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“Lo más importante es que la gente ya no es indiferente. Está repodrida de que algunos se llenen de plata y los demás tengamos que hacer malabarismos para sobrevivir”, decía eufórico Cándido González, secretario de la Cooperativa Chilavert, en los pasillos de la Legislatura porteña. Los trabajadores de la Chilavert y la cooperativa Vieytes no esperaron a salir del edificio de Perú 124 para festejar. Con abrazos de esos que recuerdan a los reencuentros entre viejos amigos, aplausos efusivos y gritos de entusiasmo los empleados de ambas fábricas reapropiadas celebraron orgullosos una conquista que a partir de ayer convirtió en histórica la batalla por los puestos de trabajo. “Todos estos meses fueron muy extraños. Es difícil pensar que en un país que está tan mal se haya hecho realidad gran parte de nuestro sueño”, sostenía ante Página/12 Daniel Gomory, de la Vieytes, que no dejaba de agradecer a las asambleas barriales y las cooperativas “porque estuvieron en los momentos más jodidos”.
El festejo unido de los trabajadores que asistieron a la aprobación de la Ley de Expropiación reflejaba un trasfondo de lucha con muchas coincidencias. Tanto sus nombres adoptados por las calles donde se encuentran las hoy ex sociedades anónimas, como la pelea desigual con las patronales y los obstáculos legales para conformarse como cooperativas y continuar funcionando, fueron puntos que los identificaron, sin mencionar el hecho de haberse constituido en los primeros dos casos de expropiación de fábricas ocurridos en la historia de la ciudad de Buenos Aires. “Sabemos que es algo único, pero la lucha no termina acá. Vamos a tener que ser muy inteligentes para afrontar todo lo que se nos viene y ayudar a otros compañeros que tengan que pasar por lo que pasamos nosotros, que no fue fácil”, comentaba al respecto Gomory.
Ghelco SA –hoy Vieytes– supo ser hasta no hace mucho la mayor productora nacional de insumos para heladerías y confiterías. Con 250 empleados, vivió su época de esplendor en los ‘80 y principios de los ‘90. Sin embargo, un creciente endeudamiento y la pérdida de clientes en el exterior, más una pésima administración de las ganancias según la visión de los trabajadores, complicaron al extremo su situación, lo que derivó en sucesivas medidas de reducción del personal. Sin embargo, el golpe más duro llegó apenas comenzado el 2002. Fue el 10 de enero último, cuando los 91 empleados, entre trabajadores de planta y administrativos, se encontraron con las persianas bajas y una noticia poco agradable: estaban suspendidos hasta el 11 de febrero sin goce de sueldo. “Sólo quedó trabajando el personal jerárquico y algunos de administración. Los demás estábamos en la calle”, contó Manuel Ojeda, quien hasta entonces trabajaba como operario en el envasado de baños y coberturas de chocolate, con un sueldo que rondaba los 600 pesos.
Pero las sorpresas no terminaron allí: a los 30 días Ojeda y sus compañeros no pudieron siquiera ingresar a la fábrica de Vieytes 1743, en Barracas. “La entrada tenía una faja de clausura y ahí nos enteramos de que se había decretado la quiebra”, agregó Gomory, dedicado a la molienda del azúcar. Empezó entonces un largo proceso durante el cual los 46 trabajadores debieron presenciar el vaciamiento de la fábrica –sus dueños secuestraron maquinarias y computadoras– y soportar los obstáculos judiciales para constituirse como cooperativa y hacerse cargo de los bienes. “Lo primero que hicimos fue acampar en la puerta para evitar que se llevaran más máquinas y establecer una asamblea permanente. Después, con el apoyo del Movimiento de Empresas Recuperadas y de las asambleas barriales, conformamos la cooperativa. Hasta que el 29 de agosto conseguimos el permiso especial y reinauguramos la fábrica”, detalló Gomory. Aquel día, unas 400 personas asistieron a la reapertura y recibieron una dulce retribución por su apoyo desinteresado: “Le dimos un helado de chocolate y crema para cada uno”, contaron los empleados.
La historia de la gente de la Chilavert –ex Imprenta Gaglianone–, aunque involucró a tan sólo ocho impresores gráficos no estuvo exenta demomentos de mucha tensión. Los dueños de la empresa ubicada en Chilavert 1136, en Pompeya, presentaron la quiebra el 10 de mayo pasado, con la planta tomada por los empleados debido al atraso en los sueldos. “A mí todavía me deben 33 mil pesos de los últimos dos años”, detalló con bronca Cándido González, que pasó 42 de sus 58 años adentro de la imprenta. En este caso, la resistencia de los trabajadores por no perder su fuente laboral se vio amenazada con dos intentos de desalojo y represión policial, ambos detenidos a tiempo gracias a la intervención de los vecinos. “Fueron momentos terribles. Por suerte ya los superamos. Ahora esperamos que el juez de la causa adopte la nueva ley y nos permita trabajar”, agregó González, mientras sueña con la vuelta a la actividad.

Producción: Darío Nudler.