Desde Tucumán

Alberto Romero es integrante del Movimiento Popular Tekojojá, organización indígena paraguaya que es una de las patas del apoyo social al presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo. Dirigente de San Pedro, uno de los departamentos con mayores índices de pobreza, donde en estos días, tras el triunfo de Lugo en las elecciones, se desató una ola de ocupaciones de tierras, Romero dice que la reforma agraria prometida por el candidato en la campaña es clave para los movimientos sociales: “Sin embargo, aún más importante para nosotros es que se realice en función de una política de soberanía alimentaria”.

El entrevistado habló con Páginal12 en Tucumán, donde llegó invitado por la Cumbre de Organizaciones Populares, que concluyó ayer (ver aparte). Allí contó que en Paraguay, un país en el que el 42 por ciento de la población vive en zonas rurales, cada día 55 familias son expulsadas del campo a la ciudad por la presión de las multinacionales del agro y los agronegocios. “Nuestra izquierda usa la idea de la soberanía alimentaria de la boca para afuera, sin plantearse cómo llevarla a la práctica. La soberanía alimentaria debe ser trabajada política e ideológicamente, no desde el sentimentalismo, para enfrentar al modelo agroexportador.”

Este es el panorama que ofrece Romero para empezar la charla: “En Paraguay, antes de la Guerra de la Triple Alianza, el 50 por ciento del territorio eran tierras fiscales que se repartían con una planificación central, potenciando la agricultura familiar. Por eso todavía hoy, a pesar de los robos de la tierra que siguieron a la guerra, la población rural es muy importante. Sin embargo, la propiedad de la tierra está ahora muy concentrada: el 1 por ciento de la población es dueña del 80 por ciento de la superficie cultivable, son 354 familias ricas propietarias de todo el Paraguay. En el país tenemos 2 millones 600 mil pobres, y de ellos un millón 600 mil están en una situación extrema, no llegan a recibir todas las comidas necesarias. La producción campesina ha tenido grandes problemas y se ha estrechado, de cien rubros que producía tradicionalmente hoy produce alrededor de diez. En educación, el analfabetismo llega al 10 por ciento; es un problema grave, porque la falta de educación no se revierte en el corto plazo. Otro problema serio es la criminalización de las luchas campesinas: tenemos dos mil dirigentes imputados por la Justicia por cortes de ruta, lo que funciona como un factor muy importante para la desmovilización. La población crece un 2,7 por ciento por año, pero la pobreza crece aún más rápido, a una velocidad del 6,3 por ciento anual. Estos datos son cifras oficiales”.

–Hablaba de la expulsión de las familias del campo a la ciudad; ¿por qué sucede?

–Es una de las consecuencias del modelo que se instaló en el campo; no se trata solamente de la expansión de la soja, sino de la complejidad del modelo del agronegocio.

–¿Podría explicar cómo funciona?

–Cuando en el Movimiento hacemos capacitación, explicamos que no se trata del producto en sí, sino del modo de producir y armar la cadena de intermediación. Del productor al consumidor, las empresas capitalistas se apropian del proceso y se enriquecen en todos sus pasos: en la siembra, la distribución, la industria y la comercialización. Como agravante producen también los insumos, las semillas. La agricultura campesina produce para el propio consumo; con el agronegocio hay alimentos en abundancia, pero accede a ellos sólo aquel que tiene posibilidades de comprarlos. La familia campesina no tiene esos ingresos; la compra de alimentos de calidad queda restringida a ciertos sectores sociales. Por supuesto que la gente sigue comiendo, pero come del basurero, come en los mercados las frutas podridas. La gente sigue comiendo porque no se deja morir tan fácilmente de hambre. La soberanía alimentaria está referida a solucionar estos problemas. La alimentación no es el acto de consumir algo, sino todo el proceso, incluido el control de la calidad de los alimentos. La soberanía implica también que hay tener tierra para producir, y ahí entran los problemas con las empresas que concentran la tierra. En nuestros países, la soberanía alimentaria siempre va a generar una disputa con los dueños de las tierras.

–¿Qué les han pedido los movimientos sociales como el suyo a Lugo?

–Tenemos mucha expectativa, hay una energía social fuerte. Nosotros hicimos la campaña por Lugo participando del Diálogo con el Pueblo, que fueron visitas a las comunidades preguntando por las necesidades de la gente. Las hicimos en tres oportunidades. En la primera fuimos a detectar la enfermedad, en el segundo diálogo con el pueblo devolvimos el diagnóstico a la gente y empezamos a generar alternativas de solución, y en el tercer diálogo se presentó la plataforma de gobierno de Lugo. Eso fue construido por los movimientos sociales, entre ellos el nuestro, y por eso hay expectativa. Lugo nos dio dos ministerios, la ministra de Salud, Esperanza Martínez, es de nuestro movimiento, y también Miguel Angel López Perito, el secretario político de la presidencia; pero el resto del gabinete es de partidos de derecha, va a haber una mayoría liberal y un ministro del Partido Colorado en Educación. O sea, va a ser una lucha, y el movimiento va a estar con eso. Estos cinco años van a servir para apuntalar nuestras organizaciones sociales. No esperamos cambios estructurales, sino pequeños cambios de a poco. Para hacer cambios estructurales necesitamos sumar más gente, porque las patas del gobierno, las más poderosas, siguen siendo de los partidos tradicionales.

–¿Cómo ve el conflicto abierto en la Argentina por las retenciones a las exportaciones agrarias?

–Son intereses económicos muy poderosos que reaccionan ante una imposición fiscal. En mi país, la soja sólo paga un 4 por ciento de retenciones, mientras que en Europa está entre el 40 y el 50 por ciento. Lo que ya tenemos en Paraguay es la especulación con las compras a futuro, que también desplaza a gente del campo, porque cuando la cosecha vendida a futuro se pierde, la tierra funciona como hipoteca.

–Los problemas de los que habló, ¿tienen salida en el corto plazo?

–Algunos son emergentes, como el tema del hambre y la salud, y pueden ser solucionados en procesos no muy largos. Después, en el tema de la educación necesitamos más tiempo, todos los procesos educativos llevan como mínimo 30 años. En la parte productiva se puede promover la agricultura familiar y ecológica porque tenemos todavía 270 mil fincas campesinas de diez hectáreas. Se pueden hacer cambios rápidos, pero los estructurales van a ser difíciles. Desde el gobierno no ha habido políticas orientadas a los sectores desprotegidos. Hay una política para las clases ricas, pero los pobres no tienen políticas de educación, ni productiva, ni de viviendas, eso ha generado más pobreza. Nos preocupa muy especialmente la cuestión cultural, porque a nuestro pueblo se le negó la posibilidad de educación, que es el factor determinante de la pobreza.