La crisis mexicana acaba de parir un nuevo movimiento guerrillero. Ayer, un grupo de encapuchados con armas apareció en las afueras del pequeño poblado de Santa Catarina Ixtepeji, en el estado de Oaxaca, en supuesto apoyo al movimiento magisterial que desde hace 100 días ha convertido a la ciudad de Oaxaca en virtual zona de guerra.

La víspera de que el presidente Vicente Fox rinda su sexto y último informe de gobierno en un Palacio Legislativo resguardado por el ejército desde hace 17 días, una docena de personas que vestían con ropa tipo militar y portaban armas de fuego distribuyeron un panfleto. “Celebramos con profunda satisfacción el despertar de las masas populares que irrumpen en las calles”, dice el panfleto, según reportó Notimex, la agencia de noticias gubernamental.

Oaxaca es territorio donde opera el movimiento guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) desde hace por lo menos 10 años, y es una entidad vecina a Chiapas, donde surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Ambas se encuentran en el sureste de México, donde la derecha perdió las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio. Sin embargo, el panfleto es firmado por seis organizaciones distintas: Brigadas Populares de Liberación, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, Organización Insurgente Primero de Mayo, Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina y Tendencia Democrática Revolucionaria.

A diferencia del 1º de enero de 1994, cuando el EZLN echó a perder los festejos por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con los que el oficialismo prometía hacer transitar al país hacia el Primer Mundo, esta nueva guerrilla surge en un contexto local y nacional de descomposición.

El país se encuentra sumido en un conflicto poselectoral protagonizado por el movimiento de protesta del candidato de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador, ante el cual los estrategas del presidente Vicente Fox han diseñado un “estado policial” en previsión de que “la violencia escale uno o dos peldaños” cuando la Policía Federal Preventiva reciba la orden de desalojar las avenidas bloqueadas y el Zócalo capitalino, por donde deberá marchar el tradicional desfile anual militar el próximo 16 de septiembre. Según análisis oficiales revelados por la revista Proceso, hasta el momento el ejército ha transferido ocho unidades militares a la PFP, que actualmente concentra a 3600 elementos en la Ciudad de México, “listos para cualquier operativo”.

Y en Oaxaca, lo que empezó hace tres meses como demandas salariales de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pasó a convertirse en la exigencia de varias organizaciones sociales –agrupadas en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca– para que renuncie el gobernador priista Ulises Ruiz. Las instalaciones gubernamentales locales fueron tomadas por manifestantes, incluidos el congreso del estado y el Palacio de Gobierno, así como 10 estaciones de radio privadas desde las cuales transmitieron durante días sus consignas.

En las últimas semanas, el conflicto ha causado la muerte de dos profesores, acribillados durante marchas que han sido dispersadas a balazos; otro cayó cuando elementos de la policía local dispararon una madrugada contra uno de los campamentos del movimiento. Versiones periodísticas refieren otros tres muertos en diversas circunstancias.

El gobierno federal ignoró la crisis en Oaxaca desde su origen, hasta que el martes pasado accedió a instalar una mesa de diálogo con representantes del magisterio y de la APPO.

El grupo armado que apareció ayer lo hizo justo cuando se encontraban reunidos por segunda vez el secretario de Gobernación y los dirigentes del movimiento oaxaqueño. La mesa se levantó nuevamente sin llegar a ningún acuerdo.