En los últimos días, el sistema educativo chileno quedó en el ojo de una tormenta impulsada por cientos de miles de estudiantes secundarios que quieren terminar con lo que consideran un modelo “de mercado”. ¿Cómo funciona este sistema instaurado en el final de la dictadura de Augusto Pinochet?; las políticas de educación de los gobiernos de la Concertación, ¿beneficiaron o acentuaron el modelo impuesto a principios de los ochenta? Para Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, muchos de los problemas actuales tienen en su raíz el proceso de municipalización del sistema educativo, iniciado en 1980 y a través del cual el estado nacional delegó el control y financiamiento de los establecimientos escolares a los gobiernos municipales. El problema, según explicó Cornejo a Página/12, es que este proceso “no estuvo acompañado de una delegación de recursos, o de capacidades técnicas y de decisión” para hacerse cargo de tamaña tarea. “El Estado nacional simplemente se desentendió”, aseguró el investigador.

Esta política fue acompañada por una ley de Financiamiento, que introdujo el sistema vía subsidios por alumno, que descansa en la premisa de que son los padres los que deben velar por el nivel de la educación de sus hijos y por ello pueden elegir el establecimiento que mejor rendimiento tenga. De esta manera, el sistema empujaría a los colegios a una competencia para acaparar la mayor cantidad de alumnos, asegurándose así un mayor subsidio. El problema fue que esto no sucedió. Según explicó a Página/12 Carolina Velasco, una economista y experta en Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, la causa se encuentra en “la mala gestión” de los subsidios públicos, que por ejemplo son consumidos por establecimientos con bajo rendimiento escolar. Este es en parte el argumento de la oposición que llama a una reforma para liberalizar el sistema, para que la elección esté realmente en manos de los padres y no se financie la continuidad de establecimientos “malos”, que en la actualidad “jamás cierran”.

Para Cornejo la historia fue otra. Con el nuevo sistema implantado en los ochenta y consolidado en 1990 con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), se diversificó el tipo de establecimientos en cinco, por lo que ya se parte de una situación de competencia despareja. En primer lugar, los colegios privados que no reciben fondos públicos. Alrededor de la mitad de ellos pertenece a instituciones católicas y es el refugio de la elite chilena. El resto de los colegios se dividen entre los subvencionados públicos y privados. Todos ellos tienen lo que se llama un sostenedor. Esta es la figura que se encarga de recibir el dinero público y de administrarlo como mejor le parezca.

En el caso de los subvencionados privados, como el nombre lo indica, el sostenedor es un empresario o una empresa que tiene, por ley, la posibilidad de cobrar un plus a la familia y, además, si es un establecimiento católico, tiene la libertad de rechazar a un alumno si no pertenece a esa religión. En el caso del colegio subvencionado público, el sostenedor es el intendente del municipio en cuestión y no tiene ninguna de las dos prerrogativas antes mencionadas. La conclusión es que este último tipo de colegios, que además tienen pocos profesores calificados y mal pagos, son los que reciben todos los estudiantes que no pueden acceder a otros establecimientos. En un alto porcentaje, se trata de estudiantes con dificultades de aprendizaje o de sectores más pobres, acentuando la segmentación de los estudiantes según su condición social.

Los gobiernos de la Concertación no han atacado el problema de raíz. Sus políticas en materia de educación han rondado sobre la inversión localizada en los colegios más pobres, una reforma curricular y la Ley de Jornada Escolar Completa (JEC) de Ricardo Lagos. Las dos primeras tuvieron poco éxito en transformar el mal estado de los colegios públicos de las zonas más marginales o con mayor ausentismo.

La JEC, en cambio, “se implementó en algunos lugares bien y en otros no tanto”, según Cornejo. Sin embargo, su derogación se ha convertido hoy en una de las principales demandas de los estudiantes secundarios. Tanto Cornejo como Velasco coinciden en que las tres horas más que incluyó la JEC no han provocado una mejora en el rendimiento académico de los jóvenes. En realidad, sostienen ambos, “se hace lo mismo en más tiempo” y por eso los estudiantes están pidiendo rever esta situación, reorganizar las actividades e incluir otras más afines a sus intereses, como deporte, música o computación.

Informe: Laura Carpineta.