Hace apenas un par de días, la Justicia chilena había desaforado y procesado a Augusto Pinochet por dos nuevos casos de secuestros y asesinatos en la causa de Caravana de la Muerte. Así se llamó al escuadrón de la dictadura que después del golpe recorrió el país matando a los principales dirigentes de los partidos de izquierda, unos 120 en sólo unas semanas. Como en esta causa, el ex dictador está procesado y enfrenta una posible condena en otras cinco: su responsabilidad sobre los crímenes y torturas cometidos en Villa Grimaldi, el peor centro clandestino; la megacausa originada por el descubrimiento de sus cuentas millonarias en el banco Riggs; los asesinatos en el marco de la llamada Operación Colombo en 1975; y las causas por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay y la desaparición del cura español Antonio Llidó Mengual.

Para uno de los abogados querellantes de las causas Riggs y Caravana de la Muerte, Alfonso Insulza, la muerte de Pinochet pondría un broche final a la impunidad que se instaló con la dictadura en 1973 y se reafirmó con el comienzo de la democracia en 1990. “La lentitud de los tribunales, la complejidad de los casos y las maniobras de la defensa para dilatar los procesos complotaron para evitar una condena”, aseguró Insulza en diálogo telefónico con Página/12. Para el abogado, si Pinochet vive un tiempo más, las condenas llegarán. “No hay dudas de su responsabilidad en la causa del banco Riggs y en más de uno de los juicios por violaciones de derechos humanos”, explicó. En las últimas semanas, los familiares de las víctimas de la dictadura pinochetista pronosticaban que no faltaba mucho para conseguir la primera condena con la causa de Villa Grimaldi, por la que fue detenido por última vez durante casi diez días.

Pero si llegara a fallecer en los próximos días, muchos de los juicios en su contra se verían debilitados, en el mejor de los casos. “No debería afectar. Sin embargo, no se sabe qué efecto psicológico y social podría tener la muerte de ‘el jefe’. Quizá baje el ritmo de las investigaciones sobre el resto de los imputados”, vaticinó. Lo cierto es que la muerte del ex dictador dejará zonas oscuras, que probablemente dejarán de ser investigadas: su participación real en las masacres y las detenciones y asesinatos en los centros clandestinos, su responsabilidad directa sobre los actos de corrupción y la supuesta venta ilegal de armas –dos de las presuntas fuentes de su millonaria fortuna, calculada en 26 millones de dólares–.

A pesar de la frustración que causaría la muerte de Pinochet entre los defensores de derechos humanos en Chile, en los últimos dos años los principales abogados, como Insulza, han conseguido avanzar a una velocidad inédita. El dictamen de los peritos que determinó, en octubre del año pasado, que el ex dictador estaba sano y lúcido cambió totalmente las expectativas en el país y abrió un sinfín de esperanzas, que ayer pendían de un hilo. Pero el avance de los últimos meses sirvió. “En Chile, ya no hay dudas. Pinochet es un dictador, un criminal y un corrupto. No lo condenó la Justicia, pero sí lo hará la historia”, sentenció el abogado de derechos humanos.