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El último domingo de septiembre, mientras la ex policía aeroportuaria María Luján Telpuk era sorpresivamente interrogada en el aeropuerto de Miami por tres agentes del FBI acerca de su descubrimiento de los 800 mil dólares en el caso de la valija, el Departamento de Justicia norteamericano preparaba nuevas reglas para ampliar el poder de espionaje de su agencia de investigaciones, como si tuviera poco. Unos días después llegó el anuncio oficial: el FBI ya no necesita pruebas concretas para espiar las actividades de cualquier ciudadano, introducir agentes encubiertos en su vida y contratar, para todo eso, a informantes pagos (que suelen ser imputados en alguna causa). Esta novedad es en realidad la continuidad de una política que hace tiempo rodea a la Justicia norteamericana y su mítico órgano investigador, aunque recrudeció tras el ataque a las Torres Gemelas. Lo que le pasó a Telpuk, que incluyó dos horas de preguntas y una oferta laboral con aspecto de soborno, es apenas una muestra de esa escuela. Lo es, en sí, el juicio de la valija, montado a partir de la colaboración de Guido Alejandro Antonini Wilson, acusado en Argentina. En Estados Unidos el sistema judicial funciona en base a pactos y negociaciones, donde al final poco importa si alguien es culpable o inocente mientras le aporte algo de interés para el FBI. Llega un punto en que no se sabe cuánto tiene un caso de armado y cuánto de real.

Las remozadas pautas para el FBI, anunciadas la semana pasada por el procurador general Michael Mukasey, vendrían a blanquear lo que se perfilaba como una práctica, en especial, luego de la aprobación de la Ley Patriota que sucedió al 11 de septiembre. Esa norma dio cauce a un sistema clandestino de vigilancia por medio de las “cartas de seguridad nacional” para acceder a datos privados (financieros, de correo, telefónicos, personales) sin autorización judicial. Las nuevas reglas son presentadas por el gobierno de George Bush como una herramienta “más flexible y apta” para proteger la seguridad nacional. La presunción de que alguien constituye una hipotética amenaza basta para que el FBI inicie una investigación a su manera, lo que incluye seguimientos, entrevistas encubiertas y la recolección de información sobre la vida del “sospechoso”.

La American Civil Liberties Union (ACLU) y otras organizaciones vaticinan “una caza de brujas e investigaciones injustificadas a enemigos políticos y grupos de paz”. ACLU denuncia en su página web que se “abre la puerta para que los antecedentes de raza, religión o etnia de una persona sean utilizados para iniciar” una pesquisa. Se podrán usar, añade, “técnicas intrusivas para investigar a quienes participan en manifestaciones públicas”. “En los últimos ocho años hemos visto algunos de los peores abusos desde el punto de vista de la seguridad nacional, la privacidad y las libertades civiles”, dice Anthony Romero, el director ejecutivo.

Espías, crisis y valijas

Hace menos de un mes, dos comisiones del Congreso norteamericano le plantearon al director del FBI, Robert Mueller, la necesidad de incorporar garantías para proteger los derechos constitucionales en el marco de pesquisas criminales y sobre terrorismo. “No nos queda claro que las pautas propuestas impidan que ciudadanos inocentes queden bajo una nube de sospecha por sus legítimas actividades políticas y religiosas”, alertaron en un documento al que accedió PáginaI12, que llevaba la firma de los demócratas John Conyers, Robert “Bobby” Scott y Jerrold Nadler. También cuestionaban que la presentación fuera tan próxima a las elecciones presidenciales. El día de su interpelación, Mueller respondió que no habría modificaciones garantistas. Y no las hubo.

Pero las observaciones de los legisladores incluían otros tantos puntos alarmantes sobre los que le pidieron explicaciones a Mueller (además de medidas para que no se repitan) y que pintan el tipo de actividades del FBI y sus alcances:

- Describieron presiones de la Casa Blanca sobre la agencia federal para que en las investigaciones sobre los ataques con ántrax mostraran que fueron fruto de una “segunda ola de atentados de Al Qaida” o que estaban ligados a Irak.

- Vincularon hasta la crisis hipotecaria que sacude al mundo con el FBI. Los congresistas mencionaron “recientes informes que indican que el FBI pudo haber contribuido a la actual crisis al no haber intervenido pese a tener conocimiento de un fraude hipotecario a gran escala”. Citaron declaraciones públicas donde ya en 2004 un funcionario de la División de Investigaciones Criminales, Chris Swecker, anunciaba que “el fraude hipotecario podría causar multimillonarias pérdidas”. “Tiene el potencial de convertirse en una epidemia (...), podríamos prevenir este problema”, añadía. Sin embargo, no fue un tema prioritario para el organismo, que redujo la cantidad de agentes dedicados a él, mientras que la Fiscalía General se rehusó a crear una comisión especial para analizar estos fraudes, según afirma el documento legislativo.

