El Vicepresidente llegó puntual a la cita. Sabía dónde estaban ubicadas las cámaras que registraron su ingreso por la explanada de la Casa de Gobierno y se dio tiempo para saludar en esa dirección con una gran sonrisa. Una hora después se sumergió de otro talante en la butaca de su automóvil y se alejó sin declaraciones ni aspavientos, más consciente que antes del efecto de sus actos.

Cuando Julio Cobos intentó explicar el sentido de su voto del jueves 19 de julio CFK le recordó sus propios años de ostracismo en el Congreso, cuando el bloque justicialista de senadores la excluyó por su oposición a las políticas del ex presidente Carlos Menem y le pidió que se hiciera cargo de sus decisiones. “Estuviste tres veces en el Salón Blanco compartiendo actos conmigo sobre el tema en discusión y nunca me dijiste que estuvieras en de-sacuerdo”, le dijo.

Cobos llevó una carpeta con propuestas y explicó que deseaba tener mayor grado de participación en el gobierno.

–Cada uno elige el camino que quiere seguir. Yo garantizo tu rol como Vicepresidente para preservar las instituciones –se limitó a responder la Presidente. Luego instruyó a sus principales colaboradores para que en vez de dirigir ataques verbales a Cobos y a quienes lo acompañaron, profundicen las definiciones del modelo que sostiene el gobierno, de modo que decanten en forma natural los alineamientos sobre cuestiones de fondo.

–Yo quise ayudarte –insistió Cobos durante la audiencia.

–Frustraste un proyecto que mejoraba la distribución del ingreso y que en la Cámara de Diputados incluyó enmiendas que favorecían a los productores menos poderosos.

Retenciones sin cambios

–Si estás tan convencida, ¿por qué no mandás un nuevo proyecto al Congreso? –sugirió el Vicepresidente.

–¿De retenciones? Ni lo sueñes –respondió CFK.

Las versiones sobre una modificación de las alícuotas (en alza para la soja y en descenso para el trigo y el maíz) no salieron de la Casa Rosada, donde nadie estudia alternativas sobre el instrumento rechazado hace dos semanas. Sí hay muchas propuestas, en el Congreso y en las cámaras patronales agropecuarias que, como dijo Luciano Miguens ayer, consideran confiscatorias las retenciones vigentes. El gobierno no apoyará ninguno de esos proyectos de reducción de alícuotas para los grandes productores y de diversos beneficios para los demás y dejará que sus autores expliquen con qué recursos las costearían. El secretario de agricultura, Carlos Cheppi, trabaja en la refinanciación de deudas de pequeños productores con el Banco Nación por 688 millones de pesos y en acuerdos acerca de las producciones regionales con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco, Misiones y Jujuy. Su eje está puesto en los pequeños productores, cuyos intereses no están representados por ninguna de las entidades de la Mesa de Enlace que ayer se exhibieron victoriosas en la Sociedad Rural. Miguens habló de duplicar la producción agropecuaria en una década. Cheppi de incrementarla un 50 por ciento en siete años. La diferencia no está en el objetivo de multiplicar los panes, sino en cómo lograrlo y en la forma de repartirlos.

