La Casa Blanca y los rebeldes republicanos en el Senado llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de ley que establece los procedimientos para interrogar y tratar a los sospechosos terroristas importantes, incluyendo campos secretos en el extranjero dirigidos por la CIA. Ayer, ambos lados proclamaban la victoria: la administración insistiendo en que ahora tenía las herramientas que necesitaba para proteger a la población, y los senadores –liderados por John McCain, el favorito para la nominación presidencial del partido para 2008– declarando que el acuerdo no contenía ningún cambio en el Protocolo de Ginebra existente que determina el trato que deben recibir los prisioneros de guerra.

El Washington Post, en su editorial de ayer, dice que es difícil creer la declaración de McCain, “ya que el acuerdo significa que las violaciones a la ley de derechos humanos internacionales por parte de Estados Unidos pueden continuar mientras Bush sea presidente, con el tácito asentimiento del Congreso”. Más importante –presumiendo que la medida pase antes que el Congreso entre en receso la semana que viene para las elecciones legislativas–, los republicanos habrán emparchado sus divisiones internas sobre el tema de su firma. Pero todavía pueden surgir problemas. Algunos republicanos del Senado estaban exigiendo legislación más dura que la versión ahora aceptada por el partido en el Senado y en la Casa Blanca.