- Llamaron la atención sobre un hecho que consideraron gravísimo: el FBI obtuvo los registros telefónicos de cuatro periodistas del New York Times y del Washington Post. Este hecho, ampliamente difundido, tuvo que ser reconocido por las autoridades del organismo. “El FBI ha sido irresponsable en relación a los amplios poderes que el Congreso le ha dado”, sostuvieron los congresistas en alusión a la sanción de la Ley Patriota.

Con semejante escenario, en Estados Unidos nadie se sorprende de las anécdotas de la causa de la valija en Miami ni del papel de Antonini, que grabó a sus ex socios venezolanos para que el FBI y una fiscalía los acusaran, ni de lo que le pasó a Telpuk, una testigo de la defensa que de entrada prometía debilitar la versión de El Gordo, a quien siempre contradijo. Allí los juicios habilitan todo eso: un personaje con problemas judiciales deviene agente provocador y testigo clave en una causa de interés político para obtener protección; graba diálogos donde todos mienten en algo; varios detenidos se dan vuelta, se declaran culpables, y a cambio de dar información aspiran a una pena reducida y protección futura. Ocurre en miles de casos y ocurrió en el del maletín. En éste, al final, un único hombre está siendo sometido a juicio acusado de actuar como agente ilegal de Venezuela para encubrir –por un supuesto pacto entre Venezuela y Argentina– el origen y destino de los 800 mil dólares que le incautaron a Antonini. Un plato perfecto para las fiscalías de Miami, que son reductos antichavistas y anticastristas.

Los hechos quedan bajo la mirada y la evaluación de un jurado integrado por gente común que se supone que de antemano ignora el caso, carece de prejuicios y debe guiarse por la credibilidad de las pruebas y testimonios que le van mostrando. Así es el famoso y cinematográfico juicio por jurados.

Viejas costumbres

En una de sus quejas por la causa de Antonini en Miami, el embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, le advirtió al encargado de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado que “no es la primera vez que el FBI arma este tipo de casos” y le mencionó, como ejemplo, uno histórico, conocido como “Abscam”. Data de 1980, cuando la agencia estatal montó una operación para atrapar a legisladores corruptos. Para eso, un falso sheik árabe –interpretado por un condenado contratado como agente secreto para ese fin– intentaba sobornar a los congresistas. Hubo siete que mordieron el anzuelo y terminaron en el banquillo.

Esa operación tipo redada, “sting operation” le dicen, es una de las modalidades que aplica la sociedad FBI-fiscales, organismos ambos que dependen del Departamento de Justicia. Otras, las “frame operations”, directamente son armados, montajes con una gran dosis de ficción. Uno no muy lejano que causó conmoción fue el de Yassin Aref, líder de una mezquita musulmana en Albany, Nueva York, quien quedó envuelto en una conspiración inventada –según mostraron sus defensores– y terminó acusado de lavado de dinero para financiar un atentado (que nunca existiría) contra un avión en el que se utilizaría un misil.

Yassin había llegado a Albany en 1999 como refugiado de Kurdistán y se convirtió en imán. Tras el atentado a las Torres comenzó a ser vigilado en el marco de un programa especial que no requería orden judicial. El FBI contrató a un paquistaní llamado Malik, condenado por cien delitos en la venta de licencias de conducir truchas, para hacerse pasar por un traficante de armas que proveía misiles a grupos terroristas. Le prometían suavizar su situación judicial. En esa performance, Malik le pidió a Yassin que presenciara –como lo haría un escribano, pero en los usos de la tradición islámica– el acto en que le daría un préstamo de dinero a un fiel de su mezquita. Luego diría delante de Yassin –que aún estaba aprendiendo inglés– que el dinero provenía de la venta de misiles que iban a ser utilizados en un ataque en Nueva York. Fueron comentarios que hizo en diversas circunstancias, algunas tan absurdas como una reunión de amigos de Yassin a quienes Malik no conocía, donde tendieron a interpretar sus dichos como una broma de mal gusto. El agente grabó esas confusas situaciones, que fueron utilizadas para condenar a Yassif y a Mohamed Hossain (fundador de la mezquita) a 15 años de prisión.

Apariencias

Históricamente, cada vez que se establecieron nuevas pautas (“guidelines” las llaman) para el FBI fue, en teoría, para poner coto a los abusos y violaciones de sus agentes a la Constitución. Así ocurrió, o debió ocurrir, luego de numerosos episodios registrados desde los setenta, incluido el espionaje político como el que se ejerció para perseguir y desprestigiar a Martin Luther King.

Como está a la vista, por más que existan jueces independientes, la lógica del sistema es la de un juego de apariencias y acuerdos, donde se puede pasar de culpable a inocente según lo que se tenga para ofrecer o de inocente a culpable por antojo de algún agente federal. Da lo mismo, al final, si alguien es condenado en un juicio o por un arreglo. Casi que se valora más la segunda opción, que al Estado le acarrea menos costos. El pulso lo marcan los fiscales y FBI, que actúan en nombre del gobierno y detentan un enorme poder.