EL PAíS › EL NEGOCIO DE LAS EXPORTADORAS Y LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR

Otros eslabones de la cadena

El lockout patronal en el campo estuvo concentrado en los reclamos de los productores, pero poco se mencionó el papel que juegan en el sector las multinacionales exportadoras. Y casi nada el rol central que tienen los trabajadores de la actividad.

El embuste de las cerealeras

Opinión
Por Mario Cafiero *

Un nuevo enfoque para la solución al gravísimo conflicto planteado entre el Gobierno y el campo: revisar cuánto se llevan de la torta las cerealeras. Estas exportadoras practican un monumental engaño al liquidarle al productor de una forma y a la AFIP-Aduana de otra, quedándose con una sideral diferencia.

Al momento de comprar en el mercado interno las cerealeras descuentan al productor/vendedor la alícuota correspondiente de retenciones aplicada sobre precio FOB (Free On Board), cuando la ley establece que debe aplicarse sobre el precio neto que recibe el productor (a este precio se lo denomina como precio FAS, acrónimo de Free Along Shipping, al que hay que sumarle los gastos de comercialización).

Por ejemplo, para una operación de exportación de soja a 500 dólares FOB las cerealeras descuentan Derechos de Exportación por un 43 por ciento al precio FOB, o sea 215 dólares, y por lo tanto liquidan un neto para el productor de 285 dólares.

Pero conforme el Código Aduanero (artículo 737), los Derechos de Exportación deben aplicarse sobre el precio neto que percibe el exportador/productor y no sobre el precio FOB. Por lo tanto el Derecho de Exportación a cobrar legalmente sería de: 500(500/1,43)= 150 dólares, y por lo tanto el precio neto que debería recibir el exportador/productor debería ser de: 500-130= 350 dólares.

Es decir, la cerealera le dice al productor que tiene que pagar al Estado 215 dólares, cuando en realidad luego liquida impuestos por 150.

Según el diccionario, un “embuste” es una mentira grande y tosca. Aunque cueste creerlo esto es así.

Si tenemos presente que durante el año 2006 las retenciones promedio fueron (la sección II del Nomenclador) del 19 por ciento y en el 2007 un poco menos del 23, lo efectivamente recaudado por la AFIP se acerca al cálculo de la retención aplicada sobre el precio FAS y no sobre el precio FOB. O sea que las cerealeras estarían liquidando sobre el valor FAS y no sobre el valor FOB que les dicen a los productores.

A este engaño se suma la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que publica diariamente desde enero del 2007 el precio FAS al productor, aplicando la misma metodología que usan las cerealeras.

El calificativo de engañoso también le cabe a la resolución 125 de marzo que dispuso el aumento de las retenciones móviles de los productos agrícolas, ya que en dicha resolución, innovando absolutamente en relación con las normas anteriores, no se habla de los nuevos Derechos de Exportación que recaen sobre los granos, sino de la “alícuota del Derecho de Exportación” que corresponde a ellos. Y esta innovación no es ingenua, dado que con ella evidentemente se ha tratado de disimular el nivel al que se han elevado las retenciones agrícolas.

Las nuevas retenciones móviles anunciadas significan para el complejo cerealero un promedio del 38 por ciento. Los economistas estiman que las exportaciones del complejo pueden alcanzar los 35.000 millones de dólares. Las cerealeras les van a descontar a los productores un 38 por ciento sobre el valor FOB, o sea, 13.448 millones de dólares, pero en definitiva le van a liquidar al fisco un 38 por ciento del valor FAS, aproximadamente 9732 millones dólares. Con el aumento de las retenciones la diferencia que embolsarían las cerealeras sería del orden de los 3715 millones de dólares. Son cifras increíblemente grandes, que deben analizarse e investigarse. Este podría ser un punto importante para buscar un nuevo enfoque para la solución al gravísimo conflicto planteado entre el Gobierno y el campo: revisar cuánto se llevan de la torta las cerealeras, que casualmente no han dicho ni mu.

* Ex diputado nacional.

Los obreros tienen la palabra

Opinión
Por Adrián Dávalos *

El reclamo de retrotraer la modificación de las retenciones a las exportaciones al nivel anterior al 11 de marzo, sostenido por medidas de fuerza de los productores del agro, obliga a un pronunciamiento habida cuenta de que los trabajadores se ven afectados doblemente: por el alza del precio de los alimentos y la posibilidad de suspensión del trabajo por falta de materia prima. Los obreros aceiteros, y de otros gremios, somos parte principal del proceso productivo que encuentra en la exportación su etapa final.

Sin el trabajo de los obreros nada del producto del campo –como gusta decirse ahora– serviría prácticamente para algo, pues ni sería transportado, ni transformado, ni conservado y mucho menos exportado. En todo ese proceso productivo se pagan salarios que no alcanzan a cubrir el salario mínimo vital, según define la Ley de Contrato de Trabajo, que ronda en la actualidad los 3000 pesos para el peón con familia de esposa y dos hijos. Venimos denunciando permanentemente las superganancias de las empresas extranjeras y nacionales sin que nadie nos escuche. Todas las entidades del agro, al igual que la UIA, hoy piqueteras, se han opuesto al reclamo que desde el año 2004 nuestra organización plantea: pago del salario mínimo vital según el cálculo que establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Consideremos que el mecanismo de retención a las exportaciones es una medida adecuada para evitar el alza del precio de los alimentos.

El cuestionamiento de la resolución de las retenciones y la pretensión de un mal llamado diálogo de iguales contraría los principios de la Constitución. Así sucede por la desgraciada práctica de hacer que el Poder Legislativo delegue facultades como la creación y ponderación de impuestos en la Presidencia o mucho peor aún, en el jefe de Gabinete. La actual situación no se hubiera producido de haberse discutido en el Congreso, como corresponde. Es la decisión unipersonal del Poder Ejecutivo lo que anima la soberbia de exigir una discusión de igual a igual con la Presidencia de la República. ¡Flaco favor le hacen al estado de derecho que dicen defender!

Estamos en contra de estas medidas de fuerza, pero no por su forma, sino por el contenido del reclamo. Sin embargo, creemos que debe distinguirse entre los propietarios de la tierra y/o sus inquilinos, porque obviamente no es lo mismo la situación de un pequeño productor que la de un gran terrateniente.

Debe apoyarse con medidas a los productores (arrendatarios o propietarios), que trabajen la tierra por sí mismos o con la ayuda familiar. La antigua consigna de que “la tierra es para quien la trabaja” es de actualidad.

Si se utiliza mano de obra asalariada, como apoyo al trabajo principal del titular de la explotación, también debe ser protegido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Los que viven del cobro de arrendamientos, sin trabajar la tierra por sí, la mayoría de los cuales poseen la tierra por herencia y sin haber pagado impuesto –gracias al recordado ministro Alfredo Martínez de Hoz– deben llamarse a silencio.

Que el pez grande se come al chico es una verdad tan antigua como el capitalismo. Las mismas razones por las cuales los grandes prevalecen en la competencia sobre los pequeños son las que hacen que suba la soja a precios siderales, lo que no se explica por las leyes de la oferta y la demanda, sino por la especulación de las finanzas. Se alegran porque la soja sube por su componente especulativo, pero se quejan si los especuladores alquilan los campos que ellos no pueden.

Nuestro sindicato defenderá por todos los medios a su alcance, y ante quien sea, la integridad del salario real y su recuperación, cuyo curso ha sido interrumpido por el aumento del costo de vida, atacado por el aumento de los alimentos y amenazados por la posibilidad de paro de las fábricas por falta de materia prima.

* Secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario.