“Este tipo de cosas ofenden a la Argentina.” La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se expresó así sobre la revelación que Página/12 publicó ayer sobre el “Grupo de Contención” que montó la Armada para asesorar a los marinos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Para Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, esto demuestra que “la comunión que existe entre las Fuerzas Armadas de ayer con las de hoy”.

La asistencia que las fuerzas les ofrecen a los militares con procesos abiertos por su participación en la represión durante el último gobierno de facto provocó la indignación de los organismos de derechos humanos. Carlotto destacó que era “absolutamente intolerable que continúen con este tipo de acciones. Los jefes de las distintas fuerzas que están participando en esta etapa democrática, en vez de buscar la Justicia induciendo a los malos ejemplos que tienen entre ellos a que echen luz sobre lo que hicieron en esos años, les dan contención. Es intolerable”.

Como la presidenta de Abuelas, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, afirmó que “no puede ser que tengan abogados que los estén preparando para enfrentar los procesos. Es increíble que todavía se cobije a los genocidas y que encima se les prepare la defensa desde adentro mismo de las Fuerzas Armadas”. Y cargó las tintas en contra del doble discurso en el que “los jefes de armas hablan en los desfiles de que hay que integrarse, pero por lo bajo organizan la defensa de los genocidas. Se tiene que terminar con esto”, afirmó.

Este diario denunció ayer que en el edificio Libertad, sede de la Armada, funciona un equipo de marinos que realiza tareas de contención con las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por sus camaradas de armas durante la dictadura. El grupo trabaja bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, que depende de la Secretaría General de esa fuerza. Por una denuncia del Centro de Militares por la Democracia (Cemida), también se detectó que el Ejército montó una oficina con la misma función en la Dirección de Bienestar, donde reciben a los militares procesados.

Adriana Calvo, quien testimonió en el juicio que condenó por delitos de lesa humanidad al ex capellán de la Policía Bonaerense durante la dictadura Christian von Wernich, afirmó que éste es “un escalón más en lo que se viene descubriendo sobre la complicidad entre las Fuerzas Armadas actuales y los que participaron durante la dictadura. Desde el descubrimiento del espionaje político a civiles que hacía la Armada en la base Almirante Zar, en Trelew, una tras otra se vienen descubriendo las distintas maniobras que demuestran que todavía están activos”. Calvo dijo que no era para nada “sorprendente porque no hubo una depuración. En todas las fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, en la Policía Federal y en la provincial, tienen todavía represores en actividad. Y los que están detenidos en Campo de Mayo son custodiados por sus propios compañeros de armas”. Carlotto también apuntó que los militares gozaron “siempre de algún privilegio y esto se tiene que terminar. Este tipo de cosas ofenden a la Argentina”. Para Calvo, “estos hechos y el asesinato de (Héctor) Febres, por dar un ejemplo, dejan en claro que no sólo tienen una oficina que los apoya sino que también hay alguien que los manda a matar en caso de ser necesario”.