El proyecto del Gobierno propone crear un fondo de recompensas para quienes aporten información “determinante” sobre el paradero de acusados “en causas penales por violación a los derechos humanos” con orden de captura y una unidad encargada de recabar información, coordinar estrategias con fiscales y proteger a quienes aporten datos. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Justicia.

Oberlin, de Rosario, el distrito con más prófugos del país (10), consideró que “la recompensa no es buena o mala a priori, aunque la realidad muestra que no da resultados. Lo esencial es que complemente a un sistema de investigación eficiente, que incluya escuchas, cruce de llamadas, intercepción de mails y otras medidas que la Justicia puede utilizar para encontrar a quienes intentan burlarla, y no que se ofrezca para suplir lo que no se hace”. Ramos Padilla la consideró una medida “acertada” y sugirió que la unidad “debería buscar también por orden judicial a los 500 niños robados durante la dictadura, ya que a nivel judicial no hay investigaciones serias, pese a que siguen siendo víctimas de un delito y la Justicia tiene el deber de reestablecerles sus derechos”.

Orosz y Fresneda acordaron con la medida siempre “que no existan ventajas procesales ni disminuciones de pena para quienes proporcionen la información”. Yanzón también se opuso “a cualquier intento de negociar penas a cambio de información”, consideró que “deberían realizarse medidas previas, como rastrear patrimonios, ver su situación de revista o si perciben haberes del Estado”, y lamentó que “deberían realizarlas aquellos que seguramente les dan cobertura”.

Bregman rechazó la utilidad de las recompensas. “Nada se logró en el caso de nuestro compañero Jorge Julio López. El dinero no rompe un pacto de impunidad tan profundo. Si no se encuentra a los prófugos es porque hay complicidades en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo puede ser que periodistas o las propias víctimas hayan ubicado a más genocidas que el Estado?”