Roberto Zárate Barrios, el primer empleado de la Cancillería indagado como sospechoso de la importación irregular de autos diplomáticos de lujo, dijo que no tuvo nada que ver con la maniobra investigada, pero comprometió al ex director de la Dirección de Franquicias, Jorge Matas y a sus secretarias. Barrios trabajaba en la mesa de entradas de ese sector del Ministerio de Relaciones Exteriores y confirmó que casi a diario visitaba la dependencia Pablo Rodríguez, señalado como gestor en la venta de autos libres de impuestos.

Barrios declaró ante el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Patricio Evers, quienes le imputan haber integrado una asociación ilícita que conseguía autos costosos con permisos diplomáticos y los nacionalizaba en tiempo record para venderlos en el mercado local. Según los investigadores, Barrios se encargaba de parte del papeleo en los trámites de las franquicias para personal de embajadas y consulados, pero no era un personaje determinante.

Al ser interrogado ayer, según dijeron allegados a la causa, el hombre intentó despegarse de cualquier ilícito, pero le apuntó a otras personas, señaladas como parte de la misma organización. Dijo, por ejemplo, que le llamaba la atención que otras empleadas tuvieran acceso a bienes costosos que no guardan relación con sus ingresos. Aludía a la secretaria de Matas, María Cristina Santander, y su hija, Marisol Rodríguez. Madre e hija habrían reconocido en un sumario interno de la Cancillería que tienen un parentesco cercano con Rodríguez, el gestor que según testimonios de otros empleados era un habitué de la Dirección de Franquicias, donde solía reunirse con Matas.

Barrios confirmó que la presencia de Rodríguez en la Cancillería era cotidiana. Según consta en el expediente, actuó como intermediario en la importación irregular de al menos siete autos con franquicias de funcionarios de las embajadas de Rusia, Bielorrusia y Cuba. Uno de los vehículos era un Audi que apareció en poder de la esposa de Matas.

Santander y su hija estaban citadas a indagatoria para hoy y mañana, pero las audiencias fueron suspendidas hasta nuevo aviso. El motivo: que la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico le pidió a Oyarbide el expediente íntegro. Ese tribunal es el que debe resolver el conflicto de competencia que se planteó a partir de que un juez de ese fuero, Jorge Brugo, reclamó centralizar la investigación sobre las franquicias diplomáticas. Brugo sostiene que el delito que se habría cometido es –como denunció la Aduana– el de contrabando, más grave que los que se investigan en el fuero federal. Oyarbide considera que sería prematuro desprenderse de su expediente. La Cámara puede decir que vaya todo a un solo juez o habilitar que las dos causas sigan en paralelo. La definición no demoraría.