Más allá de los detalles aún no esclarecidos del secuestro del militante de derechos humanos Juan Puthod, el hecho volvió a afectar el ánimo de los protagonistas de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, tal como ocurrió con la desaparición de Jorge Julio López y con el secuestro de Luis Gerez. Incertidumbre, temor, desconcierto son los sentimientos que los invadieron, y la evidencia de que el Estado aún no sabe de dónde vienen los embates ni cómo prevenirlos, según expresaron a Página/12 tres abogados involucrados en estos procesos.

“Fue una situación muy angustiante, reeditó lo que vivimos con López y Gerez, y aunque estemos tranquilos porque apareció ahora es imprescindible encontrar las pistas que lleven a descubrir quiénes son los responsables de lo que pasó, el mensaje tiene que ser claro para los que hacen este tipo de cosas y para las víctimas”, dijo Ana Oberlin, de HIJOS Rosario, quien presenció la trastienda de la búsqueda por parte de las autoridades y les aportó los datos de Puthod como declarante en la megacausa Campo de Mayo. “Los testigos nos llaman asustados, quieren saber cómo viene la mano, por eso la respuesta tiene que ser rápida y contundente para no dejar que se vuelva a instalar otra vez fantasma del miedo y volvamos al pasado”, agregó. De todos modos, Oberlin se mostró confiada en el compromiso de los testigos, que “a pesar de todo la mayoría sigue testimoniando, participando y apoyando los juicios”. Esta abogada, que representa a la familia Gonçalves en la causa contra Luis Patti, afirmó que “la forma de cuidado a los testigos no está siendo la adecuada, no tanto por una cuestión de custodia sino por la falta de prevención de estos hechos, no hay inteligencia sobre cuáles grupos están activos y tienen capacidad para hacer cosas como estas, que siempre ocurren en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy dijo que estas situaciones son “trastornantes” porque “es la tercera vez que pasa y es evidente que el Estado no aprendió”. Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y abogada de López en el juicio contra Miguel Etchecolatz, enfatizó que “si es cierto como dijo (el ministro de Seguridad Carlos) Stornelli que lo liberaron tras un operativo cerrojo, no debe haber impunidad”. La letrada agregó que “a lo largo del día no vimos ningún mecanismo aceitado, no hay una mecánica nacional para estos casos, la Presidenta dijo que estaban actuando las autoridades provinciales como si los juicios no tuvieran una estrategia nacional”. Y destacó que el operativo de búsqueda de Puthod contó solamente con 250 policías “mientras que para reprimir en Mafissa hubo 500”.

Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció que la reiteración de ataques como el sufrido por Puthod “sin duda afecta a los testigos y a los juicios”, y aseguró que tienen una gran preocupación. “Los abogados nos sentimos responsables por cada uno de los testigos que llamamos, y esperamos que las oficinas de Estado que se ocupan de la protección hagan su trabajo en forma más eficiente”. Hazan destacó que, así como la detención de Patti generó la aparición de nuevos testigos, “estas situaciones tienen el gravísimo efecto secundario de que otros no se animen a declarar”. Aclaró que ese temor no invade a los que ya declararon, pero dijo que a ellos también hay que garantizarles su seguridad.