La defensa de los prefectos acusados del envenenamiento con cianuro de Héctor Febres sostiene que al represor no lo asesinaron, que se suicidó. En su apelación a la Cámara, los abogados del prefecto Rubén Iglesias transcriben el testimonio del médico de Febres, Víctor Giuliani, que declaró que en los últimos meses del año pasado Febres le pidió un veneno que no dejara rastro. El médico afirma que rechazó ese pedido, pero que a la siguiente visita Febres le preguntó: “¿Me trajiste algo?”. Es más, en esa oportunidad, el ex represor de la ESMA le confesó que tenía una inyección para matarse, pero que no se animaba. Para la jueza Sandra Arroyo, que dictó la prisión preventiva contra los prefectos Angel Volpi y Rubén Iglesias, Febres había manifestado varias veces que era creyente y que no tenía agallas para suicidarse. Además, no se encontraron restos de cianuro ni en el vaso de agua ni en ningún otro elemento del holgado camarote en el que vivía Febres. Y tampoco dejó una carta, algo que la magistrada evalúa como de máxima importancia en el caso. La realidad es que fueron las increíbles condiciones de privilegio las que permitieron que Febres fuera asesinado o se suicidara. Técnicamente se llama “muerte en custodia”, y la función del Estado es que un imputado llegue vivo a la sentencia y cumpla vivo la pena.

De acuerdo con la defensa de Iglesias, ejercida por Ernesto Marcer y Sebastián Shijman, todo indica que Febres se suicidó porque cinco días después sería condenado por el Tribunal Oral y trasladado a una cárcel común, donde –según dijo a varios testigos– su esposa e hija serían requisadas en las visitas como sucede con los familiares de cualquier preso. Eso lo consideraba una vejación. Pero también, tras la condena del Tribunal, Febres calculaba que los familiares de las víctimas de la ESMA iniciarían acciones civiles, con lo que pensaba que le embargarían el sueldo y sus bienes y que su esposa se quedaría sin sustento. El suicidio –dice la defensa de Iglesias– evitaba tanto la condena como la cárcel común y los embargos.

Marcer y Shijman citan extensamente al doctor Giuliani, con quien Febres mantuvo los diálogos sobre el veneno y la inyección, y que relata que el ex prefecto se le arrodilló delante pidiéndole entre lágrimas que lo ayudara. También se transcriben en la apelación los dichos de otros amigos y familiares como Marcelo Terigi, Alberto Bo-zzano, Rubén Astiazarán, Carlos Febres, su hermano, Roberto Goñi, Mirta Buades y Jorge Bullo. Todos coinciden en que estaba deprimido, aunque con ninguno habló taxativamente de suicidio. Insisten en que Febres estaba agobiado sobre su inminente traslado a Marcos Paz y porque empezaba a tener graves dificultades económicas. “Le habían embargado una caja de ahorro, pensaba que le iban a embargar el retiro, ya le habían suspendido la tarjeta de crédito y no tendría dinero para mantener a su familia”, relatan varios testigos del círculo íntimo del ex represor. Por el otro lado, quien descartó que Febres se haya quitado la vida es el sacerdote Diego Zupán, que apoyó su razonamiento en las fuertes convicciones cristianas del ex prefecto. Sin embargo, los abogados de Iglesias sostienen que hacía meses que Zupán no veía a Febres y que no conocía su estado psicológico.

La defensa argumenta que Febres no dejó cartas porque quería que la muerte pasara como una muerte natural. De esa forma no comprometía a la estructura de la Prefectura –que le concedió un sistema asombroso de privilegios–, ni a su familia, y evitaba una pesquisa sobre la forma en que obtuvo el cianuro. Además, se dice que su esposa iba a cobrar un seguro de vida de 80 mil pesos.

La jueza Arroyo descarta el suicidio. Considera que, con la cantidad de cianuro que apareció en el cuerpo, algún rastro hubiera quedado en un vaso u otro lugar del departamento. Arroyo dice también que es cierto que Febres empezó a evaluar el suicidio en 2002, pero que lo fue desechando y que los que lo vieron en las 48 horas previas a su muerte no percibieron un estado de desesperación. Es más, el deceso se produjo un domingo a la noche y él tenía previsto un almuerzo con su amigo Astiazarán el lunes. También un encuentro con sus abogados. Los letrados dijeron que Febres estaba incluso esperanzado con que no sería trasladado a una cárcel común hasta que la condena estuviera firme, o sea, en 2009 o 2010.

En concreto la defensa de los prefectos asegura que no hay ningún elemento directo que los vincule con la muerte de Febres y que todo indica que, ante la condena y los juicios económicos, se quitó la vida en el último fin de semana antes de la sentencia. Por ello piden la libertad tanto del prefecto Iglesias como del prefecto Volpi.

Las increíbles condiciones de privilegio de Febres aparecen mencionadas en forma reiterada por la jueza Arroyo y los defensores argumentan que eso no tiene que ver con la muerte del ex represor. Sugieren que se instruyan dos causas separadas. Lo cierto es que Febres vivía en un departamento del que tenía la llave, se comunicaba por teléfono y celular cuando quería, ingresaba la comida sin control, no se registraban las visitas, contaba con una computadora y otros privilegios que no tiene ningún preso en la Argentina. El periodista Horacio Verbitsky publicó en este diario la foto de Febres disfrutando de una piscina en una unidad de la Armada en Azul. Esas condiciones llevaron a que, vía homicidio o suicidio, Febres no estuviera vivo el día que iban a leer su sentencia. La Cámara de Apelaciones se va a pronunciar esta semana sobre esta historia de muerte y escándalo.