La oficina del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es pura interactividad. Durante la entrevista, relojea algún noticiero en los cinco televisores montados sobre la pared, chatea con su computadora, ataja una llamada del gobernador José Alperovich o lee mensajes de texto en sus dos celulares. La hiperactividad de Fernández tiene un solo motor: el proyecto de ley que el Ejecutivo enviaría al Congreso en noviembre de este año. Nada menos que la reforma integral a la actual ley de drogas. “Nos vendieron un cuento sobre el narcotráfico”, dice el ministro. “¿Por qué? Porque los narcotraficantes han hecho lo que han querido. Nunca hubo información inteligente y los narcos traficaban lo que querían, a Europa fundamentalmente. Han desviado precursores químicos, o sustancias de corte, como realmente correspondería llamarlos, y nadie se ha dado cuenta. El caso de los mexicanos que fabricaban metanfetamina para venderla en Estados Unidos es buen un ejemplo.” Enseguida aclara que ese es el primer verso, el segundo cuento es la afirmación de que el que consume drogas, o en el más grave de los casos, el adicto, “es el diablo” o la punta del ovillo.

Esta es la dicotomía fundacional del “cuentito”, explica Fernández, consiste en que “hay que aleccionar, humillar y agraviar al consumidor de todas las formas posibles porque es el que viene a ensuciar la sociedad que nosotros construimos y que queremos mantener en esas condiciones”. La idea oficial que subyace a la despenalización de la tenencia para consumo personal “no es liberar la circulación de las drogas, sino apartar a consumidores y adictos del sistema jurídico y carcelario”. Las sustancias ilegales seguirán siendo ilegales, si alguien fuma porro en público o es requisado y tiene alguna drogas “se le secuestrará lo que tiene, pero no será esposado”. A lo sumo, si esa persona no está lúcida y su vida está en riesgo será derivada a una guardia hospitalaria. Sin embargo, la sola idea de un cambio en el status legal del tema genera polémica.

“Mire esto”, indica el ministro cuando se menciona la palabra “despenalización”. Es un anillado de la consultora Ibarómetro de este mes donde se pregunta: “¿Qué le parece la propuesta del Gobierno de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal?”. El 58,6 está en contra y el 32,6 a favor. “Esa pregunta es mala y yo lo puedo demostrar, ahora mire esto”, pide. Da vuelta la página y aparece la siguiente reformulación: “Usted cree que tienen que ir presos los adictos y consumidores de drogas o sustancias ilegales”. Los número se invierten: el 48,5 opina que no y 31,5 sí. El leitmotiv es “no criminalizar al adicto”, con eso basta para tener una postura oficial sobre el tema.

El argumento “humanitario” de quienes repudian el nuevo proyecto el consumo no está prohibido. “Pero siguen diciendo que consumo y tenencia son lo mismo, por eso es importante que tengamos cuidado cuando mencionamos ‘la despenalización’. No juguemos en contra de nosotros mismos. Muchos no entienden la pregunta y eso es lo malo: no contamos bien la historia”, reflexiona Fernández. Diez días después de la presentación del primer corte de la encuesta del Indec, que plantea una aproximación del mapa nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, empezó la polémica. Los datos señalan que las drogas legales como el alcohol o el tabaco matan mucho más que la marihuana o la cocaína. La presencia de la Presidenta y de casi todo el Gabinete alertó a algunos sectores de la oposición y a algunas figuras ligadas al negocio que genera la judicialización de los consumidores.

Por ejemplo, las granjas de rehabilitación que reciben y muchas veces encierran a los adictos derivados desde el Sedronar, la secretaría que dirige José Granero, creada a partir de actual ley e impulsada por el menemismo. Esa secretaría no tiene poder de policía pero maneja las listas de las sustancias de corte utilizadas para fabricar drogas sintéticas y tiene a su cargo la prevención de las adicción, pero se limita a becar y derivar a los adictos a distintas prestadoras que tienen escaso control estatal.

