El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, inauguró la Tercera Conferencia Nacional de Jueces con una denuncia: se ha “desnaturalizado”, dijo, la esencia del juicio político a los magistrados. “Lo que debería ser excepcional se ha vuelto algo cotidiano”, advirtió. Y describió otras “prácticas” que “afectan la independencia judicial”, como las denuncias penales contra quienes intervienen en causas importantes, las agresiones personales y las recusaciones sistemáticas.

Varios oradores se sumaron a este planteo durante el acto de apertura. Se quejaron de la injerencia del poder político, tanto nacional como provincial, no sólo en la remoción de jueces sino también en la selección. Son, de hecho, dos de los principales temas sobre los que ayer mismo comenzaron a debatir en Córdoba las 550 togas presentes.

“Ya basta. La excesiva acusación de jueces se volvió irrazonable”, se despachó el juez, promotor del evento. “Vamos a hablar con el Consejo de la Magistratura nacional y también con los consejeros provinciales. No pedimos impunidad para los jueces. Pero la acusación por mal desempeño debe ser excepcional. Hoy, en cambio, los poderes políticos y también los abogados, por cualquier motivo, denuncian a los jueces. Se volvió habitual. Ya es suficiente”. Lo acompañaban otros supremos: Carmen Argibay, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Más tarde circuló una réplica al discurso del supremo. “El Consejo de la Magistratura de la Nación es un ente de rango constitucional, es inadmisible que el presidente de la Corte descalifique públicamente su funcionamiento”, sostuvo Santiago Montaña, consejero-abogado. El Consejo, defendió Montaña, “históricamente desestima más del 95 por ciento de las denuncias que se presentan, lo que indica el bajo nivel de ‘presión’”. Este año, ilustró, “se han recibido 250 denuncias aproximadamente, un total similar al de años anteriores, no llegan a una decena los jueces citados a prestar declaración y aún no ha sido acusado ninguno”.

En la apertura de la Conferencia todos los oradores hablaron en igual sentido. Abel Fleming, titular de la Federación Argentina de la Magistratura, habló por las provincias. En varias, dijo, “el poder político tiene una injerencia desmedida” en los órganos de selección y remoción. Ocupa el 45 por ciento de los cargos y tiene posibilidad de bloquear decisiones, según muestra un relevamiento de su entidad. El titular de la asociación de magistrados pidió autonomía presupuestaria para el Poder Judicial y que “termine el gatopardismo” por el cual se volvió, dijo, a “designar jueces a dedo”.

Fleming respondió a unos volantes del gremio de los judiciales (del kirchnerista Julio Piumato) que decían “basta de jueces dinosaurios”, en alusión a la sede del evento: Dinosaurio Mall. “No es un encuentro de dinosaurios, sino de militantes por una Justicia mejor”, dijo.

Por la tarde, Sus Señorías intercambiaron experiencias. En el grupo que habló de “selección y acusación”, se impusieron dos temas: el caso del juez Andrés Gallardo, querellado por el gobierno porteño y recusado en sus 763 causas y otros intentos de “disciplinamiento” de la gestión macrista, y hubo fuertes quejas por la situación en Tucumán, donde una reforma constitucional le dio al gobernador la facultad de reglamentar al Consejo y nombrar a sus miembros.