Al comisario retirado Luis Alberto Re le cantaron piedra libre en la Unidad de Asesoramiento Legislativo (UAL), a donde no asiste desde hace un tiempo que hoy resulta incalculable. “Está en comisión”, le dijo a PáginaI12 un empleado de esa dependencia de la Legislatura porteña, aunque el represor, que cobró notoriedad cuando perdió las dos piernas en el ataque al cuartel de La Tablada, es un ñoqui que percibe todos los meses su sueldo. El caso de Re es paradigmático. Tiene número de legajo (15.120), según un listado del personal de planta y también, con el apodo de Pelusa, figura denunciado en la Conadep, en otro legajo (1276/90296). Esa doble condición no escapa a los delegados de ATE que lo perdieron de vista “hace tres o cuatro años” y que exigieron en dos oportunidades su expulsión del gremio al que está afiliado.

Según se señala en la Conadep, Re “... a partir de abril de 1977 estuvo destinado en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención denominado Pozo de Banfield”. Este oficial de la Policía Bonaerense que tuvo su pico de exposición en el verano de 1989, durante la recuperación del Regimiento 3 de La Tablada tomado por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), lo acercó al entonces Concejo Deliberante el ex concejal por la UCeDe Julio Crespo Campos. Una nómina de los trabajadores estables correspondiente a marzo de este año indica que ingresó el 1º de enero de 1990 a la Dirección General de Impresiones, donde revistaba en la categoría 3. El dato de la dependencia no está actualizado y su jerarquía podría ser más alta, sospecha la junta de delegados.

“Es repudiable que tenga un cargo. Las máximas autoridades de la Legislatura deberían investigar su caso y proceder a esclarecerlo. No se trata solamente de su condición de ñoqui, si no que fue un represor de la dictadura”, dijo Juan Cabandié, diputado de la ciudad por el Frente para la Victoria que nació en la ESMA, y cuyos padres, Damián y Alicia, desaparecieron el 23 de noviembre de 1977.

Re se moviliza en una silla de ruedas desde que le tuvieron que amputar las piernas y cuando ingresó a la Legislatura trabajaba en el subsuelo, donde se encuentra el área de Impresiones. “Se lo veía poco, porque ese sector no está muy visible, parece una cucha”, describió un empleado del ex Concejo Deliberante ubicado en Perú 150, que solía cruzárselo. Ahí recibía materiales para imprimir, en una especie de antesala. Ahora, en cambio, el comisario está registrado en la UAL, ubicada enfrente, sobre un edificio anexo que tiene en la planta baja un local de Pago Fácil. El responsable de esa dependencia legislativa se llama Rubén Ge, un radical de apellido tan monosilábico como el del represor.

“Comenzamos a seguir este caso con la gente de ATE en el último verano”, explica Cabandié, quien maneja la información de que Re tendría ingresos en la UAL que superan los cinco mil pesos. Esta cifra se aproxima a la que estima la Junta de delegados del sindicato. Aquella dependencia se ocupa de atender consultas generales de los diputados sobre normas o proyectos y en el parte diario de asistencia de Re figura “en comisión”, como informó el viernes pasado un empleado.

El legislador Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura un proyecto para que los represores no puedan votar ni ser candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora y pese a iniciativas como ésa, a Re todavía no lo alcanzó ninguna incompatibilidad por su intervención durante la última dictadura.

El comisario, al igual que su hermano mayor Juan Carlos, pasó desde marzo y abril del ’77 por la Secretaría y la Dirección General de Seguridad del Area Metropolitana, respectivamente, localizadas en la intersección de Siciliano y Vernet, partido de Lomas de Zamora, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.

La denuncia de un detenido- desaparecido en la Conadep lo señala por el mote de “Pelusa, edad aproximada 38 años, rasgos semimongólicos, fanfarrón (exhibe abiertamente armas de fuego, en una oportunidad mostró dos cadáveres que llevaba en el baúl del auto a los empleados de un taller mecánico –desconoce el nombre–)...”. De su hermano Juan Carlos se menciona en el legajo que responde al sobrenombre de “Pupi, edad aproximada 46 años, es reservado, de mayor capacidad mental que el hermano. Además es de mayor jerarquía que su hermano Pelusa. Vive en una quinta en Isidro Casanova que se dice fue propiedad de un grupo de guerrilleros”. Por último, al mayor de los Re se lo describe como “jefe del turno noche de un centro de detención clandestino ubicado en Banfield”.

A Luis Alberto Re, según los mismos archivos, también lo vieron en El Banco, otro centro de detención ubicado en Autopista Ri-cchieri y el Camino de Cintura, que en la práctica funcionaba como un apéndice del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 3 de La Tablada, donde doce años después acudiría para sofocar su copamiento. El comisario que perdió sus piernas ahí fue elevado a la categoría de héroe entre sus pares por defender el cuartel en enero de 1989.

Por los servicios prestados consiguió empleo en el ex Concejo Deliberante durante la intendencia de Carlos Grosso, a donde lo llevó el político liberal Crespo Campos, cuyo último desempeño en la ciudad como coordinador de Emergencias durante la gestión de Aníbal Ibarra le costó el cargo por su cuestionado papel durante la tragedia de Cromañón. El mismo confesó que no había existido coordinación entre las fuerzas de seguridad mientras se asistía a las víctimas y un grupo de diputados pidió su cabeza. De su paso anterior por la Legislatura quedan dos perlas negras: en agosto de 2001 destruyó la base de mármol de un tintero que perteneció a Eva Perón, y se la lanzó al vicepresidente del cuerpo, el macrista Jorge Enríquez durante una discusión. Pero sobre todo, también queda el comisario Re en la Unidad de Asesoramiento Legislativo.