Los ruralistas Eduardo Buzzi y Mario Llambías, la dirigente de Coalición Cívica Margarita Stolbizer y la fundadora de la agrupación Pampa Sur, María del Carmen Alarcón, tuvieron ayer una entrevista con el fiscal de San Nicolás, Juan Murray, y con el juez federal de esa localidad, Carlos Villafuerte Ruzo, para informarse de la causa en la que figuran imputados por el corte de la ruta 9, a la altura de San Pedro, el 19 de marzo pasado. Fue un trámite rápido, primero ante el fiscal y luego ante el juez, y ahora deberán esperar la determinación del magistrado, si los convoca a declaración indagatoria o estima que no hay elementos suficientes para continuar las actuaciones.

Los acusados aprovecharon su concurrencia a tribunales para montar un pequeño show. El color lo puso Raúl Castells, quien encabezó el grupo más ruidoso y compacto de manifestantes contra la “judicialización de la protesta rural”. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, también se hizo presente. Fue a brindarle su solidaridad a Alarcón, quien es responsable del área agropecuaria de su gobierno. Se juntaron frente a la fiscalía alrededor de 400 personas: productores de Federación Agraria y Confederaciones Rurales, referentes de Coalición Cívica como Enrique Olivera, militantes radicales y una columna de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). A la salida, Buzzi y Llambías saludaron con las manos en alto como si hubieran quedado libres tras meses en prisión y se confundieron en abrazos con el público.

Entre los manifestantes había productores agropecuarios que años atrás reclamaban la intervención judicial para castigar los cortes de ruta que montaban organizaciones piqueteras y afectaban su actividad empresaria. De hecho, el fiscal Murray imputó por el mismo delito que ahora acusa a Buzzi, Llambías, Stolbizer y Alarcón, entre otros, a dirigentes de la CCC, del Movimiento de Trabajadores De-socupados y de Barrios de Pie. La mayoría de esas causas, iniciadas entre 2001 y 2005, prescribieron ante la falta de avance en las investigaciones. El delito tiene una pena que va de tres meses a dos años. Pasado ese tiempo, como máximo, si no hay razones para interrumpir los plazos de prescripción, se caen. Así vino ocurriendo con las causas de militantes sociales y no sería extraño que ésta contra ruralistas y dirigentes de la oposición corra la misma suerte.

A estos últimos se los acusa por el corte del 19 de marzo en San Pedro. Primero hubo una caravana de varios kilómetros hasta que los organizadores de la protesta hablaron desde un palco montado en el puente sobre el río Tala, cortando ambas manos de la ruta. Como es usual en estos casos, los acusados son los organizadores del evento, identificados ese día por la Policía Bonaerense y registrados en filmaciones de canales de cable de la zona. El fiscal Murray se basó en esas pruebas para iniciar las actuaciones, y ya tomó declaración a los efectivos policiales que estuvieron ese día en el corte.

Se suponía que Murray iba a informarles a los imputados de qué se los acusa y cuáles son las pruebas ya reunidas, pero ayer a primera hora de la mañana el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Vitores, hizo una presentación para declarar ante el juez Villafuerte Ruzo. Eso obligó al fiscal a traspasar la investigación al juzgado y entonces la audiencia con Buzzi, Llambías, Stolbizer y Alarcón se limitó a contarles esa situación. De todos modos, el fiscal pidió al juez que llame a todos ellos a brindar declaración indagatoria. Después de unos minutos en la fiscalía, los imputados y el grupo de manifestantes que los respaldaba se trasladaron cuatro cuadras para decirle al juez que están a su disposición. El magistrado ahora debe resolver cómo sigue el proceso. Lo mismo sucede con los demás imputados en la causa, entre quienes figura el intendente de San Pedro, el radical K Mario Barbieri.

Alarcón denunció que hay “una persecución política” contra quienes defienden los reclamos de los ruralistas. También consideró que el conflicto se “judicializó”. “Hay una persecución a dirigentes políticos. Eso es muy claro y me están coartando la libertad de expresión pública como dirigente”, opinó Alarcón. Desde la fiscalía argumentan que cualquier sector puede hacer sus reclamos, pero sin cometer delitos como cortar rutas. En lugar de ello, dicen, deberían presentarse en un parque o una plaza.

Por su parte, Stolbizer rechazó las imputaciones de Murray y advirtió que esta intervención judicial tiene como objetivo “intimidar a la gente para que no acompañe la protesta del campo”. “No se ha cometido delito”, recalcó la dirigente de la Coalición Cívica.