El equilibrio del poder

Esta discusión se da en el marco de un cambio en el equilibrio del poder mundial, que tuvo una dramática expresión en el fracaso de la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio. Brasil intentó jugar el rol de gran potencia, se alió con Europa y Estados Unidos y fracasó. La Argentina no tuvo otra posibilidad que aliarse con la India, Indonesia, China y Sudáfrica para frustrar esa jugada que un diario brasileño calificó como puñalada en la espalda de sus socios en el MERCOSUR. La India defendía su derecho a proteger de la invasión de productos agrícolas subsidiados por Estados Unidos y Europa a los centenares de millones de campesinos que subsisten con un dólar diario y/o cultivando apenas una hectárea de tierra. Reivindicó para ello mecanismos arancelarios o de salvaguardias especiales. Para la Argentina estaba en juego por otra vía lo mismo que se disputa en el conflicto con las cámaras patronales agropecuarias. La propuesta de reducción en un 55 por ciento de los aranceles industriales hería de muerte la política de reindustrialización, generadora de empleo y salarios y sólo dejaba el camino de la reprimarización y la fractura social. Brasil, con una industria más madura y competitiva, y Paraguay y Uruguay sin industria que proteger, podían aceptarla y a cambio ganar mercados para su producción agropecuaria. La presidente sinceró la situación durante su conferencia de prensa de ayer, cuando dijo que la propuesta no era conveniente porque el desarrollo industrial argentino era inferior al de Brasil y que la UIA había apoyado la posición argentina porque la industria genera trabajo, dignidad y salario. Agregó que cuando se discuten intereses es necesario ser pragmático. El fracaso de la ronda permite ganar tiempo, aunque no substituye la necesidad de una política industrial basada en algo más que el tipo de cambio y los aranceles, y abre la posibilidad para un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Este es uno de los temas posibles en los diálogos de hoy y mañana entre Cristina y Lula con sus cancilleres Jorge Taiana y Celso Amorin. “Se pueden articular propuestas comunes”, porque “la integración es una necesidad para los dos países”, adelantó ayer Cristina.

(1): La fórmula de cálculo se encuentra bajo revisión. Fuente: ONCCA. Subsidios para mantener a raya el precio de los alimentos.

Los dos propósitos

El incremento de las retenciones y su movilidad tenían dos propósitos: obtener recursos para la construcción de hospitales, caminos y viviendas y moderar el precio de los alimentos en el mercado interno, desacoplándolos del internacional. La reducción de subsidios a la energía y el transporte y la eliminación de desgravaciones impositivas apuntan al primer objetivo; el pago de compensaciones a productores de trigo, leche, carne bovina, porcina y aviar, harina de trigo y de maíz y aceite comestible, al segundo. Ambos son formas indirectas de redistribución del ingreso. Entre enero y julio ya se pagaron por esas compensaciones más de 1600 millones de pesos. Según las estimaciones de la ONCCA se habrán duplicado a fin de año. Esto permite fijar el precio interno del trigo en 370 pesos la tonelada, pese a que su precio internacional oscila entre 650 y 800 (cuadro I y gráfico I)

Las tarifas eléctricas

El incremento de las tarifas eléctricas sólo afecta al 24 por ciento de los hogares de más alto consumo, que demandan la mitad de la energía distribuida por Edenor, Edesur y Edelap. Industrias y comercios son consumidores más demandantes, pero sólo tendrán un aumento del 10 por ciento para no desincentivar la actividad. El Estado no incrementará los subsidios y las compañías aplicarán los ingresos adicionales a un plan de inversiones de 6.000 millones de pesos en los próximos diez años, que deberían duplicar la actual capacidad de distribución. Este subsidio cruzado repugna al neoliberalismo aborigen. De los 5 millones de clientes de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata, 3,75 millones seguirán pagando tarifas que son tres veces inferiores a las de Asunción, seis veces a las de Montevideo, ocho veces a las de Santiago de Chile y casi diez veces a las de Río de Janeiro. El Ente Nacional Regulador de la Energía, ENRE, ordenó a las empresas que no aumenten las tarifas de ningún hogar que carezca de conexión a la red de gas, lo cual implica que podrán calentarse con electricidad, en vez de pagar los altos precios del gas licuado en garrafa (cuadro II).

