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El ex jefe del Departamento de Franquicias de la Cancillería, Jorge Matas, será convocado en los próximos días a prestar declaración indagatoria como sospechoso del delito de contrabando agravado. Como es un delito considerado no excarcelable por buena parte de los jueces, Matas se convertiría en el primer detenido de la causa de los autos comercializados en la Argentina con el uso irregular de franquicias diplomáticas. El juez Jorge Brugo, que instruye la causa, tiene la documentación en la que basará la imputación. Matas firmó la circular que excluye a las supercamionetas Hummer del listado de vehículos para uso diplomático, pero al mismo tiempo aparece firmando franquicias que permitieron ingresar esos vehículos a la Argentina sin el pago de los impuestos correspondientes, o sea a menos de la mitad de su valor. Como se trata de la utilización de un ardid para eludir las disposiciones arancelarias y participa en la maniobra un funcionario público, el delito es contrabando agravado, que tiene una pena de cuatro a diez años de prisión. En la mira, y con altísimas chances de ser igualmente detenidos, hay varios intermediarios y dueños de concesionarias que aparecen involucrados en la maniobra.

Brugo es un juez retirado que aceptó volver de la jubilación por pedido del Consejo de la Magistratura. Tiene un sólido prestigio y se lo conoce como “el cowboy del fuero Penal Económico”. Todos coinciden en que es un duro. Paralelamente, la investigación tuvo el protagonismo de la fiscal María Luz Rivas Diez que, según dicen en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes, está muy a la ofensiva en la causa, pidiendo una medida tras otra.

Hasta ahora, el trabajo de Brugo y Rivas Diez se centró en juntar toda la documentación que se pudo secuestrar en la Cancillería, en las oficinas de los intermediarios, varios escribanos, las concesionarias y lo aportado por numerosos tenedores actuales de los superautos. En total, se realizaron 55 allanamientos, encontrándose, por ejemplo, detalles asombrosos: varios vehículos están registrados en poco habituales municipios del interior del país, cuyas patentes son más baratas. Es decir que el mismo titular que gasta fortunas, por lo general más de cien mil dólares, en tener un vehículo muy exclusivo, intenta ahorrar unos cientos de pesos radicando el coche en ciertos y determinados municipios donde le cobran menos patente.

Según dicen en Tribunales, Brugo no sólo llamará a declarar a Matas, sino que también citaría a su superior, el director nacional de Ceremonial, Marcelo Pujo; al sucesor a cargo de Franquicias, Eduardo Michel, desplazado de su cargo en forma reciente, y a las secretarias y empleados que intervinieron en los trámites con los que se aprobaron las franquicias para un listado de 92 vehículos Hummer H2 y H3, Porsche y un Lamborghini. Se trata de la primera nómina surgida del sumario ordenado por el canciller Jorge Taiana y que derivó en la denuncia inicial, con el consiguiente desplazamiento de Matas.

En principio, la investigación viene demostrando que los compradores locales no se vieron beneficiados en el precio, sino que consiguieron tener un vehículo muy ambicionado e imposible de obtener en el país (ver aparte). Sólo en algún caso lo pagado significó un ahorro para el comprador. De todas maneras, la hipótesis de la pesquisa es que las ganancias de la maniobra se las quedaron los intermediarios, que les habrían comprado a los funcionarios de Cancillería los cupos de franquicias, los diplomáticos a cuyo nombre se trajeron los autos y que cobraron por ello, y las concesionarias, que participaron en la parte final de la venta al comprador.

Algunos de los intermediarios investigados son Pablo Rodríguez, señalado como el que tiene más operaciones realizadas, Néstor González y Gregorio Briongos. Los funcionarios del juzgado, que ya allanaron sus distintas oficinas, se sorprendieron con lo ocurrido en el caso de González. Cuando entraron en uno de sus domicilios se encontraron con un piso íntegramente quemado, es decir que los papeles, carpetas y demás elementos fueron arrasados por el fuego. Lo asombroso es que, según parece, las llamas se descontrolaron y el incendio afectó a la propiedad misma. La desaparición de documentos se repite de forma increíble en el caso (ver aparte).

