El juez Alfredo Bisordi presentó su renuncia. Se fue después de conseguir que le otorgaran su jubilación. Quedará en un cajón el pedido de juicio político en su contra que presentaron hace un año organismos de derechos humanos por trabar las causas contra represores. Desde septiembre ya no presidía la Cámara de Casación Penal. Abandonó ese cargo porque sus compañeros del tribunal se negaron a ascender a su sobrina y a su mujer. El 31 de marzo, cuando se haga efectiva la renuncia que entregó el 29 de febrero, dejará de ser magistrado.

Bisordi se convirtió en un emblema de los jueces vinculados con la última dictadura. Cuando se reabrieron los expedientes sobre el terrorismo de Estado tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, organismos de derechos humanos lo recusaron. El contestó ese escrito calificando a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, como “delincuente terrorista”. Esas palabras le valieron un pedido de destitución que el Consejo de la Magistratura convirtió en una simple falta disciplinaria.

En febrero del año pasado, Página/12 publicó que la Cámara de Casación, el segundo tribunal del país después de la Corte Suprema, se había convertido en el “tapón” para los expedientes sobre los crímenes de la última dictadura. En ese momento, había en esa Cámara casi 200 recursos vinculados con causas de terrorismo de Estado que esperaban ser resueltos. Algunos de ellos estaban allí hacía más de tres años. Un par de semanas después, 61 sobrevivientes de la última dictadura se presentaron en el Consejo y no sólo pidieron la remoción de Bisordi sino también la de otros compañeros suyos en la Cámara de Casación. Esa denuncia es la que estaba en curso. La demora de ese trámite (dividieron el expediente, mandaron a hacer auditorías) le garantizó al magistrado una salida elegante.

Las trabas y acusaciones, de todas formas, no alcanzaron para catapultar a Bisordi a la fama. Fue el discurso del ex presidente Néstor Kirchner el 24 de marzo pasado el que lo convirtió el protagonista. En esa oportunidad, Kirchner se quejo por la demora en los juicios contra los represores y pidió que el Consejo de la Magistratura tomara cartas en el asunto. En el Poder Judicial algunos tomaron el discurso como una “injerencia” del Ejecutivo. Bisordi aprovechó para confrontar. Dijo que el ex presidente buscaba la “suma del poder público”, y sostuvo que en 40 años (dictadura incluida) nunca había visto “una intromisión en la labor de los tribunales” como la de Kirchner.

La pelea con el ex presidente le sirvió al magistrado para aparecer en los diarios. Pero no mejoró mucho su situación. De hecho, sus colegas en la Cámara de Casación, incluidos algunos de los que figuraban en la denuncia en el Consejo, le reprocharon su exposición. Las relaciones con los integrantes del tribunal empeoraron con los meses. Tanto es así, que en septiembre Bisordi decidió no seguir como presidente de la Cámara. Es que ya de salida, el juez había querido mejorar la situación de su mujer y su sobrina (Déborah Betina Silva y María Dolores Carbia,) que trabajan en la Cámara de Casación, y sus compañeros se lo impidieron. “Se ha generado en mí un profundo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal”, aseguró Bisordi en el texto de aquella renuncia.

El juez siguió conviviendo con sus colegas y lo seguirá haciendo hasta el 31 de marzo. Entregó la renuncia al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, el 29 de febrero, tres días después de conseguir su jubilación. Había cumplido 60 años el 18 de febrero.

“En marzo, habíamos pedido en una audiencia oral en el Consejo de la Magistratura que no esperaran a que Bisordi renunciara. Lo tenían que echar. Creemos que estaban dadas las condiciones para configurar mal desempeño. La decisión del Consejo fue política. Lo que podemos sacar en limpio es que deja el tribunal y eso no es menor. Esperamos que la renuncia sea rechazada para que pueda terminar el juicio político y solicitamos que el Consejo siga el trámite contra los otros magistrados denunciados”, señaló a este diario el abogado Rodolfo Yanzón, quien hizo la presentación en el Consejo.

Su trabajo para que no avanzaran los juicios contra los represores no fue el primer cuestionamiento en la carrera de Bisordi. En 1999 la DAIA lo denunció porque consideró que había tergiversado (junto a sus compañeros de sala) en forma intencional hechos sujetos a su juzgamiento para proteger a neonazis que habían atacado a un hombre mientras le gritaban “heil Hitler” y “mueran los judíos”. Como secretario de la Corte Suprema, fue el ideólogo de la “teoría de la implosión” en la Embajada de Israel, que apuntaba a que la bomba la habían puesto las víctimas.

El currículum del juez además incluye la renuncia, a una semana de ser nombrado, al cargo de adjunto del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas. Strassera dijo que Bisordi reivindicaba métodos de la represión ilegal. La Asociación de Abogados impugnó su nombramiento como miembro de la Cámara de Casación, pero Bisordi la desestimó con el argumento de que sus acusadores eran “marxistas”. Ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Bisordi justificó la subordinación de la Justicia a los militares durante la dictadura y se quejó de que el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país” porque las Fuerzas Armadas pagaron los abogados defensores.

Uno de los últimos actos de Bisordi antes de irse fue defender a su secretario Daniel Enrique Madrid, acusado penalmente por una irregularidad cometida en una causa por apropiación de un menor durante la última dictadura. Bisordi le reprochó a Juan Fégoli, quien lo reemplazó en la presidencia del tribunal, por abrir un sumario contra su empleado. La discusión se llevó a cabo en un pasillo de los tribunales de Comodoro Py. Dicen los que la presenciaron que casi termina a los golpes.