Desde Madrid

La Audiencia Nacional española autorizó ayer la extradición a Buenos Aires del ex represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo para que pueda ser juzgado en la Argentina. La decisión fue tomada en un auto en el que el tribunal acordó archivar la causa que Cavallo tiene pendiente en España, sobreseyéndolo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la última dictadura militar. La acusación particular representada por el abogado Carlos Slepoy anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo en disconformidad con la medida, para que se continúe el juicio en Madrid y además pedirá al Consejo de Ministros que retrase la entrega hasta que el máximo órgano de la Justicia se pronuncie. Pero si nada se interpone en su camino, Cavallo será trasladado a Buenos Aires en el plazo de un mes.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había autorizado la extradición el pasado 29 de febrero, pero la decisión final le correspondía al tribunal.

Cavallo estaba en prisión en España desde 2003 cuando fue extraditado desde México, donde fue descubierto por sus víctimas cuando se desempeñaba como funcionario del Registro Nacional de Vehículos (Renave).

El abogado de la acusación particular en Madrid, el argentino Carlos Slepoy, lamentó la decisión, aunque aclaró a Página/12 que “el hecho de que Cavallo sea extraditado es positivo, incluso se puede interpretar que durante estos casi ocho años haya estado en prisión en custodia de la Justicia internacional. Nosotros no nos oponemos a la extradición, sólo pedimos que primero se lo juzgue aquí donde el proceso está mucho más avanzado”. Slepoy anticipó ayer que presentarán un recurso “ante el Tribunal Supremo y que luego, con ese recurso, recurriremos al Consejo de Ministros para que atrase la extradición, que según los plazos debería llevarse a cabo aproximadamente en un mes, hasta que el Supremo decida”.

En la Argentina los organismos de derechos humanos prefieren que los juicios se realicen en el país pero, en este caso, no ven con malos ojos que se haga primero en Madrid. “Por principio debería regir la subsidiariedad, es decir que los acusados sean juzgados en la Argentina y que la jurisdicción universal quede reservada a los casos en los que no haya procesos en el país. Pero no se trata de una regla que haya que aplicar a rajatabla. Como el juicio en España está avanzado y aquí no están siendo del todo eficaces, es mejor que haya una condena rápida y segura”, señaló Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS.

El presidente de la sección tercera de la Audiencia, Alfonso Guevara, justificó la decisión de permitir el traslado de Cavallo a la Argentina argumentando la necesidad de dar “absoluta prioridad” al país donde se cometieron los delitos de lesa humanidad y para permitir la “necesaria unidad en el enjuiciamiento de otros procesados”, en una clara referencia al resto de los juicios que se llevan a cabo en el país contra los responsables de los crímenes cometidos por la última dictadura. La Justicia española puso especial énfasis en estos procesos cuando regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ahora que la situación se modificó, Madrid tiende a sentar precedente a favor de la Argentina.

Cavallo fue detenido en México en agosto de 2000 después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara su detención. En junio de 2003, el represor fue extraditado a España y en 2006 el juez argentino Sergio Torres solicitó la entrega del imputado a la Argentina.

De haber sido juzgado en Madrid, a Cavallo le hubieran caído como mínimo 13.332 años de cárcel. La fiscalía española solicitó 17.010. De todos modos, nadie puede pasar más de 20 años en una cárcel española por más que su condena haya sido de varios miles de años en prisión.