Como ya adelantó este diario en su momento, el juez seguramente hará una distinción entre los actuales titulares de las Hummer y Porsche. De un lado quedarán los que compraron de buena fe vehículos que ya estaban en la Argentina y los vieron en la vidriera de alguna concesionaria. Del otro lado, con el riesgo de perder su libertad, hay varios ricos y famosos que recibieron la unidad no bien llegó al país, es decir que hay evidencias de que se hicieron traer el vehículo pese a la prohibición –en el caso de las Hummer– y usando la franquicia diplomática. Se menciona a más de una personalidad del mundo artístico y del deporte. Incluso se habla de un superfamoso que se habría enterado de la investigación en Cancillería y vendió su Hummer dos meses después de haberla conseguido.

Brugo y Rivas Diez buscaron numerosas formas de conseguir la documentación. De la Cancillería se llevaron varias computadoras, pero también todos los sellos que tuvieron relación con el trámite de las franquicias. De acuerdo con las normas, los vehículos no se podían vender hasta transcurridos nueve meses de ingresados al país por el diplomático. Sin embargo, existe la sospecha de que se usaron sellos apócrifos con los que se alteraban las fechas.

En los allanamientos se encontraron varios poderes firmados por diplomáticos a favor de particulares. Esta sería una prueba nítida de que el auto se trajo para el particular, porque mientras transcurría el tiempo que fija la norma –los nueve meses–, el comprador usaba la Hummer o el Porsche, pero lo manejaba exhibiendo el poder otorgado por el diplomático. Algo similar ya se había hecho en tiempos de la maniobra con autos con franquicias para discapacitados. A una persona con discapacidad lo colocaban como titular, pero el comprador usaba el Mercedes Benz o el BMW con un poder firmado por el discapacitado.

A lo largo de la pesquisa también se detectaron facturas truchas, en los que se alteraron los datos, tanto del comprador como de la fecha. Una parte clave de la investigación está en las concesionarias, porque varios de los vehículos se trajeron para vender en esas agencias, sabiendo que traídas a la Argentina se conseguiría un comprador con facilidad. Este diario adelantó que Minujen, Machines, Manrique Automotores figuran en el listado de concesionarias sospechadas.

Plasmada en los diez cuerpos que ya tiene el expediente, está la documentación que va a servir de base para las acusaciones. Se ha pedido a las agencias, principalmente de Estados Unidos, que revelen quién pagó cada vehículo, es decir de qué cuenta salió el cheque o giro para comprar los superautos. Allí podría haber indicios sobre quién era el verdadero destinatario. Es difícil, por ejemplo, que un diplomático ruso o boliviano haya librado el cheque para comprar la unidad en Miami. Ese cheque seguramente provino del real comprador.

También Brugo indagó sobre los services que se le hicieron a los vehículos. Es muy probable que las facturas hayan sido pagadas por los verdaderos dueños de las unidades. Quienes trabajaron en el caso de las franquicias para discapacitados recuerdan otras formas en las que se buscó acreditar que el minusválido no era el verdadero dueño, sino que el auto pertenecía y era usado, ya de entrada, por un particular. Lo mismo se aplicaría en este caso:

- Los sistemas de rastreo satelital dan un indicio. Preguntarles a esas empresas quién contrató el servicio puede dar pistas.

- Verificar las multas de tránsito también puede aportar pruebas. Es que seguramente el verdadero dueño estaba manejando la camioneta o el auto.

- Llamar a declarar a empleados y porteros de edificios permite saber quién manejaba la unidad, quién la estacionaba.

Con toda la documentación que hoy Brugo y Rivas Díez acumularon en el expediente, se iniciará esta semana la convocatoria a indagatoria. El primero, Jorge Matas, tiene todas las de perder. No se lo considera un funcionario de tercer nivel, porque aparece firmando circulares en las que se dictan normas, como la prohibición de traer Hummer o Porsche para uso diplomático. Es que, como es obvio, no son vehículos apropiados para el traslado oficial de embajadores o encargados de negocios. Pero mientras firmaba aquella prohibición, figura su rúbrica en la autorización de franquicias precisamente para esos superautos o supercamionetas. Si a eso se agregan los sellos con las fechas alteradas y la desaparición de los expedientes, el cuadro de sospecha parece completo. Quienes conocen a Brugo afirman que para él se trata de un delito no excarcelable, por lo que el llamado a indagatoria seguramente irá de la mano de la detención. Y todos aseguran en Tribunales que no será para nada el único detenido.