Mientras Juan Carlos Blumberg se acercaba a la Plaza de Mayo, el proyecto de reforma del Código Penal que el empresario pide “enterrar” recibía las últimas correcciones en un despacho del Ministerio de Justicia. La comisión de juristas que elaboró la propuesta dejó casi lista la versión definitiva, que no modificaría en su esencia los temas que causaron más revuelo: mantiene la despenalización del aborto en los tres primeros meses de gestación, elimina la reclusión perpetua, legaliza la tenencia de drogas para consumo personal y crea un régimen especial para los menores de 18 años. Un punto novedoso es que se elevaría la pena de la fellatio para equipararla con la violación.

El Gobierno quiere evitar poner el tema en primer plano, al menos antes de las elecciones. Más aún cuando el repertorio pro mano dura insiste en emparentar toda reforma penal “garantista” con la inseguridad. Blumberg sacó a relucir el tema en su discurso en la Plaza de Mayo y calificó a los expertos que armaron el anteproyecto como “locos” que “cambian lo que quiere la ciudadanía”. Hasta cuestionó con nombre y apellido al secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, quien coordinó la labor (ver página 3). La comisión, reunida en simultáneo, lo miraba por TV.

El grupo de juristas había fijado el 31 de agosto como fecha para terminar su tarea. Hicieron correcciones hasta la noche, pero recién entregarían el texto al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, la semana próxima. Iribarne ya había dicho que no es un asunto “prioritario” y no lo enviaría al Congreso. Cerca de él señalaron que “la idea es seguir usando mecanismos de consulta que abarquen los valores de toda la sociedad”. Los académicos, que habían sido convocados por el ministro anterior, Horacio Rosatti, apuestan a sostener el debate hasta que cuadre una reforma.

El objetivo central del plan para modificar el Código Penal es devolverles proporcionalidad a las penas. Actualmente, ilustran los penalistas, es más grave un delito contra la propiedad que ciertos homicidios. “Como venimos diciendo: las penas graves no solucionan el delito, sino un sistema penal que impida la impunidad”, dijo Carlos Chiara Díaz, miembro de la comisión. Otra meta es adaptar la ley a las convenciones internacionales de derechos humanos e incluir los delitos de lesa humanidad, como el genocidio y la desaparición forzada.

Cuando fue anunciado en mayo, el anteproyecto desató una fuerte polémica. Fue sometido a una consulta pública que terminó el 15 de agosto y que cosechó 7800 correos electrónicos –más de la mitad era una cadena antiabortista de inspiración religiosa– y casi 900 presentaciones en papel. En base a ese material se hizo el texto definitivo, que variaría poco en comparación con el primero:

- Elimina la reclusión perpetua y fija la pena máxima en treinta años (hoy puede llegar a cincuenta). Saca la “reincidencia”, pero prevé una amplia escala de penas.

- Propone la despenalización del aborto en los tres primeros meses de embarazo cuando “las circunstancias lo hicieran excusable” y lo legaliza ante cualquier violación. A la vez, castiga las lesiones dolosas al feto pero excluiría las culposas (causadas, por ejemplo, por negligencia).

- La fellatio sería equiparada con la violación, con penas de 4 a 12 años de prisión.

- El texto no menciona la “inimputabilidad” de los menores de 18 años, sino que para ellos prevé un “Régimen penal juvenil” específico. Es decir, no se les podría aplicar el Código Penal.

- Despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal, aunque apunta todo a perseguir a quienes producen y comercializan.

- Incluye nuevas razones para interrumpir la prescripción de las causas, penas atenuadas para la eutanasia, penas alternativas a la cárcel y la posibilidad de que las víctimas impulsen las investigaciones.