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La senadora Malvina Seguí, señalada en el nuevo escándalo de las coimas en la Cámara alta, puede respirar tranquila. Al menos por ahora. En la agenda de uno de los banqueros, cuya oficina fue allanada por la Justicia, apareció el nombre de un senador. “Acá hubo algo. No voy a decir que se van a caer de espaldas pero ahora veo una luz al final del túnel”, le dijo a Página/12 el juez federal Claudio Bonadío sin ocultar su satisfacción por el resultado de los procedimientos. La medida había sido solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan, y si bien en su entorno mantuvieron total hermetismo este diario pudo saber que en la fiscalía estaban “conmocionados” por los “datos reveladores” que aparecieron en las oficinas de Manuel Sacerdote, del BankBoston, Emilio Cárdenas y Mike Smith del HSBC, y Carlos Giovanelli del Citibank. En las agendas de los banqueros consta el nombre del también señalado Carlos Bercún y otros lobbistas. Fuentes judiciales aseguraron que en las próximas horas serán llamados a declarar en indagatoria los primeros acusados del caso. La situación de Mario Vicens, presidente de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), aparece comprometida. Smith, presidente del HSBC, será interrogado como testigo el lunes.
El diario londinense Financial Times (FT) había informado a fines de agosto que banqueros extranjeros se quejaron ante los embajadores norteamericano y británico por un paquete de leyes que había recibido media sanción en el Senado. En ese encuentro, ocurrido el 16 de agosto, también habrían denunciado un pedido de soborno para frenar una de esas normas, que crearía un fondo de desempleo para el sector bancario financiado con el restablecimiento del 2 por ciento de las comisiones a las transacciones financieras.
En los allanamientos del jueves a las sedes de los bancos, los efectivos de la DUIA (Departamento Unidad Investigaciones Antiterroristas) y de Delitos Complejos de la Policía Federal secuestraron agendas y computadoras. En la de uno de los banqueros, que podría ser Giovanelli o Sacerdote, apareció el nombre de un senador con quien mantuvo un encuentro el 2 de agosto, dos semanas antes de la media sanción que el Senado dio a los proyectos que inquietan a la banca extranjera. Fuentes policiales agregaron que en esos papeles también figuran lobbistas, entre ellos Bercún, y el periodista del FT que reveló el caso. Además, comprobaron que fue agendada la reunión del 16 entre los banqueros y los dos diplomáticos. Los investigadores suponen que ese senador llevó el pedido de coima para frenar la ley del 2 por ciento al banquero y éste lo transmitió a los otros tres directivos. Creen que el trato no se concretó y la ley salió contra los intereses de los hombres de finanzas, que decidieron entonces trasladar la queja a los embajadores James Walsh de Estados Unidos y Robin Christopher de Gran Bretaña.
El juez Bonadío está convencido de que “hubo un pedido concreto de guita”, según comentó a sus colaboradores hace pocos días. Ayer en el juzgado coincidieron con la visión del caso que expresó la senadora Cristina Fernández de Kirchner. “Hay una cadena de hechos que prueban que existieron las dos cosas: alguien que tuvo la picardía de ir a pedir dinero y los banqueros que vieron en eso la oportunidad de tratar de parar las leyes”, razonaron. Incluso se mostraron sorprendidos de que el senador que aparece en la agenda del banquero haya mantenido silencio desde que estalló el escándalo, en lugar de expresar algún tipo de explicación para ese encuentro. De todos modos, seguirán analizando las pruebas secuestradas porque algunas agendas en soporte informático aún no fueron abiertas. “Hay pruebas positivas y otras que podrían serlo si confirmamos algunos datos”, explicó sin mayores precisiones una fuente judicial.
El juez mantiene en su caja fuerte el listado de las llamadas telefónicas del periodista del FT Thomas Catán (ver aparte), pero está dispuesto a usar ese material la semana próxima, seguramente durante las primeras declaraciones indagatorias. Bonadío encontró contradicciones en los dichos de algunos directivos de la ABA. Mario Vicens y Manuel Sacerdote declararon en el juzgado que se enteraron de los detalles de la ley en cuestión recién cuando recibió la media sanción del Senado, pero en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Vicens reconoció que la entidad que preside contrató a la consultora de Bercún que los provee de informes actualizados “hora a hora” sobre los trámites parlamentarios. “Fue un intento de reforzar que no conocía nada de nada, de negar el pedido de coima pero parece que sí estaba informado”, explicó uno de los investigadores. Las oficinas de Bercún, la consultora BC y Asociados, también fueron allanadas el jueves. El lobbista se encuentra en Londres pero ya se puso “a disposición” del juzgado.
Ayer se realizó un nuevo allanamiento en el BankBoston sólo para regrabar los datos de la agenda de Sacerdote porque los policías no habían podido abrir el CD que se habían llevado el jueves. Y acudieron a las oficinas de Cárdenas en el HSBC para llevarse también su agenda. Al final de la jornada, en la fiscalía y en el juzgado tenían la sensación de que la existencia de los sobornos “estaría acreditada”. “La información de Thomas Catán parece ir corroborándose con algunas pruebas”, comentaron fuentes judiciales a la agencia DyN.