Desde Córdoba

Consciente de que la Justicia es irreversible, de que la Ley de Punto Final y el indulto de Carlos Menem no están para socorrerlo, el general de brigada retirado Luciano Menéndez tomó el micrófono y con la vista en los miembros del Tribunal Oral Federal 1 repitió a sus 80 años la clásica arenga de los sectores más trogloditas de las Fuerzas Armadas que secuestraron, torturaron y mataron a piacere durante la última dictadura. Fue “una guerra contrarrevolucionaria” en la cual se “combatió y venció al terrorismo marxista”, dijo. “La Argentina es el primer país donde compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos”, agregó, y admitió que le resulta “incomprensible” ser juzgado por “instituciones que existen gracias a nuestra lucha”. Negó haber cometido delitos y pidió ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ocurrió ayer, durante la segunda jornada del primer juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba, donde comparte el banquillo de acusados con siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141.

Se los juzga por el secuestro y asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1977, tras un mes de tormentos en La Perla. El tribunal rechazó un pedido de recusación contra el vocal Carlos Otero Alvarez formulado por la defensa oficial y aceptó incorporar como prueba registros policiales y muestras de sangre halladas en La Perla (ver aparte). El juicio continuará el martes.

Luego de que fotógrafos y camarógrafos retrataran durante diez minutos a los imputados, el defensor Máximo Liva solicitó la recusación de Otero Alvarez por su rol como secretario judicial durante la dictadura. Si bien el tribunal había rechazado por “improcedente” la recusación de los querellantes, que lo acusaron de encubrir fusilamientos, Liva intentó explicar que la denuncia del caso ante el Consejo de la Magistratura era un “hecho nuevo” que “afecta la legitimidad del juicio”. El fiscal Maximiliano Hairabedian rechazó el pedido y recordó que “curiosamente la recusación fue intentada por la parte querellante por el motivo inverso”. El TOF rechazó el pedido “por los motivos expuestos” ante el original.

La defensora oficial Mercedes Crespi planteó su “firme protesta” ante el rechazo a su pedido de que el suboficial principal retirado Carlos Vega y el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone fueran excluidos del juicio por el cáncer que padecen. “El derecho a la salud es superior al derecho del Estado a perseguir penalmente”, sostuvo. Hairabedian replicó que los informes de los forenses establecían que las dolencias no les impedían estar presentes en audiencias. El abogado Claudio Orosz remarcó que no había ningún elemento nuevo. El Tribunal resolvió reiterar su posición y negó a la defensa un recurso de queja.

Los interrogatorios de identificación comenzaron por “el Cachorro” Menéndez. De voz temblorosa, dijo que no tenía sobrenombres.

–¿Ha sido procesado? –preguntó el juez.

–Nunca –mintió–. No sé en qué estado han quedado las causas de la guerra contrarrevolucionaria que me llevaron entre 1983 y 1989 –respondió (Menéndez fue procesado por 47 homicidios, 76 tormentos, cuatro seguidos de muerte, y cuatro robos de menores. La Corte Suprema de Justicia lo desprocesó gracias a la Ley de Punto Final. Por los delitos que la ley alfonsinista no logró filtrar lo indultó Carlos Menem en 1990).

Los imputados negaron los apodos que recuerdan sus víctimas. El suboficial mayor retirado Oreste Padován contó que era abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y que entre 1981 y 1984 fue auxiliar del agregado militar en Roma. El PCI Lardone, quien se hacía llamar Rodolfo Lacaba, admitió que le decían “Fogonazo” desde que trabajaba como fotógrafo en un teatro antes de ingresar al Ejército. A pedido de Orosz explicaron sus medios de vida. Todos cobran como retirados. Menéndez es el mejor pago: 5000 pesos por mes. El peor es Lardone: 680 pesos, que lo obligaron a trabajar en un videocable. Tras un relato pormenorizado de los delitos que les imputan –a Menéndez y al coronel retirado Hermes Rodríguez como partícipes necesarios, al resto como coautores–, Díaz Gaiver invitó al octogenario a “responder la acusación”, le explicó que “abstenerse es una facultad que la Constitución y las leyes le otorgan” pero que “el juicio va a continuar”.

“Me niego a declarar”, arrancó Menéndez. Pidió ser juzgado “con la ley vigente cuando la subversión marxista inició el ataque armado a la patria”, ley que dijo haber usado para “combatir y vencer al terrorismo”. Luego afirmó que “como comandante soy el único responsable de mi tropa” y agregó que “a mis dignos soldados no se les puede imputar nada”. “Se da una paradoja grotesca –continuó–. Los terroristas que asaltaron la República porque no creían en sus instituciones, que pretendían reemplazar por un trapo gris, ahora usan esas instituciones para juzgarnos a quienes las defendimos.” Aseguró que los asaltantes “mantienen el mismo propósito” de entonces: “usurpar el poder para cambiar el estilo de vida”. Sólo omitió “occidental y cristiano”. “Abandonaron la lucha armada pero no la lucha política”, prosiguió, e invocó a Lenin para asegurar que “la paz es la guerra por otros medios” (la frase de Lenin, inspirada en la definición de guerra como “continuación de la paz por otros medios” de Carl von Clausewitz, situaba a la política en el lugar que Menéndez adjudicó a la paz). El resto de los imputados se limitó a negar los hechos. Sólo el capitán retirado Exequiel Acosta dijo que no debe ser juzgado por los delitos de la causa porque según un Boletín Reservado del Ejército del 4 de noviembre de 1977 (dos días antes de los secuestros) fue trasladado a otro destino.