Nos acostumbramos a que suene extraño, hasta contradictorio. Sin embargo, Venezuela es una muestra de un gobierno que habla de revolución y asegura avanzar “rumbo al socialismo del siglo XXI”, sin dejar de jactarse de sus números macroeconómicos. Lo argumentan: un crecimiento del PBI en el 2005 del 9,3 por ciento y unas expectativas para que este año sea del 9, fundamentado en 12 trimestres consecutivos de expansión económica.

En esto, el petróleo es decisivo. Es por eso que, mientras los precios internacionales se mantengan como lo hicieron este año –el promedio supera los 50 dólares por barril, con picos de 70–, a Miraflores los números le cerrarán con comodidad. El objetivo es mantenerlo entre 50 y 55 dólares, algo que Chávez considera “justo”, para que sea rentable el crudo pesado de la Faja del Orinoco. La meta a mediano plazo es la búsqueda de eficiencia y la reducción de costos que le permita a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “funcionar a 26 dólares el barril”, según el titular del Ministerio de Energía, Rafael Ramírez.

Sin embargo, un dato que se soslaya es cuál era la situación en 1999, año en el que Rafael Caldera le pasó la banda presidencial a Chávez. En aquel entonces el barril costaba en el mercado mundial siete dólares. Este brusco cambio responde a causas multifactoriales: guerras como la de Irak o el Líbano que sembraron desconfianza entre los inseguros inversionistas y la política de la OPEP que busca frenar la oferta para que suba la demanda. Aun así, los chavistas aseguran que esta situación es mérito exclusivo de su líder. La actividad no petrolera vivió también en este tiempo un auge del 11,7 por ciento, según el Banco Central de Venezuela. La estrategia del gobierno consiste en el apoyo a las cooperativas locales y en establecer alianzas geopolíticas (con China, Rusia o Irán por tomar algunos casos) que impulsen un intercambio tecnológico para así diversificar su producción con la instalación, entre otros, de fábricas de tractores, de bicicletas y de autos.

Otro de los grandes objetivos es la búsqueda de la “soberanía alimentaria”, punto en el que la Argentina tiene particular importancia por su aporte tecnológico en materia agrícola y ganadera. También se impulsa la producción de cacao y café. Aun así, muchos sostienen que Venezuela es cada vez más dependiente de petróleo y que si mañana los precios se derrumbaran, la economía entraría en crisis.

La creciente expansión, que incluye el aumento del salario mínimo en septiembre último a 512.350 bolívares (unos 720 pesos), genera una ampliación en la demanda general de la población que la industria local no puede satisfacer. Entonces crecen las importaciones de manufacturas principalmente estadounidenses y colombianas, generando así una preocupante inflación que, con un acumulado del 13,4 por ciento de enero a octubre de este año, no va a poder cumplir con el 10 por ciento previsto por el gobierno. Esta, junto a la creciente burocracia, la corrupción y la política llevada adelante en materia de construcción de viviendas, son sin duda algunas de las deudas pendientes del gobierno bolivariano.

Por otro lado existe una baja sustancial del desempleo que en el 2003, después del paro petrolero que paralizó al país durante 63 días, fue de un 23 por ciento y en la actualidad llega, según cifras oficiales, a un 8,9 por ciento. Sin embargo, todavía el 45,2 por ciento de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Los buhoneros, que ya forman parte de la idiosincrasia caraqueña, son muestra inevitable de que la caída del 7 por ciento del empleo informal de 1999 al 2006, según el Ministerio de Trabajo, no es suficiente.

El lock out patronal que duró desde diciembre del 2002 hasta febrero del 2003 no sólo le significó pérdidas por 14.700 millones de dólares al Estado sino que destruyó las estadísticas sociales. Si en 1999 había en Venezuela un 55,4 por ciento de personas pobres, de las cuales un 24,7 por ciento vivía en condiciones de extrema pobreza, los acontecimientos señalados elevaron los porcentajes hasta el 61 y el 30,2 por ciento, respectivamente. Hoy en día los números dicen que el porcentaje de personas pobres es del 39,7 por ciento y el de extrema pobreza es de 12,9. De cara a la cuestión social, la estrategia gubernamental son las misiones a las que en el 2007 se les destinará el 44 por ciento del presupuesto nacional. Se trata de 20 iniciativas en todo el territorio nacional financiadas por el Estado que crean estructuras paralelas con el objetivo de solucionar problemas urgentes.