Concertación sí o no

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hizo el anuncio flanqueado por el Secretario de Energía, Daniel Cameron, y por el presidente del ENRE, Mario de Casas, un rostro desconocido pero con significación política, porque llegó a su cargo por la Concertación con Cobos. El jueves 19, De Casas elevó su renuncia a De Vido, puntualizando su identificación con CFK y su de-sacuerdo con el voto de Cobos en el Senado. De Vido la rechazó, al mismo tiempo que solicitó la de otro allegado a Cobos, el secretario de Hidrocarburos Alejandro Rodríguez. De Casas y Rodríguez ocuparon cargos equivalentes en Mendoza. En el radicalismo mendocino, Rodríguez es considerado como el cajero de Cobos. Planificación Federal seguía con recelo su relación con las empresas, por lo que la ruptura de Cobos sólo apresuró un desenlace. De Vido también anunció que la Revisión Tarifaria Integral, que se extenderá hasta el 1 de marzo se basará en un análisis de los verdaderos costos de las empresas, que realizará el ENRE. La diferencia de trato con De Casas y Rodríguez, así como la designación del ex vocero de Cobos, Gustavo López, como subsecretario general de la Presidencia y el acto del viernes en el que CFK se mostró junto al intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, son demostraciones prácticas de que no es ella quien pone en duda la continuidad de la Concertación. En la audiencia, Cobos pidió participación en energía y servicios. Ya la tiene con De Casas, pero la política del ENRE no parece satisfacerle. Se entiende: el control a las empresas tampoco fue su práctica cuando gobernó Mendoza. Ambos tuvieron un roce en la provincia, cuando De Casas intentó aplicar sanciones a la principal distribuidora eléctrica por la demora en reponer el servicio luego de un corte, y Cobos la disculpó aduciendo que se trató de una causa de fuerza mayor. El propietario de esa empresa es José Luis Manzano, emblema de un complejo proceso: comienza con el robo para la corona, sigue con su capitalización en negocios dependientes del Estado y tiene su fase superior en el regreso a la política desde el poder económico.

La energía, diez veces más barata que en Brasil.

Petróleo y política

En torno de Cobos, cuyo nombre fue ovacionado en la apertura de la Sociedad Rural, se está redefiniendo en Mendoza una coalición política y de intereses con proyección nacional. Incluye a funcionarios del menemismo, como Manzano y Felipe Solá, a radicales como Leopoldo Moreau (quien es gerente del multimedios de Manzano) y al actual gobernador Celso Jaque.

