El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, decidió que no podía seguir recluido en su despacho y eligió un momento muy especial para levantarle el perfil a su gestión. Una seguidilla de homicidios en los partidos bonaerenses de Pilar y San Isidro, las críticas que recibió por reciclar a altos oficiales que antes había removido de sus cargos y la casi nula difusión de su política para el área, también cuestionada, resultaron demasiado para el ex fiscal federal. Sin estadísticas criminales que mostrar –dijo que “frente a la desgracia y al dolor es muy difícil hablar de números”—, sin información sobre su labor diaria en el viejo edificio de 2, entre 51 y 53 de La Plata, sin el director de prensa que le renunció y cada vez más aislado de sus subordinados, el funcionario se inclinó por hacerle un retoque a la comunicación propia.

Desde diciembre pasado, cuando el gobernador Daniel Scioli le encomendó su misión, dos imágenes simbolizan que algo no funciona bien en el Ministerio de Seguridad. Aquella de Stornelli aislado en su oficina de la vieja jefatura de la Policía Bonaerense y la del superintendente general de la fuerza, Daniel Salcedo, caminando abstraído por los pasillos del mismo edificio que comparte con su superior jerárquico.

Al primero se le reprochaba su política de aislamiento. El último que se lo hizo saber fue el ex embajador Gustavo Figueroa, un hombre de su máxima confianza, al que había designado como director general de prensa y ceremonial. Renunció a fines de mayo porque terminó por disgustarse con la nula comunicación del ministro. Su flamante reemplazante es Pablo Pernicone, quien cambió el equipo de prensa de Alberto Pérez (el jefe de Gabinete de Scioli) por los temas de Seguridad.

La movida quedó reflejada de inmediato. Desde el viernes pasado, Stornelli volvió a dar entrevistas a los medios y a poner más énfasis en la divulgación de su política. Resta comprobar si la veda informativa en que mantenía a sus subordinados será levantada o continuará. Es un secreto a voces que el ex fiscal aleccionó a los altos oficiales de la fuerza sobre la conveniencia de no hacer declaraciones, salvo en ocasiones imprescindibles. El 14 de mayo pasado balearon en Bernal a la guardia de la Federal que protegía el domicilio del ministro de Economía, Carlos Fernández, y el mismo día, en Quilmes Oeste, resultó atacado un custodio del propio Stornelli. Unos días después, el jefe de la policía distrital de Quilmes, Andrés Janssens, era pasado a disponibilidad por “hablar con los medios sobre los dos tiroteos”, según le confió una fuente del ministerio a PáginaI12. Si ésa fue la razón del desplazamiento, no parece ser la única.

Como Janssens, otros jefes de la Bonaerense terminaron removidos de sus cargos. El primero resultó Mario Valente, quien estaba al frente de la Departamental de Pinamar hasta que, a fines de diciembre de 2007, varias oleadas de robos en esa ciudad y balnearios vecinos lo empujaron por unos meses de la costa al ostracismo de una oficina. “Inexplicablemente taparon los hechos ocurridos, quizá para mejorar las estadísticas”, le dijo Salcedo al diario La Nación después de que Valente y otros dos oficiales no hubieran informado sobre seis robos en el bucólico Mar Azul.

El miércoles último, el jefe de la Departamental Pilar, Pablo Otero, fue apartado de su puesto tras dos homicidios que se cometieron en esa localidad y que tuvieron extensa cobertura en los medios nacionales. Las víctimas fatales reportadas fueron el empresario Pedro Pedraza, de 44 años y Marta Navarro, una mujer de 40 que regresaba a su casa luego de cenar afuera con su marido. Luego de una reunión entre Scioli, Stornelli y el intendente de Pilar, Humberto Zúccaro en la casa de gobierno bonaerense, a Otero ya le habían nombrado reemplazante. ¿Quién volvería a estar al frente de una departamental después de la experiencia en Pinamar? El comisionado Valente. “Es un excelente profesional”, afirmó Salcedo cuando lo presentó.

La política de reciclamiento continuó en Tres Arroyos un día más tarde, adonde fue a parar Otero, el mismo que había sido desplazado de Pilar. El jueves pasado, el diario local La Voz del Pueblo informó que su designación había causado “inocultable malestar” en el intendente de la ciudad, Carlos Sánchez. “Nadie contestó ayer en el Ministerio de Seguridad ninguno de los llamados efectuados desde la Municipalidad de Tres Arroyos para decirles a los funcionarios provinciales competentes que se rechazaba la designación del comisionado Otero como nuevo jefe de la Departamental en reemplazo de Hugo Rago”, agregó ese matutino.

El vecinalista Sánchez se enteró del enroque por los medios y viajó hasta La Plata para comunicar su disconformidad con el nombramiento de Otero. Un grupo de dirigentes radicales de Tres Arroyos, reunidos en el comité Enrique Betolaza, fueron bastante gráficos con estas decisiones del Ministerio de Seguridad: “Tomalo vos; dámelo a mí”, titularon un comunicado de prensa. En ese polo cerealero de la provincia, 9 mil vecinos habían firmado un petitorio en el verano del 2007 bajo una consigna armamentista: formar brigadas de autodefensa para combatir a la delincuencia. “Si a mí vienen y me tirotean la casa, voy a tener que disparar”, confesó aquella vez Raúl Suárez, uno de los residentes del barrio Colegiales, provisto de una escopeta.

Una fuente cercana al gobernador describió la situación de Stornelli con una metáfora futbolera semejante a la que emplearon los correligionarios de Tres Arroyos: “Pasó de ser Maradona como fiscal a quedar expuesto a los cachetazos. Por eso se encerró puertas adentro. Pero ya no hay razones para que siga con esa política. Se le hizo ver que ahora debe comunicar lo que pasa”. La cuestión es, ¿qué comunicará? Hasta hoy, el ministro de Seguridad parecía más preocupado por lo que informaban los medios sobre su gestión que por su propia oficina de prensa.

En La Plata todavía se escuchan habladurías sobre su reemplazo y un desembarco que preocupa tanto a los organismos de derechos humanos como la ya lanzada creación de fuerzas parapoliciales en los municipios del conurbano. El fantasma de Alberto “Tito” Durán, integrante de la Sala I de la Cámara Federal platense, recorre los pasillos del Ministerio de Seguridad. El juez, quien asesora al gobernador en temas que corresponden a Stornelli, carga en su contra con un proyecto de resolución de un grupo de diputados nacionales que expresa una de las tantas críticas que se le hacen.

“Ha tenido una estrecha vinculación a lo largo de su carrera profesional con los cuadros operativos de la dictadura militar”, señalaron los legisladores. Entre ellos, varios cuadros de la Bonaerense, como el comisario mayor Darío Delfín Rojas, un represor y torturador del staff de Ramón Camps al que Durán propuso para un cargo cuando Eduardo Duhalde era Presidente y le ofreció la Secretaría de Seguridad. Mientras el camarista espera por una nueva oportunidad, Stornelli recuperó la exposición pública que tenía en sus tiempos de fiscal, pero no cambió las coordenadas de su conocida política: diferenciarse en todo de su predecesor en el cargo, León Arslanian.