La ex ministra de Economía Felisa Miceli tuvo un nuevo revés judicial; la Cámara Federal porteña revocó un sobreseimiento dictado en su favor y ordenó a la jueza María Romilda Servini de Cubría que la investigue por supuestas irregularidades en el manejo de un fideicomiso del Banco Nación. La denuncia fue presentada por la Asociación de Defensa de la Vivienda Familiar, que planteó que con el fideicomiso, creado para refinanciar deudas hipotecarias en dólares, se benefició a deudores que no reunían los requisitos y se dejó afuera a otros que sí.

La Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, consideró “prematura” la decisión de Servini de Cubría de dictar el sobreseimiento y archivar la causa. Los camaristas hicieron así lugar a un pedido presentado por el fiscal Guillermo Marijuán. Cattani e Irurzun le indicaron a la jueza que tome una serie de medidas investigativas y dieron intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Miceli tiene abierta además otra causa por la bolsa de dinero que encontraron en el baño de su despacho en el Palacio de Hacienda. En este caso fue procesada en diciembre por Servini de Cubría. La Cámara Federal agravó su situación días atrás al disponer que se investigue si el dinero encontrado está relacionado con los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La denuncia por el manejo del fideicomiso se refiere a la actuación de Miceli como titular del Banco Nación, antes de ser designada en Economía. El fondo fue creado para la refinanciación de deudas hipotecarias luego de la crisis de 2001, como herramienta para resolver los problemas de las hipotecas contraídas en moneda extranjera que no podían ser canceladas por la gravedad de la situación económica. El director de la Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar, Ricardo Feldheim, acusó a Miceli de presunta estafa a la administración pública y administración fraudulenta. Según el denunciante, hubo un manejo discrecional por el que se incorporaron hipotecas que no reunían los requisitos para acceder al sistema de refinanciación y se negó el ingreso a otros que sí los cumplían. Servini había sostenido que Miceli actuó sobre la “interpretación normativa” de las leyes sobre los deudores hipotecarios. “Lejos de verificarse un abuso de los deberes de funcionario nos encontramos bajo una enmarañada crisis normativa, cuyos extremos de aplicación a la hora de resolución de los conflictos individuales suscitados no se encuentra todavía resuelta”, sostuvo la jueza. Los camaristas ordenaron, sin embargo, profundizar en la causa.