Uno viajó a Rawson y se puso a disposición del juez, el otro está prófugo. Esta es la situación de los dos nuevos imputados de la causa por la masacre de Trelew, el brigadier mayor retirado Ezequiel Martínez y el ex ministro de Defensa Eduardo Aguirre Obarrio, ex funcionarios de la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, acusados como autores mediatos del fusilamiento de los 19 presos políticos que se habían fugado del penal de esa ciudad, en agosto de 1972. Martínez se presentó ayer en el juzgado de Hugo Sastre, acompañado por su hijo, y dijo padecer serios problemas de salud. El magistrado le concedió el beneficio del arresto domiciliario y lo indagará en Buenos Aires. Aguirre Obarrio presentó un escrito ante la justicia federal porteña pidiendo eximición de prisión.

Tras haber procesado a cinco marinos como autores materiales de la masacre, el juez Sastre decidió avanzar en la cadena de mandos hacia los responsables intelectuales. En tal sentido, emitió el jueves una orden de captura nacional para que Martínez y Aguirre Obarrio fueran apresados. La Policía Federal acudió al primer domicilio que le proporcionó la Justicia, que resultó ser un estudio jurídico donde no encontraron al ex ministro de Defensa de Lanu-sse. Si no se presenta en forma espontánea en el juzgado de Rawson, y hasta que la policía lo encuentre, su condición es la de prófugo. El escrito que entregó su abogado, Miguel Almeyra, ante el juez federal Ariel Lijo, que estaba de turno hasta hoy, debió hacerlo llegar al despacho de Sastre, explicó a Página/12 una fuente judicial. Además, esa iniciativa puso en evidencia que está al tanto de que lo requiere la Justicia. Lijo remitió por fax el pedido de eximición de prisión a su colega chubutense. Almeyra invocó problemas de salud de su defendido, que tendría más de 80 años. Aguirre Obarrio fue abogado del brigadier Jorge Isaac Anaya en el Juicio a las Juntas y defendió al ministro de la Corte Eduardo Moliné O’Connor en el Jury que lo destituyó.

El brigadier retirado Martínez –ex secretario de Planificación de Lanusse y ex candidato presidencial en 1973– apareció ayer en el juzgado federal de Rawson, acompañado por su hijo, que es abogado pero no ejercerá su defensa. De hecho, una fuente local comentó a Página/12 que Martínez se puso en contacto con los defensores oficiales para afrontar la indagatoria. El juez Sastre accedió a interrogarlo en Buenos Aires, y lo hará cuando viaje para concretar el mismo trámite con el general retirado Eduardo Betti, designado jefe de la zona de emergencia decretada luego de la masacre, y del capitán de navío Jorge Enrique Bautista, de 82 años y con problemas cardíacos, que instruyó el sumario que plasmó la versión oficial por orden del almirante Hermes Quijada. Martínez fue director de Líneas Aéreas del Estado (LADE) en 1968, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre marzo y octubre de 1971 y luego ejerció como secretario de Planificación de la Junta Militar de Lanusse.

Las capturas de Martínez y Aguirre Obarrio fueron pedidas al juez por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por considerar que formaban parte de la cadena de mandos que decidió el asesinato de 16 detenidos políticos y la tentativa de homicidio de otros tres.