Durante la gobernación de Cobos su ministra de Economía, Laura Montero, licitó para su exploración y explotación once áreas petroleras secundarias. La oferta más alta, por 76 millones de dólares, fue presentada por una UTE que encabezó Oxipetrol, del ex presidente de Racing Daniel Lalín. Las ofertas siguientes, ambas por 55 millones de dólares correspondieron a empresas de Manzano y Cristóbal López. Pero Cobos anuló la licitación. “Cuando uno oferta un precio descubre su juego”, se quejó Lalín. En la segunda convocatoria, Manzano y López mejoraron sus ofertas y resultaron los principales adjudicatarios. La inversora en negocios energéticos de Manzano, Alfredo y José Luis Vila, Ketsal, fue la única que ofertó por las once áreas. En asociación con Kilwer obtuvo la principal (Chachahuén, por 126,7 millones de dólares) y por otros 62 millones las áreas Ñacuñán, Pampa del Cebo, Zampal Oeste, San Rafael, Malargüe y El Coirón I y II. Oil M&S, de Cristóbal López, se quedó con el área del Río Diamante, por 66 millones de dólares. Jaque firmó la adjudicación, luego de la cual Manzano le ofreció asociar al Estado provincial, cuya previsible tarea será aportar el capital para la inversión. Durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, Manzano estableció un acuerdo especial con el radical José Genoud, que les permitió designar como interventor en el Grupo Greco a un colaborador de Genoud, Juan Carlos Jaliff, quien luego lo acompañó en el Senado. Después del tendal que dejó la Banelco, Jaliff heredó la estructura política mendocina de Genoud, Causa Nacional, uno de los sectores más conservadores y corruptos, que le permitió ser vicegobernador de Cobos. Un viejo jefe político de Manzano, el también mendocino Juan Carlos Mazzón, ahora en el gobierno nacional, apoyó la designación de Jaliff en el Instituto Nacional de Vitivinicultura propuesta por Cobos. A cambio pudo colocar como Superintendente General de Irrigación al director menemista en Vialidad Nacional, José Frigerio. Ese cargo tiene jerarquía constitucional, dada su importancia en una provincia cuya aridez fue vencida por el riego, y se lo conoce como el gobernador del agua. Mazzón no pudo impedir que Jaliff tuviera que alejarse del INV, que es otro organismo decisivo en Mendoza. No sólo Cobos se apartó del proyecto de la Concertación. También el diputado de Causa Nacional Jorge Luis Albarracín votó en contra de las retenciones móviles. Lo mismo hizo Laura Montero, quien inició la coordinación política con Solá que continuó esta semana con la visita del dirigente porteño a Mendoza, donde dio conferencias para radicales de la tercera edad y abundantes reportajes en los medios que responden a Cobos y/o pertenecen a Manzano. Allí anunció los tanteos para integrar una nueva coalición opositora. Luciano Miguens le hizo eco ayer, cuando instó a potenciar la representación parlamentaria de las corporaciones agricologanaderas (a las que identificó con el pueblo, con la Argentina y con la “causa nacional”, nada menos) y mencionó en forma expresa el 2011, año de la próxima renovación presidencial. Celebrado como un diligente capataz, Alfredo De Angeli completó el mensaje con un ataque frontal a Néstor Kirchner y Cristina por no haber permitido que el Regimiento de Granaderos de San Martín pusiera música a la letra agresiva de un acto de desafío político al gobierno nacional. Así buscó, y obtuvo, la silbatina de una platea satisfecha. Ya fuera del palco, amenazó con nuevas medidas de fuerza. Kirchner continúa su cura de silencio. Quien les contestó fue el director de la ONCCA, Ricardo Echegaray, aludido con dureza por Miguens: “La dirigencia de Palermo confunde el cumplimiento de reglas con trabas, controles con políticas arbitrarias. Siguen defendiendo la informalidad en el campo y los mecanismos de elusión fiscal. Cuestionan la Resolución 543 de la ONCCA, porque ha sido la única herramienta efectiva con la que pudimos rápidamente combatir la elusión fiscal que les permite la ley de granos que diseñó Martínez de Hoz para salvaguardar la especulación de las grandes exportadoras de Cereales”. Reveló que facturaron el 90 por ciento de su producción de granos, el 86 por ciento de la de aceite de soja a granel y el 80 por ciento de las de harina de soja “a paraísos fiscales como Mónaco, Islas Vírgenes e Islas Caimán”. Las declaraciones juradas falsas serán el objeto de trabajo de una comisión investigadora, que el Senado crearía sobre tablas el miércoles. Además de tomar declaraciones y reclamar documentación, durante seis meses prorrogables por otros seis podrá allanar lugares públicos y privados y secuestrar todo tipo de documentación convencional o electrónica, con auxilio de las fuerzas de seguridad y previa intervención judicial. El proyecto fue presentado el viernes por los senadores del Frente para la Victoria Miguel Pichetto, Marita Perceval y Marcelo Fuentes y entre los investigados estará su colega Urquía el Aceitoso. Se prevé una mayoría holgada, que no requerirá del filoso voto de Cobos.

Fuente ONCCA. El desacople del mercado interno y los precios internacionales.

La agenda

La presidente, en días sucesivos y para decantar con hechos los campos de adhesión o de rechazo a un modelo político y económico que expuso ante el Consejo Directivo de la CGT, envió al Congreso el proyecto de ley de movilidad de las jubilaciones, en cumplimiento de un reclamo de la Corte Suprema; eliminó las desgravaciones impositivas para fideicomisos financieros; anunció una nueva política en materia de control de estupefacientes y un programa de salud en las cárceles federales, que limita la arbitrariedad del Servicio Penitenciario. Todas esas medidas favorecerán a los sectores más vulnerables, algunas mejorando sus ingresos, otras garantizando sus derechos. Se internó así en una agenda de derechos humanos de segunda generación, que la secretaría específica nunca rozó. El trabajo del Comité Asesor coordinado por la fiscal Mónica Cuñarro e integrado por Horacio Cattani, Roberto Falcone, Patricia Llerena, Alberto Calabrese, Martín Vázquez Acuña, Alicia Gillone y Eva Giberti, es una revisión descarnada del fracaso de las políticas seguidas hasta ahora en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja. Sobre esa base, Aníbal Fernández propuso una reforma integral a la ley de estupefacientes y la identificación de políticas sociales. Contó con el apoyo explícito de la presidente, quien sostuvo que los adictos necesitan tratamiento y no represión penal. También confesó en público que acababa de tomar conciencia de que siete de cada diez presos lo están sin condena, una consecuencia de las leyes Blumberg que urge reparar.