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La Cámara de Senadores vive por estos días su segundo escándalo relacionado con sobornos. Ahora le toca a Diputados. Si bien nadie habla de coimas, en la Cámara baja el caso gira alrededor del pago de sobresueldos en el bloque de diputados justicialistas. La denuncia, realizada por un grupo de legisladores del PJ, está plasmada en una serie de notas dirigidas al presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, y más precisamente al titular de la bancada, Humberto Roggero, quien según los denunciantes había reconocido la existencias de esos pagos que comenzaron en mayo. Por ahora no hay pruebas de que esta plata negra esté relacionada con el tratamiento de alguna ley, pero lo cierto es que los pagos comenzaron cuando el dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema se estaba sustanciando y se debatía la derogación de la ley de Subversión Económica que impulsaba el gobierno de Eduardo Duhalde.
Los denunciantes, los peronistas Sergio Acevedo, Gerardo Conte Grand, Ricardo Falú, Julio Gutiérrez, Mónica Kuney y Arturo Lafalla –todos miembros del denominado grupo Talcahuano– aseguran que su iniciativa no está relacionada con el inminente desenlace del juicio político a la Corte ni con cualquier otra ley. El que la relaciona con el caso de los supremos es justamente Roggero, quien ayer, a través de vocero, no sólo negó la existencias de estos extras, sino que además recordó que en su discurso de la frustrada sesión del miércoles anticipó el comienzo de “una campaña de calumnias”.
Cierto es que los comentarios sobre estas maniobras se conocieron durante la reunión de comisión de Juicio Político, donde participan dos de los Talcahuanos. Pero la historia no nació el miércoles.
De acuerdo a la documentación suministrada por los diputados disidentes del PJ, todo comenzó hacia finales de mayo pasado cuando el propio Roggero le comentó a una serie de legisladores que “habría un emolumento mensual adicional” a los ingresos habituales.
El 12 de junio, estos legisladores presentaron una nota ante Camaño donde se advertía la posible existencia de “aumentos de sueldo”, que rechazaban de plano. Esto generó una reunión de los Talcahuano con Camaño y Roggero –que se concretó recién durante julio–, donde el presidente del cuerpo negó rotundamente la existencia de esos pagos. En cambio, Roggero –siempre según la nota que ayer presentaron los Talcahuano– aceptó la existencia de esos pagos. Primero dijo que era fruto de las economías realizadas por el cuerpo. Luego aclaró que los fondos no provenían de partidas presupuestarias asignadas al Congreso. Los legisladores del PJ le pidieron al cordobés que lo dejara por escrito. Pasó el tiempo y el 19 de septiembre los Talcahuano redactaron su segunda misiva, esta vez directamente a Roggero donde le pedían que cumpla con su promesa de explicar detalladamente el origen de los fondos y los destinatarios. Un día después, el secretario general de la Cámara baja, Alfredo Bertiche, les remitió un escrito donde reiteró que no hay egresos extras y que todo lo que sale de Diputados está debidamente reglamentado.
La respuesta de Roggero recién llegó el 24 de septiembre. En primer lugar los derivó a otro compañero de bancada, Fernando Salim, quien ocupa el cargo de secretario Administrativo del bloque. En segundo lugar les aseguró que no existe ninguna otra remuneración que la que estipula el reglamento del cuerpo y que es la dieta, desarraigo y pasajes. El intercambio epistolar finalizó ayer con sendas notas de los Talcahuano a Camaño y Roggero. Al primero le solicitan que investigue lo denunciado, al cordobés, en cambio, le recriminan sus “graves contradicciones” y le requieren que “rinda veraz cuenta de su gestión en este tema”.
Ayer, en la Cámara muy pocos legisladores estaban en sus despachos, sobre todo para la actividad que había. Los Talcahuano redactaban a toda velocidad las últimas cartas. Camaño y Roggero estaban al tanto de lo quesucedía y mantenían un largo encuentro evaluando cómo enfrentarían este escándalo. Roggero prefirió no hacer declaraciones. Lo hizo a través de sus voceros. Estos negaron la existencia de sobres –como aquellos que en tiempos de Hugo Anzorreguy al frente de la Side habrían llegado a varios jueces del fuero federal–, en cambio sí destacaron que cada bloque dispone de un fondo especial que se cobra de acuerdo a la cantidad de integrantes que tiene la bancada. La Cámara le entrega aproximadamente 800 pesos por cada uno. Al PJ le correspondería entonces 96.000 pesos mensuales. “Ese dinero es utilizado para ayudar a los legisladores que lo necesiten”, aseguraron los hombres de Roggero.
El escándalo está a punto de estallar y lo hará sobre la humanidad del presidente del bloque oficialista, quien está a punto de abandonar su banca en busca de un destino menos traumático como es la embajada argentina en Italia. Oficialmente, el próximo martes la mesa de conducción del bloque se reunirá para analizar esta crisis. Sin embargo, nadie descarta que esta denuncia derive en una virulenta fractura que le quitará al oficialismo al menos una decena de legisladores. Historia que por estas horas se está escribiendo.