En el primer día de iniciada la tercera etapa del lo-ckout agropecuario, los ruralistas subieron la apuesta. Las entidades agropecuarias convocarán para el próximo lunes a un cese general por algunas horas de actividades comerciales e industriales en todo el interior del país. Si bien esta medida no fue oficializada mediante un comunicado, sí fue confirmada a Página/12 por la Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Sociedad Rural. La iniciativa se discutió durante la última reunión de la Mesa de Enlace, a raíz de los llamados telefónicos que recibían de las diferentes asambleas del interior, que reclamaban acciones más duras. El objetivo será sumar la adhesión de más actores a este conflicto y “mostrarle al Gobierno cómo se está afectando a todo el país con las retenciones”.

La Mesa de Enlace “invitará” a los diferentes comercios e industrias del interior del país a sumarse a un cese de actividades, medida que se agrega al cronograma de protesta presentado anteayer. Todavía no está claro cómo harán la “invitación”. Lo cierto es que esta medida ya se había discutido y casi decidido en la última reunión de la Comisión de Enlace, cuando se dispuso retomar el lockout. “Fueron sugerencias de las bases, se propuso la idea entre los dirigentes y todos estuvieron de acuerdo”, explicó a este medio un colaborador de Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, entidad que ayer recibió una amenaza de bomba en su sede de Capital Federal.

–¿Por qué convocan a un paro general? –preguntó Página/12 a Omar Barchetta, secretario gremial de FAA.

–No es un paro, sino un cese de actividades. No somos la CGT, por eso no hablamos de paro. Y lo que hacemos es invitar a los comercios e industrias a que se sumen a nuestro reclamo –respondió el dirigente.

Desde Confederaciones Rurales aseguraron que la “invitación” es sólo para el interior del país, pero aclararon que “si alguien de Capital Federal quiere sumarse, será bienvenido”. “Todavía no ha llegado la crisis a Buenos Aires, pero ya se van a enterar de lo que pasa en el interior. El primer afectado (por las retenciones) es el productor, luego su industria y proveedores. Luego se enterará Buenos Aires”, aseveraron, como amenaza, desde CRA.

En este mismo tono, y antes de conocerse esta nueva medida de fuerza, el vicepresidente de CRA, Ricardo Buryaile, sostuvo que la etapa del diálogo con el Gobierno se cerró “definitivamente”, y acusó al Ejecutivo de haber provocado esta situación de conflicto. Por su parte, Pedro Apaolaza, titular de Carbap, señaló que “el Gobierno, con el campo, nunca dialogó en los últimos cinco años, siempre ha intentado imponer. Pero no le dio resultado, ha fracasado”.

Mientras que las posiciones del sector agropecuario se van endureciendo, la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, llamó “a la cordura y a la responsabilidad” de los dirigentes del campo y advirtió que “por una puja no pueden poner en peligro las posibilidades (de crecimiento) del país”. La funcionaria aclaró, además, que “si bien no existen instituciones con intenciones objetivas de dar un golpe, muchas manifestaciones ocurridas en el último tiempo –en alusión al sector agropecuario– fueron claramente con objetivo destituyente”.

Un día después de que la Mesa de Enlace solicitará la intervención en este conflicto del titular de la Cámara de Diputados, entre otros actores, quien salió a aclarar la posición del Legislativo fue su vicepresidenta, la diputada Patricia Vaca Narvaja (FpV), quien consideró que el conflicto que el Gobierno mantiene con el campo no es una “reivindicación puntual” de un sector, sino la confrontación “con el modelo económico actual”. También fijó su posición el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, convocado por el campo para que intervenga en el conflicto. “Cuando ocurren este tipo de crisis, las respuestas más adecuadas siempre son las institucionales. Hoy las partes tienen que reestablecer condiciones de negociación”, aclaró Mondino.