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El gobierno de Estados Unidos analiza una estrategia que podría significar un endurecimiento de su posición frente al presidente venezolano, Hugo Chávez, tras concluir que mantener con él una relación pragmática es imposible, publicó ayer el diario The New York Times. En momentos en que Condoleezza Rice está de gira por la región donde incluirá su “preocupación por Venezuela” en su agenda –desde la compra de armas a Rusia y España hasta la “simpatía” que se atribuye al mandatario venezolano por los grupos guerrilleros de Colombia, principal aliado de EE.UU. en la región–, el Departamento de Estado que encabeza la funcionaria salió a desmentir la versión del diario. Pero Bogotá pareció confirmar los indicios de una nueva política al cambiar su posición anterior y pasar a reprocharle a Caracas la reciente compra de armas bajo el argumento de que pone en desequilibrio militar a los países andinos.
“Les ofrecimos una relación más pragmática, pero obviamente, si no la quieren, podemos movernos hacia un enfoque más confrontativo”, dijo al diario neoyorquino un funcionario republicano del Congreso que trabaja en el diseño de políticas para América latina. Funcionarios estadounidenses afirmaron que un grupo de trabajo integrado por varias agencias gubernamentales desarrolla una nueva estrategia hacia Caracas, a largo plazo y con una línea más dura. El N. Y. Times mencionó que entre las medidas consideradas se incluye un aumento del apoyo monetario norteamericano a grupos de negocios y fundaciones de opositores en Venezuela y pedirles a los países vecinos que tomen distancia de Chávez, que el año próximo podría ser reelecto por otro mandato de seis años. “Lo que está ocurriendo es que se dan cuenta de que esto (la relación con Caracas) se está deteriorando rápidamente y requerirá más atención”, dijo el funcionario republicano del Congreso. “La política actual de mirar hacia otro lado no está funcionando”, agregó.
Venezuela y Estados Unidos mantienen una relación conflictiva desde la llegada de Chávez al poder, en 1999. En reiteradas ocasiones, Chávez acusó a funcionarios militares norteamericanos acreditados en Caracas de involucrarse en un golpe de Estado que lo desplazó del poder por 48 horas en abril de 2002. También acusó a Washington de querer asesinarlo para controlar el petróleo de Venezuela –quinto exportador mundial de crudo–, que destina 1,5 millones de barriles diarios a Estados Unidos.
Según publicó el Times, funcionarios estadounidenses reconocieron que las vastas reservas petroleras venezolanas y los altos precios del crudo eliminaron la necesidad de préstamos estadounidenses y cualquier otra ayuda financiera que Washington podría utilizar como factor de negociación con Caracas. Como es uno de los cuatro principales proveedores de petróleo de Estados Unidos, “no es posible desdeñarlo”, dijo el funcionario del Congreso respecto de Chávez. “Está sentado sobre una fuente de energía crucial para nosotros.”
El mandatario venezolano dio por terminado este domingo un programa militar conjunto con Estados Unidos que llevaba 35 años. Además, estableció nuevos acuerdos energéticos con China, se reunió recientemente con el presidente iraní, Mohammad Jatami, y convocó a la creación de una milicia para defender Venezuela de agresiones externas. “Las recientes compras de armas por parte de Venezuela aumentan el desequilibrio militar entre los países andinos y no existe una justificación clara para las mismas”, aseguró el ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe, en un mensaje al Congreso, que ayer debatía el tema. “En estos momentos no existe una clara justificación para la adquisición de ciertos tipos de armas de alcance estratégico en una región que ha liderado la limitación en los gastos militares”, agregó la declaración del ministro Uribe. Venezuela compró a Rusia recientemente 100.000 fusiles de asalto AK-47 y 40 helicópteros y equipamiento militar naval a España, lo que ha desencadenado críticas de Washington y Bogotá, que acusan al mandatario venezolano, aliado de Fidel Castro, de poner en peligro la estabilidad regional.
El senador Hernán Andrade, del sector del Partido Conservador que respalda al presidente, dijo que el gobierno colombiano debe aclarar si existe colaboración judicial entre los dos países luego de la crisis diplomática que vivieron en enero por la detención, en Caracas, de Rodrigo Granda, un jefe de las FARC, quien fue transportado a la frontera, a cambio de una recompensa pagada por Bogotá.