próximas horas y como parte de la investigación se hará una reconstrucción de los hechos y serán investigados algunos testigos. Agregó que tras los hechos ocurridos anteayer en Táchira en el marco de un escenario de manifestaciones hay nueve detenidos aunque no especificó si se trata de manifestantes, agentes de seguridad o ambos.

Señaló, además, que como fiscal hizo una recomendación con respecto a la reciente resolución del Ministerio de Defensa que permite el uso en última instancia de armas de fuego para controlar manifestaciones públicas. “Yo ya fijé posición, unas recomendaciones en torno de la misma (resolución) y reitero el artículo 68 de la Constitución que es que está prohibido el uso de las armas en las manifestaciones”, afirmó. En este sentido, estudiantes se manifestaron en Caracas para exigir la anulación de la resolución que permite el uso de armas en manifestaciones. “Pedimos que se derogue la resolución 8610 y que sea destituido el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, declaró Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, a la salida del ministerio, donde le entregó una petición al viceministro del sistema integrado policial, Giuseppe Cacioppo Oliveri.