Esta semana sonaron distintas voces. Políticos como Francisco de Narváez o Hilda “Chiche” Duhalde repudiaron el proyecto de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, afirmando que este cambio fomentaría la relación entre drogas y delito. Las secretarías de adicciones de Córdoba, Formosa y Tucumán se pronunciaron en contra de la iniciativa. Algunos medios de comunicación predicaron sobre la existencia de una fisuras interna entre gobernadores kirchneristas, entre ellos Daniel Scioli, el formoseño Gildo Insfrán o el ya mencionado mandatario tucumano. Fernández asegura haberlos llamado y que sus declaraciones son solo “inventos” de la prensa.

Al gobernador santacruceño Daniel Peralta le atribuyen haber dicho en un medio: “Personalmente, no estoy de acuerdo en despenalizar el consumo de drogas, hasta que el país no ofrezca garantías que tienen que ver con la cultura y la educación. Hay que buscar la contención de quienes son adictos para que sean parte de la comunidad y no victimizarlos”. Granero, el odontólogo que maneja el Sedronar, fue más lejos. Dijo que el Comité Científico que asesora en el tema a Aníbal Fernández peca de “un exceso de garantismo” y que “defienden a los narcotraficantes y los delincuentes.

–Los que defienden a ultranza el prohibicionismo, como José Granero, Claudio Izaguirre o Eduardo Kalina, siempre aclaran que el consumo no está penalizado.

–Es una mentira. El consumo está más criminalizado que nunca. Porque al pibe que le encuentran un poco de droga en el bolsillo lo encarcelan, lo estigmatizan para toda la vida, le encajan una calcomanía en el pecho que dice “adicto”, y después se lo compara con un traficante. Como si no hubiera diferencia entre Pablo Escobar Gaviria y el pibe. Y así camina toda su vida, arruinado, peleando para recomponer su situación.

–Los consumidores no son discriminados de la misma forma, también es importante quién consume, si está en una esquina de la villa o en la plaza de un barrio caro. La policía no trata igual a todos.

–El tema es cultural. Hay que razonarlo. Las fuerzas de seguridad están preparadas conforme se las prepara. Y no están para opinar, están para recibir órdenes y cumplirlas.

–Pero también tienen criterio.

–No. Es mucho más orden que criterio.

–También hay una caja chica ahí. Muchos policías piden coima si pescan a alguien con marihuana en el bolsillo.

–Hay que romper esta caja. La única forma de romperla es sacar esta ley. Si no, es inevitable.

–Que la Presidenta haya hablado durante la presentación de la encuesta del Indec resultó inesperado. Es un tema piantavotos... Granero dijo que ella no mencionó la despenalización de la tenencia para consumo. Es más, Granero dijo que iba a renunciar si el Gobierno impulsaba esta medida.

–Cuando fui a Viena yo senté mi posición, pero también senté la posición del gobierno argentino sobre el tema. Y Granero estaba sentado ahí. Ella está convencida, ya hay una posición tomada. El objetivo es ser durísimos con el narcotráfico en todas las condiciones, una fortísima política de prevención para los que se drogan y no son consumidores recreativos o sociales. Para los adictos aplicaríamos fuerte política de tratamiento o política de reducción de daños, sólo si generan problemas a terceros para evitar los efectos no deseados del consumo... No quiero polemizar.

–Scioli dijo que la Iglesia tiene que participar de la discusión.

–Y por qué no, si yo la discusión la quiero dar. Yo soy católico y en ningún lugar de la Biblia se dice que hay que negarle una mano a una persona que tiene problemas. Lo que dijo Scioli es que no va criminalizar al adicto. No le den más vueltas.

–¿Quién puede estar interesado en generar una polémica sobre la despenalización?

–No sé, pero tengamos cuidado con esa palabra. Cuando hablamos de “despenalización”, la gente entiende otra cosa y se piensan que estamos hablando de “drogas libres”.

–¿Y el paco? Muchos detractores del proyecto aseguran que es droga pero en realidad no es apta para consumo humano.

–Totalmente. El paco es basura cortada con un precursor químico, pero como es basura todo los días varía lo que le ponen. Si tuviéramos un control férreo sobre las sustancias de corte, por lo menos sabríamos de dónde vienen los precursores químicos que contiene y podríamos detener su avance.